Tenemos guerras en todos los frentes. En vista del complejo momento económico, el gobierno está siendo presionado para que postergue el envío del proyecto de la reforma laboral, por un lado, y presionado para que lo envíe lo antes posible, por el otro.
Publicado el 28.09.2014
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Han sido meses intensos, muy intensos. Difícilmente alguien habría podido prever todo lo que ocurriría desde que la presidenta Bachelet asumió en marzo.

Ya la agenda del gobierno poseía los ingredientes para causar, por sí sola, una tormenta perfecta, pero a ello debemos agregar lamentables sucesos como el incendio de Valparaíso, el terremoto del norte, el cinematográfico robo en el aeropuerto, nuevos ataques incendiarios en La Araucanía y, entre otras cosas, los atentados terroristas ocurridos en la capital del país, que obligaron al gobierno a romper su compromiso de no aplicar la ley antiterrorista a pocos meses de haber asumido.

Pero el gobierno se propuso sacar adelante su agenda de reformas y así lo está haciendo.

La discusión de la reforma tributaria fue dura. El proyecto generó un rechazo inesperado, no sólo por parte de la oposición, sino de casi todos los ex ministros de Hacienda del país (salvo Nicolás Eyzaguirre, hoy ministro de Educación), expertos en la materia, académicos, sectores empresariales –destacando el gran rol que tuvieron movimientos pro pyme- e incluso en la opinión pública, que no lograron convencer de que la reforma la pagaría sólo el 1% más rico (dudo que ellos mismos hayan estado convencidos de eso).

Pese a tener mayoría en ambas cámaras, lo anterior –sumado a una fuerte desaceleración y sucesiva caída de las expectativas económicas- obligó al oficialismo a pasar de las teorías refundacionales y la vilipendiada retroexcavadora, a la política de los acuerdos.

Si bien la oposición mantiene hasta hoy que se trata de un muy mal proyecto, cedió y llegó a un acuerdo con el gobierno. Optó por “el mal menor” y, tras introducirle algunos cambios, votó a favor.

La promulgación de la reforma tributaria dejó atrás, en parte, los difíciles momentos que debieron enfrentar en su tramitación, sobre todo la bochornosa aprobación express en la Cámara de Diputados y el cuestionado liderazgo del ministro de Hacienda Alberto Arenas, cuya cabeza comenzaron a pedir desde distintos sectores para retomar las confianzas. Hasta el momento pareciera ser que se salvará, al menos por un tiempo.

Pero no se acaban los problemas. Similar escenario enfrentan con la reforma educacional.

El proyecto ha sido tremendamente cuestionado por la oposición, los expertos en educación están divididos y tampoco ha logrado convencer a la opinión pública (malos resultados en encuestas, en focus group encargados por el gobierno y percepción de parlamentarios oficialistas y de oposición en la calle, según han afirmado en distintos medios, lo demuestran). Esto conlleva un mayor grado de complejidad que la reforma anterior, dado que sus efectos se sienten más directamente por los afectados. Es así como hoy el gobierno se enfrenta a la oposición; a los otrora expertos en educación de la Concertación (y que ahora, al no estar de acuerdo con la reforma, son lapidados públicamente); a algunos parlamentarios DC; a los movimientos estudiantiles, quienes piden radicalizar la reforma; y a agrupaciones de apoderados, quienes piden lo contrario. ¡No hay cómo quedar bien con todos!

Pero tenemos guerras en todos los frentes. En vista del complejo momento económico por el que estamos atravesando, el gobierno está siendo fuertemente presionado para que postergue el envío del proyecto de la reforma laboral, por un lado, y presionado para que lo envíe lo antes posible, por el otro.

Por su parte, el proyecto para poner fin al binominal, aumento de escaños incluido, también ha sacado ronchas entre quienes creen que no es necesario aumentar el número de diputados y senadores para cambiar el sistema, y otros que critican que así como está atenta contra las regiones, profundizando el centralismo actual.

¡Pero eso no es todo! El ministro de Economía tiene su propia batalla con el proyecto de reforma del SERNAC, que también ha causado revuelo, aunque en menor escala y entre públicos más entendidos en la materia.

Otros ruidos han salido de las comisiones encargadas de realizar propuestas respecto al sistema de pensiones y al de Isapres. No olvidar la polémica que surgió tras las declaraciones de la directora de Fonasa, Jeanette Vega (luego desautorizada por la ministra de salud, Helia Molina) y con la votación de la comisión, en que optaron por la creación de un fondo único de salud para reemplazar las isapres, pasando por encima del mandato de la presidenta, quien les encargó medidas para mejorar el sistema, no para reemplazarlo.

En cuanto a la promesa de contar con una nueva Constitución, Bachelet ya manifestó que se abordará el próximo año. Un problema menos… por ahora.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, los atentados terroristas se han convertido en un gran problema para el gobierno. Cuando muchos pensaron que con la detención de los sospechosos lo podíamos dar por superado, falleció un joven al manipular otro artefacto explosivo (que aún no sabemos si era transportado por él o si se acercó posteriormente), poniendo en duda las afirmaciones de la presidenta Bachelet, que horas antes aseguraba en la ONU que se había tratado de hechos aislados y que Chile es un país seguro.

Uno se preguntaría, ¿podrán todos estos hecho modificar la agenda del gobierno, cambiando el orden de sus prioridades?

Hasta ahora, si bien han dado gran importancia a la investigación y persecución de los responsables de los atentados, han insistido fuertemente en apurar la discusión de la reforma educacional, manteniendo el objetivo de tenerla aprobada a fin de año. Asimismo, la ministra del Trabajo ha insistido en que el proyecto de reforma laboral será ingresado en los próximos meses.

 

Las autoridades insisten en que deben cumplir sus compromisos. Todo indica que lo harán contra viento y marea.

 

Bárbara Briceño, Cientista Político.

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO