Si fuera posible, hoy el Congreso-empresa tendría serios problemas con la Superintendencia de Valores, la Fiscalía Nacional Económica y los Tribunales de Justicia.
Publicado el 11.01.2016
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Partamos con una afirmación que irritará a políticos y constitucionalistas: el Congreso es una empresa. Sí, la empresa es una organización de medios materiales y humanos que bajo una dirección común, persigue el logro de fines económicos o bien de propósitos sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada.

Estas características se dan respecto de la Corporación (corporation para estos efectos): el Congreso persigue un fin básico, producir leyes, y adicionalmente cumple otras tareas como fiscalizar al Ejecutivo y participar en la nominación de altas autoridades. Cuenta con 120 diputados y 38 senadores que, cual directores de una sociedad anónima, son elegidos periódicamente por el voto de sus accionistas, los ciudadanos. Los directores dirigen la corporation a través de cámaras, mesas y comisiones. Tiene autonomía legal, patrimonio y presupuesto anual.

Entonces, qué tan bien cumple esta especial empresa con sus fines y cómo administra su presupuesto. Y por qué no, cómo anda la relación costo-beneficio del producto. El análisis es completamente legítimo ya que este columnista, como Ud., es accionista y espera que todos éstos reciban el producto de la empresa, que además costea con sus impuestos.

El Congreso tuvo un presupuesto en 2015 de $115 mil millones. En los últimos 12 meses produjo 86 leyes, lo que supone un costo por unidad de $1.337 millones. Parece poca producción y un costo muy alto por unidad, pero tal prejuicio debe confrontarse con la calidad del producto (no es lo mismo fábricar Bugatis que Ladas). Hay que puntualizar que cuando hablamos de calidad usamos el término en su sentido más básico: que la ley verse sobre una materia importante, se dicte en términos generales y busque beneficios sociales. No nos pronunciamos sobre el contenido técnico, donde hay ejemplos lamentables como la Reforma Tributaria de 2014, que generó una pérdida grave al valor de las acciones.

Si vamos a esas 86 leyes hay algunas que cumplen el estándar: aquella que aprueba la Unión Civil, un par de índole presupuestario y otras sobre control de armas, jornada laboral, saneamiento y regularización de loteos, sistema electoral, autonomía del Servicio Electoral, inversión extranjera y un variado etcétera. Mas, encontramos otras, no pocas, que confirman el prejuicio.

Así, un conjunto de leyes que, en general, tienen por objeto favorecer económicamente a algunos ciudadadanos-accionistas por sobre todos los demás: bonificación para docentes, bonos para el personal de salud, monopolios para taxistas y pescadores artesanales, etc. Otro grupo de normas de propósitos muy respetables pero cuyo beneficio social es casi nulo: tres leyes que conceden nacionalidad por gracia -y una que revoca otra otorgada con anterioridad, lo que habla mal del departamento de research-, y otras tres que autorizan levantar monumentos (según el costo unitario, estas siete leyes suman $ 9.359 millones).

Hay un tercer grupo de leyes claramente inútiles o donde el propósito de beneficiar a grupos de accionistas llega al populismo: la que establece la conmemoración del día mundial del agua, del día nacional del suplementero, del día nacional de los chuquicamatinos y chuquicamatinas, la que cambia el nombre a un aeropuerto y aquella que establece un feriado regional.

Pero volvamos al gobierno corporativo, con cifras de 2012. En aquel entonces, la dieta de un director-senador ascendía a $7,8 millones (hoy es de $9,1 millones), afecta a la tasa tope del Impuesto Global Complementario de 40%. Hasta allí todo muy razonable en mi opinión; pero deja de serlo cuando cada senador podía disponer de “asignaciones” no tributables de hasta $13,9 millones para contratar personal, pagar asesorías externas, gastos operacionales y pasajes aéreos, lo que es excesivamente discriminatorio respecto de cualquier accionista-contribuyente. Si se suma la dieta con la asignación potencial máxima, resulta que el impuesto efectivo pagado por el director-senador equivale a sólo 6,4% del total.

¿Cree que exagero? En 2015 los españoles se escandalizaron al saber que la dieta de € 2.814 al mes de sus diputados era complementada con asignaciones de € 1.823 mensuales para pagar gastos de hotel o arrendamiento en Madrid y comida (€ 870 para los residentes), libres de impuestos. Ambas cifras suman $MM 3,6, bastante modestas respecto de las chilenas.

¿Y cómo está la empresa frente a la colusión y buenas prácticas corporativas? Mal. Existe colusión de los partidos políticos, patrocinantes de las candidaturas para directores, cuando celebran pactos explícitos o implícitos para evitar la competencia entre los postulantes, perjudicando el derecho a libre elección de los accionistas. Un ejemplo fue la elección de Giorgo Jakson (un muy buen diputado, debe aclararse) donde la Nueva Mayoría no compitió en el Distrito 22 para asegurarle el cupo. Y para qué decir cuando los directores se coluden con ciertos accionistas, pocos pero poderosos, para financiar su elección fuera del sistema legal o derechamente sus gastos de vida.

De lo segundo hay ejemplos varios de malas prácticas, como intervenir en la dictación de leyes que favorecen a los propios directores, por ejemplo aquella que establece como período de prescripción para las donaciones electorales ilícitas un año, mientras que para los ciudadanos comunes es de seis años; o préstamos en condiciones muy favorables, además contabilizados como gastos, conocidos la última semana.

En fin, no se pretende criticar personas, de las que hay muy valiosas, honestas y responsables, pero sí las malas prácticas y la deficiente organización y cultura corporativa. Extendiendo la analogía que desarrollamos, si fuera posible, hoy el Congreso-empresa tendría serios problemas con la Superintendencia de Valores, la Fiscalía Nacional Económica y los Tribunales de Justicia.

 

Pedro Troncoso Martinic, abogado.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO