No comparto con Eduardo Engel ni su fe en la numerología ni su paciencia con los políticos. Él seguramente no apreciará ni mis enfoques ni mis conclusiones. En mi opinión, sus propuestas acusan poca confianza en la ciudadanía y una medición imprecisa de la justa separación entre la ciudadanía y el poder de Estado. Hay que reconocer en su descargo, que la justicia política opera sin medida previa y, por lo tanto, ‘la justa cercanía’ de los ciudadanos respecto al poder es siempre un asunto quemante. Hay que aprender sobre la marcha.
La pregunta por la ciudadanía es la base y el tope de la definición de un sistema político. ¿Quién gobierna y con qué poderes?
El Informe Engel no responde a esa pregunta, no se la plantea. Asume que la probidad en la función pública y en la vida política es independiente de los mecanismos que delimitan la amplitud de la democracia. Puede que este olvido se deba al carácter acotado del encargo y lo que tiene que ver con incidencia ciudadana en el control de la política haya sido dejado al ‘proceso constitucional’. El Informe no pudo hacerse cargo de la estructura íntimamente corruptible de un sistema político basado en la complicidad corporativa de la política y en la estrechez desmedida de la inclusión ciudadana.
El propio argumento de Walker, el mayor, al hablar en nombre de (todos) los políticos, confirma los temores de la ciudadanía. Parece haber aquí una defensa corporativa que configura a “los políticos” como una unidad de intereses en oposición a los de la ciudadanía. En el discurso de Walker hay un entramado del orgullo de la persona y la institución –mezcla que él defiende con fuerza- que le da a sus palabras el alcance emotivo y aterrador de la ‘fuerza de ley’.
¿Dónde está la gente en esta estructura?
Para muchos técnicos, la ciudadanía y el pueblo constituyen una incógnita y una ausencia, se diría una agonía. Un nombre que no cubre un objeto preciso, un problema que no alcanza a definirse y nunca termina de desaparecer. El pueblo, en sus distintas figuras conceptuales, es un sujeto amenazante, un objeto de compasión o de problemas a solucionar. En ningún caso un sujeto político. Como se atribuye a Napoleón, ‘todo por el pueblo nada por el pueblo’.
Para algunos políticos, la ciudadanía es el motivo demagógico preferido. El punto de luz por el que pasan todos los discursos difuminándose en resplandores sin efectos. Ellos pueden hablar de la gente con la propiedad de la representación y con la falta de consecuencias del que controla los accesos al poder político. Lo normal es que al pueblo se le trate con desprendimiento, como algo ajeno, a lo que no se pertenece más que retóricamente o en ocasiones señaladas, y al que se debe administrar servicios y tratamientos.
A pesar de esas dificultades nominales, lo que ha cambiado en este tiempo, es que hablar dejó de ser gratis y la gente del pueblo se ha acostumbrado a cobrarle la palabra al sistema y a sus personificaciones episódicas. Sea como ‘opinión pública’ o como electorado, que son las dos formas de existencia política de la población, las cuentas se cobran cada vez con mayor rigor. Estamos en una situación novedosa en la que no toda publicidad es buena publicidad. Puede ser por eso que la abrumadora mayoría de los parlamentarios guarda silencio y el resto habla de otra cosa.
OBSERVATORIO
Es en este ambiente -en que los actos políticos empiezan a ser evaluados-, es que el trabajo de Eduardo Engel ha sido relevante. Cuántas comisiones hemos visto en los últimos 25 años que no han tenido seguimiento alguno de sus propuestas. Cuántas mesas de trabajo que han servido para ablandar a los idealistas o para limar asperezas coyunturales. Cuántas han servido de desahogo para calmar conflictos sociales que se hunden, se disuelven, emergen nuevamente y continúan vigentes hasta hoy.
Engel y su ONG han creado un Observatorio del avance legislativo de la agenda de probidad. Engel no se ha limitado a observar, sino que ha usado la titularidad del Informe para criticar los desvíos en el debate y la distorsión de los mecanismos propuestos para controlar la corrupción. Este Observatorio que lleva una crónica, una descripción del debate y una toma de posición, asume desde la sociedad civil, una actitud ‘de Estado’ que los nuevos tiempos requieren.
El sistemático trabajo de seguimiento a las peripecias legislativas de las reformas de probidad implica un despliegue atlético que no está al alcance directo de la ciudadanía y que revela la enorme importancia del control de la política por organizaciones ciudadanas autónomas y potentes.
El Observatorio refuerza la memoria electoral de la ciudadanía y la capacidad de opinión fundada por parte del público. Existe la hipótesis tácita, respecto al sistema político, de que opinión pública y decisión electoral han estado disociados en nuestro país (se vota de maneras que no representan los valores que se declaran). La politización de los debates, en torno a temas institucionales y constitucionales, tiene la posibilidad de cerrar o de explicitar y mantener esa brecha. Los riesgos de manipulaciones partidistas, en cambio, casi han desaparecido por completo gracias a las redes sociales.
El Observatorio ha cambiado la estructura de posibilidades de la vigilancia ciudadana sobre el trabajo legislativo. Lo que se ha hecho es un modelo –que la Presidenta ha tomado para su proceso constituyente- que acusa paradójicamente la íntima timidez de los proyectos de probidad inspirados en el Informe Engel.
ALCANCES
Lo que está sucediendo en la discusión de probidad y en la ventilación de los casos de corrupción es una revitalización virtuosa de la política. Es un proceso que reinstituye a los partidos políticos como agencias de la democracia y que los destituye de su carácter de máquinas de administración del poder del Estado. Esa es la esperanza democrática necesaria para la salida de esta crisis. Lo otro es un cinismo invivible.
Engel ha hecho lo que su proyecto no consideró. Construyó una organización de la sociedad civil y ciudadana que cambia los dos planos en que el ejercicio de la ciudadanía está permitido. Las dimensiones de ‘opinión pública’ y de ‘electorado’, adquieren una mayor profundidad y un vínculo del que carecían. El Observatorio demuestra la necesidad de una institucionalidad ciudadana de control de la política y de generación de iniciativas legales.
Esto que se ha hecho es lo que faltó en las propuestas de la comisión de probidad. Una plataforma ciudadana que ha sido eficaz, que antes no existía y que en el futuro podría ampliarse profundizando decisivamente nuestra democracia.
Fernando Balcells, sociólogo.
FOTO:MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO