El debate de los derechos sociales y hasta qué nivel y cobertura pueden ser satisfechos pertenece a la libre deliberación de la democracia y de las políticas sociales, no es una materia del debate constitucional.
Publicado el 19.05.2016
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En la obra maestra “Civilización”, Niall Ferguson, quizá el más destacado historiador  contemporáneo, nos regala un contrapunto de gran relevancia para el debate constitucional del Chile de hoy. En 1775, nos dice Ferguson, tanto las colonias británicas en el norte del continente como las colonias españolas al sur compartían su dependencia de un lejano rey en Europa. Para esa fecha, por más de un siglo en las primeras habían estado llegando cientos de barcos de colonos, hombres y mujeres, con contratos que entregaban “servidumbre” por cinco años a su protector, esto es trabajo sin paga, solo por abrigo y comida, a cambio de propiedad hereditaria de tierra una vez terminado el vínculo obligatorio.

El mismísimo John Locke había redactado en 1669 “Las Constituciones Fundamentales de Carolina” que se aplicaba a los colonos. Con un claro énfasis en el derecho de propiedad privada muy bien definido y la separación de poderes, la tolerancia religiosa era también destacable. Se requerían solo siete personas para formar una iglesia. Así, los colonos ingleses hipotecaban años de trabajo para ganarse un pedazo de tierra que posteriormente debían labrar y trabajar para ganarse el sustento.

En cambio, en el siglo XVI se sucedían en el sur barcos de conquistadores españoles, mayoritariamente hombres, que venían a conquistar las ricas tierras en oro y plata para la corona, que ciertamente pertenecían a los aztecas, mayas e incas. La institución para distribuir las tierras en premio a la expansión territorial de la corona era la encomienda, derecho sobre la producción de las vastas tierras conquistadas, a cambio de un tributo, y que permitía explotar a los indios que allí vivían para trabajar la tierra en favor del conquistador y sus colaboradores. Una buena excusa para la conquista era la conversión al cristianismo de los paganos. Ello dio origen a los grandes hacendados de nuestra Latinoamérica.

George Washington, un comerciante y propietario, lideró la guerra de independencia de las colonias Británicas luego de la declaración de independencia en 1776. Simón Bolívar, hijo de un rico plantador de cacao venezolano, educado en España y Francia, lideró unos 40 después la independencia en varios países de Latinoamérica. En 1787 se promulga la Constitución de los EE.UU., un texto de siete artículos, que se puede leer en cinco minutos, que versa sobre la organización del Estado, la separación de poderes en la tradición democrática representativa de Locke y sobre todo el derecho de propiedad.

La Primera República Venezolana y su primera constitución fue proclamada por Simón Bolívar a su vuelta de Europa en 1811. La constitución de los EE.UU. sigue vigente. La primera Constitución venezolana duró tan solo un año. Ha habido 32 constituciones en República Dominicana, 26 en Venezuela, 24 en Haití y 20 en Ecuador.

Nos dice Ferguson: “A diferencia de Estados Unidos, donde la Constitución se diseñó para sustentar un gobierno de leyes, no de hombres, en Latinoamérica las constituciones se utilizan como instrumentos para subvertir el propio imperio de la ley”. Simón Bolívar decía: “… estoy convencido hasta el tuétano de que América solo puede ser gobernada por un hábil déspota… [no podemos] permitirnos poner las leyes por encima de los líderes y a los principios por encima de los hombres”. Simón Bolívar era un dictador. Inspirado en Thomas Hobbes, contradictor y contemporáneo de John Locke, Bolívar creía que la gente debía ser gobernada sobre la base del temor al soberano, y que la libertad estaba limitada a la que el soberano concediese. En la tradición inglesa, los tributos o ingresos fiscales del Estado no los decide el soberano, ni el dictador que se pone por encima del imperio de la ley, sino el pueblo organizado en el Parlamento, y solo en beneficio del acuerdo implícito social general, no en beneficio del Estado o del soberano. Las constituciones que funcionan en el mundo son esencialmente una forma de limitar el abuso de quienes ejercen el poder y que con demasiada frecuencia se sienten llamados a interpretar, y en definitiva a subvertir la propia voluntad de su pueblo. El imperio de la ley por encima de los gobernantes, no al revés.

Un último elemento de gran relevancia. La Constitución de los EE.UU. tiene una brutal falla de origen. No se trataba solo del derecho de propiedad de la tierra, sino también del derecho de propiedad sobre los esclavos. A pesar de esa falla de origen, el movimiento afroamericano nunca pidió una nueva Constitución. Se mantiene como la Ley Suprema de todos los estadounidenses hasta el día de hoy. La historia importa y es bueno sacar lecciones de ella.

Chile se merece una Constitución corta, simple, sin principios ni valores, como propuso recientemente Jorge Correa Sutil. Sin duda no debemos cometer el mismo error de Brasil, que, en cosa de unos pocos años, pasó de ser un país emergente de alto crecimiento a un Estado quebrado, precisamente por el grave error de introducir derechos sociales garantizados en su constitución. El debate de los derechos sociales y hasta qué nivel y cobertura pueden ser satisfechos pertenece a la libre deliberación de la democracia y de las políticas sociales, no es una materia del debate constitucional. Archívese como una opinión en este “cabildo virtual”.  Con copia al Consejo de Observadores.

 

Patricio Arrau, Ph. D. Economía, Universidad de Pennsylvania, vicepresidente y consejero de Ciudadanos e investigador Asociado .Plural.

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO