El artículo 85 del Código Procesal Penal, que regula el control de identidad, faculta a la policía para verificar la identidad de un ciudadano cuando, según las circunstancias, exista un indicio de haberse cometido o intentado cometer un delito.
Publicado el 11.06.2018
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La reciente decisión del juez de garantía de San Antonio de declarar ilegal la detención de dos sujetos que transportaban dinero, armas y municiones porque los vidrios polarizados no serían un indicio de delito, acaparó la indignación de la ciudadanía y la opinión de algunos especialistas en Derecho Penal. Entre las distintas visiones en pugna se discutió si es justificable un procedimiento ilegal cuando éste reporta una utilidad, es decir, si la forma vale más que el fondo, o vice versa.

Bajo este esquema, algunos -amparados en el “sentido común”- sostuvieron que es irrelevante si el procedimiento fue legal o ilegal porque éste permitió dar con dos peligrosos delincuentes que portaban armas y municiones. Para otros, la decisión del juez fue la correcta, porque bajo ninguna circunstancia una detención ilegal es justificable. Sin embargo, la discusión sobre si el fin justifica los medios no aporta mucho en este caso particular, porque no aborda el fondo del problema, a saber, si realmente el proceder de Carabineros fue legal o no a la luz de nuestro ordenamiento jurídico.

Existiendo el indicio delictual, la policía está facultada tanto para controlar la identidad como para registrar las pertenencias del posible infractor, sin la necesidad de nuevos antecedentes.

El artículo 85 del Código Procesal Penal, que regula el control de identidad, faculta a la policía para verificar la identidad de un ciudadano cuando, según las circunstancias, exista un indicio de haberse cometido o intentado cometer un delito. La norma citada agrega que durante el control la policía podrá registrar la ropa, equipaje o vehículo del sujeto. Esto es relevante porque, existiendo el indicio delictual, la policía está facultada tanto para controlar la identidad como para registrar las pertenencias del posible infractor, sin la necesidad de nuevos antecedentes (así lo dice claramente el artículo 85 del CPP).

De esta manera, el criterio para determinar la legalidad de un control de identidad es si existe o no, y según las circunstancias, un indicio delictual. Así, la clave está en que el artículo 85 del CPP agregue la frase “según las circunstancias”, porque la concurrencia del indicio delictual no es definible a priori o teóricamente. Por el contrario, serán las circunstancias particulares las que llevaran al policía a detectar algún indicio de delito.

En definitiva, el “indicio” exigido por el artículo 85 del CPP para practicar el control de identidad es un juicio de prudencia que el uniformado realiza caso a caso, y donde su experiencia y conocimientos son vitales. Por ejemplo, un carabinero que habitualmente investiga sectores de narcotráfico, con el tiempo logrará reconocer ciertas conductas sospechosas que bajo otras condiciones no lo serían (por ejemplo, la entrega de un paquete en una plaza).

En consecuencia, cuando el juez de garantía argumenta que los vidrios polarizados no son un indicio suficiente para practicar el control de identidad, está razonando de una manera teórica que se aleja de la realidad. En efecto, la cuestión no es si los vidrios polarizados son en sí mismos indiciarios de delito. Tal y como la misma norma establece, ello dependerá de circunstancias tales como, lugar, hora o actitud de los sujetos. Por tanto, cuando el juez de garantía analiza si el control de identidad fue ilegal, debe de alguna manera revivir el juicio de prudencia y preguntarse: ¿en tales circunstancias, es indiciario de delito tal actitud?

Para lograr lo anterior es muy importante que la argumentación del fiscal muestre al juez que, en las circunstancias específicas en que ocurrió el control de identidad, era sumamente razonable, bajo parámetros objetivos, que el policía viese indicio de delito. El fiscal debe prepararse para entregar información tal como que en tal lugar es común el tráfico de armas, o que las estadísticas han demostrado que los autos con vidrios polarizados son utilizados para cometer ilícitos.

Juan Francisco Cruz Salas, Observatorio Judicial

 

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO