Es sano para una democracia estudiar continuamente el perfeccionamiento constitucional y si es necesario haciendo un nuevo texto, pero insano hacerlo botando la estantería primero.
Publicado el 04.05.2016
Comparte:

El fallo del TC sobre la Reforma Laboral, al igual que el de gratuidad gatilló nuevamente la salida de conspicuos intelectuales de la nueva-vieja izquierda a acusar al TC y a la Constitución de ilegítimos. Y por lo mismo de antidemocráticos. Es casi el mismo argumento que usó la vieja derecha para terminar con la Constitución de 1925.

Al TC han recurrido a parlamentarios de gobierno y oposición, cada vez que sintieron que un proyecto de ley vulneraba la carta fundamental. Sus miembros son electos –sí, “electos”, más allá de las falacias de algunos que dicen que “nadie los eligió”- bajo la lógica de lo que entendemos un Estado de Derecho y una democracia representativa. Su forma de designación es tanto o más legítima que la de un Ministro de Estado o un Miembro de la Corte Suprema. Lo designan concurriendo distintos órganos del Estado de origen democrático.

El segundo argumento es respecto a lo que resuelven. Lo hacen sobre la Constitución vigente y la adecuación de las leyes a ella. Es el viejo principio de la supremacía constitucional. El nuevo fariseísmo ha intentado levantar argumentos demoledores para esa lógica: la Constitución es ilegítima. Entonces si la Constitución no es válida, el TC no lo es y comete un error al aplicar una norma que no debe ser respetada. Ese razonamiento es un atentado para el Estado de Derecho, entendido como el sistema de leyes e instituciones ordenandos por la Constitución y respetado por todos. Lo cierto es que si la Constitución adolece de algún vicio es sobre su origen y en ningún caso sobre su ejercicio. Es ilegítima de origen formal y materialmente. Pero ocurre exactamente lo contrario respecto a su ejercicio: es absolutamente legítima, formal y materialmente. Formalmente, porque no sólo es respetada por todos, sino porque toda nuestra institucionalidad jurídica y política emana de su texto. De no entenderlo así, no serían legítimos ni el gobierno, ni el Congreso ni las normas dictadas por ellos. No puede ser legítima solo para lo que nos gusta: funcionamiento del Congreso y/o del gobierno o leyes. E ilegítima para lo que no nos gusta: TC, Leyes Orgánicas u otras. Este viejo debate ya había sido zanjado por Aylwin el año 1984 cuando llamó a asumir la Constitución como una realidad práctica. Lo cierto es que la Constitución comparte vicios de ilegitimidad de origen con otras en el mundo como la Ley Fundamental Alemana redactada y firmada por los aliados en 1949 y la japonesa impuesta y redactada por EEUU en 1945. También comparte su falta de legitimación democrática real con las chilenas de 1833 y 1925. Pero con todas ellas comparte un ethos: han sido legitimadas en su ejercicio y operan como leyes fundamentales formal y materialmente hablando. Son legítimas, pues se han electo gobiernos, congresos y dictados leyes con su texto. Han funcionado las instituciones en su marco y hemos reclamado la protección de los derechos contenidos en ellas. En el caso de la chilena, sus más de 220 reformas -así como las más de 70 de la alemana- la han fortalecido. En el caso además de 1989, llamando a los ciudadanos a validarlas (más de 7 millones de personas votaron en plebiscito de reformas). La Constitución de 1980 no solo existe, sino que funciona y se aplica.

Si bien este parece ser un debate jurídico, los que usan estos argumentos esconden un interés profundamente político. Primero porque usan tramposamente el argumento de la legitimidad. Como viejos párrocos, se autodesignan el poder de determinar qué es legítimo o no según su propio parecer. La Constitución es ilegítima en su ejercicio, básicamente porque ellos así lo dicen. O más bien porque lo leyeron y/o escribieron en sus reflexiones. Y reparten pecados e indulgencias según aplaudan su posición. En su mundo blanco y negro están los que aman la Constitución (“pecadores”) y los “santos demócratas” que quieren cambiarla por considerarla ilegítima. Segundo, porque lo que está detrás de estos argumentos no es una supuesta “neutralidad jurídica” que busca provocar la participación ciudadana (que la Constitución nazca de las “bases”), sino lisa y llanamente una cosmovisión respecto de lo contenidos que debería tener la misma Constitución intentando de ser validados a procesos de participación limitados. Lo que sería absolutamente respetable si no se disfrazara en argumentos técnicos o sagacidad disfrazada de democracia. En simple, la lectura política de esta posición es: “la Constitución es ilegítima porque no me gusta y necesitamos que se incluya A o B por otras vías”. Por supuesto ningunean al Congreso en la pasada: tampoco sería legítimo para discutir esos contenidos. Es obvio, al igual que en la legitimidad de ejercicio, saben que aún con sistema proporcional es mejor matar el mensajero (la Constitución y el Congreso) ante la incapacidad técnica y política de ganarles en el juego de la democracia representativa.

Lo sensato parece ser huir de esta argumentación tramposa y tomarnos en serio el debate. Es sano para una democracia estudiar continuamente el perfeccionamiento constitucional y si es necesario haciendo un nuevo texto, pero insano hacerlo botando la estantería primero. La esencia de este proceso debe estar centrada en la actual Constitución y el Poder Constituyente derivado que radica en el Congreso (que hasta ahora mira pasmado) y debe incorporar mecanismos que mejoren la democracia representativa con participación directa de los ciudadanos (plebiscitos y/o elección de representantes). Pero el debate y el camino seguido hasta hoy es un extraño circunloquio de formas. Poco y nada de contenidos. Ni la creación de mecanismos sui generis como el que estamos viendo en la propuesta del proceso dado por el gobierno (cabildos + elección del mecanismo + propuesta del gobierno + Congreso), ni la ausencia de posturas claras en la NM sobre la legitimidad Constitucional permiten aclarar el panorama. La verdad sólo son caldo de cultivo para el peor daño que se le puede hacer al perfeccionamiento de la Constitución: aumentar los grados de incertidumbre y las expectativas sobre sus resultados.

Queda pendiente saber qué quieren los conductores del proceso de sus bocas y no de los cabildos. La NM. ¿Quieren un sistema parlamentario o presidencial?, ¿más o menos autonomía de órganos constitucionales?, ¿más o menos derechos sociales?, ¿derechos de los animales?, ¿matrimonio igualitario en la Constitución?, ¿se pueden poner de acuerdo en eso?, ¿en algo? Sabemos que no es lo que va terminar en la Constitución, pero al menos nos gustaría conocerlas antes de embarcarnos en el debate. En eso consiste gobernar.

Es tiempo de abandonar la ingenuidad y sincerar las posiciones. Es factible pensar que la actual Constitución es legítima y querer cambiarla o reformarla. Pero hay que huir de un proceso bucólico que añora que el problema lo solucionen los cabildos o terceros. Queremos que el valor de la democracia representativa, de la buena gestión política y de la seriedad técnica recuperen su valor. Y ese es el camino inicial para discutir sobre una nueva Constitución. Justo el lugar contrario en el que actualmente nos encontramos.

 

Sebastián Sichel, Presidente Ejecutivo de Plural y Académico Derecho USS.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO