La marcha del 18 de febrero permitió la articulación de un bloque opositor amplio; el gobierno reaccionó denunciando un intento de desestabilización para lograr un golpe de estado.
Publicado el 27.02.2015
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La marcha del 18F es la tercera gran movilización opositora que enfrenta Cristina Fernández en más de siete años de gobierno, y de hecho articuló un amplio bloque opositor.

Las protestas del campo en 2008 y las de las redes sociales en 2012 y comienzos de 2013, precedieron las dos derrotas electorales que ha tenido el kirchnerismo en casi 12 años de gestión, sufridas en las legislativas de 2009 y 2013, y la del 18F puede ahora preceder a una derrota en las presidenciales.

También es cierto que en las dos experiencias anteriores, la movilización no se sostuvo en el tiempo. Pero ahora la cuestión es si sus efectos llegarán a las primarias obligatorias que tienen lugar en seis meses y a las presidenciales que se hacen en ocho. Socialmente, la marcha fue un “catalizador” de reclamos y frustraciones de distinto tipo que subyacen en la sociedad argentina. Pero ha instalado con fuerza el reclamo institucional, precipitado por la denuncia y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Si bien fue encabezada por sus familiares y nueve fiscales, convergieron en ella todos los candidatos presidenciales de la oposición, la mayor parte de las entidades empresarias, las centrales sindicales opositoras peronistas, las entidades judías y la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, y tuvieron el apoyo de los medios de comunicación críticos del gobierno.

La fuerte condena y descalificación de la convocatoria que hizo el gobierno terminó de darle un efecto negativo y permitió a la oposición articular un amplio bloque de hecho.Pero el oficialismo responde “redoblando la apuesta”, como es su característica política esencial frente a conflictos, derrotas o amenazas. Lo hizo la misma Presidenta por escrito el sábado 21, al decir que en la marcha había recibido su bautismo “el partido judicial opositor y destituyente” y acusando a los fiscales de “desestabilizar al Ejecutivo”. La respuesta de los jueces y fiscales a través de la Asociación de Magistrados fue contundente: “Nuestro único partido es la Constitución”. Desde el oficialismo también se dijo que quienes participaron en la “marcha de los paraguas” son los mismos que antes “golpeaban las puertas de los cuarteles”. En el terreno operativo, la respuesta del gobierno siguió en el Gran Buenos Aires, con el discurso en el cual Cristina Kirchner inauguró un hospital en Berazategui y defendió su gestión; y el miércoles 25, cuando la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al acuerdo marco con China y a la reforma del servicio de inteligencia, demostrando que, pese a todo, mantiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso.

La secuencia siguiente del contraataque tendrá lugar el domingo 1 de marzo, mediante el discurso con el cual la Presidenta inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso y la “contra-marcha” que está convocando el kirchnerismo para ese día, bajo la consigna de “Todos con Cristina. La democracia no se imputa”.

Cabe recordar que, pese al estado de opinión adverso al gobierno en estos días, ningún gobernador, intendente, legislador, sindicalista o empresario alineado con el oficialismo cambió de posición por el 18F. El abrazo de Daniel Scioli, -el candidato presidencial oficialista con más intención de voto-,  con Cristina el mismo día de la marcha, en Zárate, es una evidencia elocuente de ello.

Pero el caso Nisman seguirá en el centro de la escena en los próximos días, complicando y no ayudando al gobierno. El nuevo equipo de fiscales que reemplaza al ex fiscal en la causa AMIA -dos de los cuatro son de Justicia Legítima- anticipó que investigará la “pista siria”, algo que de hecho implica plantear una acusación alternativa a la de Irán; el Juez Rafecas debe decidir si da curso o no a la imputación a la Presidenta y los demás acusados realizada por el fiscal Pollicita; en la causa que investiga la muerte de Nisman, se van sumando más interrogantes que certezas, pero cada día se hace más difícil sostener la tesis inicial del oficialismo de que fue un suicidio.

Mientras el canciller uruguayo pidió la semana pasada públicamente a Irán e Israel que no diriman su conflicto en el territorio de su país, el Ministro de Relaciones Exteriores argentino envió respectivas notas a sus pares de EE.UU. e Israel el día antes de la marcha, exigiendo “que no utilicen su país como lugar para sus enfrentamientos” y que cesen sus “operaciones de inteligencia” en el mismo. Mientras para el gobierno uruguayo hay dos partes en conflicto, el argentino acusa a sólo una (EE.UU. e Israel), de operar en su territorio. El gobierno argentino avanza en crear un enemigo externo, para vincularlo a los planes de “desestabilización” que denuncia. Tanto Washington como Teherán respondieron negativamente ante el reclamo argentino de si el tema AMIA había estado en las negociaciones de ambos gobiernos sobre la cuestión  nuclear.

En conclusión: el 18F ha sido la tercera movilización opositora que ha enfrentado Cristina en más de siete años de gobierno y permitió de hecho la articulación de un bloque opositor amplio; el gobierno reaccionó de acuerdo a su constante, denunciando a la marcha como parte de un intento de desestabilización para lograr un golpe de estado. Sin que nadie del oficialismo se sumara al 18F y en el plano internacional, el gobierno va construyendo un “enemigo externo” para esta supuesta conspiración, en la cual ubica a EE.UU. e Israel y sus servicios de inteligencia.

 

Rosendo Fraga, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Argentina.