Vencido el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley de educación superior, son más de 650 las que deberán discutirse en las seis sesiones programadas para dicho efecto. El alto número de modificaciones propuestas deja en evidencia las diferencias surgidas desde que este proyecto entró a tramitación y, también, da cuenta de que el intenso debate sigue abierto sin claridad de cómo se zanjará.
Obviamente, surgen dudas sobre el resultado del proceso legislativo que se viene. Considerando las restricciones de tiempo, es posible que volvamos a presenciar sesiones de 24 horas bastante incompatibles con la seriedad que requiere una legislación tan compleja; si se quiere hacer bien, despachar el proyecto en enero debiese dejar de ser una prioridad.
Es cierto que el Mineduc propone algunos cambios que en algo corrigen el proyecto, pero son insuficientes atendida la magnitud del mismo y los múltiples efectos en el sistema de educación superior que la regulación propuesta tendrá. En tal sentido, si se insiste en tramitar con urgencia, lo prudente sería centrarse exclusivamente en aquellos aspectos donde es posible alcanzar mayor consenso.
La última campaña presidencial dejó claro que es posible alcanzar acuerdos en materia de financiamiento estudiantil, combinando una gratuidad focalizada con un sistema de crédito moderno, que se haga cargo de las necesidades de los jóvenes y asegure la necesaria responsabilidad fiscal. Asimismo, la necesidad de una Superintendencia, con atribuciones razonables y respetuosa de la autonomía universitaria, fue una propuesta del primer gobierno de Sebastián Piñera que puede generar consensos.
A diferencia de hace unos años, hoy prácticamente nadie discute la importancia de resguardar la autonomía de las instituciones y la diversidad de los proyectos educativos; el problema es que el proyecto de ley en trámite pone en riesgo esos principios y el trabajo que se requiere para corregirlo es inmenso. Lo anterior sin considerar los vicios de constitucionalidad que diversos expertos hicieron ver a la Comisión de Educación y que se mantienen.
Las señales que dé el gobierno en los próximos días serán fundamentales; o insiste en legislar a matacaballo haciendo primar el interés político por sobre una legislación razonable, o se abre a buscar consensos que, aunque no aborden todos los aspectos del sistema, den garantía de estabilidad para las próximas décadas.
Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar
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