Resolver la integración efectiva de los diversos grupos sociales y étnicos que componen nuestro país requiere convocar a la sociedad completa, así como el reconocimiento, citando nuevamente a Morandé, de una interdependencia social sin la cual no será posible alcanzar una cohesión social armónica.
Publicado el 16.08.2016
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Ha pasado poco más de un mes desde que el ministro del Interior Mario Fernández anunció la creación de la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía y ya se ve como la historia se repite: los esfuerzos estatales por resolver el conflicto mapuche, y específicamente de las mesas de negociación, vuelven a chocar con una desconfianza transversal.

El ministro Fernández ha aclarado que la plataforma no tiene una agenda definida, sino que ésta deberá emerger a partir del diálogo entre los diversos actores que la componen. Pese a la intención de la autoridad y al hecho de ser valorada por distintos personeros, esta nueva “mesa de diálogo” ha sido cuestionada por los líderes mapuche Aucán Huilcamán y Víctor Queipul, quienes han manifestado su desconfianza ante una iniciativa que, históricamente, pareciera no conducir a ningún lado. Pero no sólo ha sido rechazada por representantes de ese sector. Familiares del matrimonio Luchsinger-Mackay, por ejemplo, han expresado el mismo recelo ante un espacio que no logra mostrarse como representativo.

¿Por qué ocurre esto?

Diversos estudiosos de estos procesos ⎼como José Bengoa o Rolf Foerster⎼ han descrito la relación entre el Estado y el mundo mapuche como una suerte de dialéctica de movilización-represión-negociación que, a la larga, se traduce en un inmovilismo difícil de superar. De esta suerte de círculo vicioso, en que las negociaciones no redundan en soluciones, habló también hace varios años el sociólogo Pedro Morandé, atribuyendo su principal causa a la lógica fundante del Estado nacional moderno, cuya definición de ciudadanía se sostiene en un “principio universalista” que desconoce los orígenes étnicos o culturales diversos ⎼o no los necesita para configurar la pertenencia común de sus miembros⎼. Esto se habría traducido, entre otras cosas, en la conversión de la población indígena en “minorías étnicas”, condicionando de esta forma un tipo particular de relación entre el Estado y tales grupos.

Como ha señalado además de Morandé, el mismo Foerster o intelectuales de otro signo como José Marimán, esa relación se caracterizaría por una subordinación del mapuche respecto del Estado, expresada en una dinámica paternalista donde es el Estado el principal responsable de su destino. Por su parte, los mapuche se vuelven sujetos dependientes y pasivos a la espera de la acción ⎼positiva o negativa⎼ de ese Estado protector, quedando ellos y el resto de la ciudadanía sin ninguna función que cumplir en la solución del conflicto. Lo más grave es que la continuidad de esa relación termina por reproducir sistemáticamente el fracaso del Estado en alcanzar la integración social efectiva de todos sus grupos e identidades.

Desde esta premisa, no es difícil entender el escepticismo ante la mesa de diálogo establecida por el gobierno, la que no pareciera insertarse en una reformulación de los términos en los que se ha dado hasta aquí la relación entre el Estado y los mapuche, ni en una nueva comprensión de las causas estructurales de este conflicto. Las mismas publicaciones que siguieron a la noticia de la nueva Comisión, terminaron en meras declaraciones de buenas intenciones que sólo camuflan la sensación de que esta “mesa coja“, más allá de la idoneidad de quienes la componen, no podrá llegar a alguna solución. Parece entonces necesario reflexionar cómo una iniciativa de este tipo puede efectivamente ofrecer nuevos caminos y alternativas. Por de pronto, se podría recurrir a los mismos autores ya citados que, en conjunto con otros estudiosos, han destacado la necesidad de salir del binomio Estado chileno/pueblo mapuche, así como del horizonte exclusivamente político e institucional en que se tiende a abordar el problema, abarcando así otras dimensiones del conflicto.

Resolver la integración efectiva de los diversos grupos sociales y étnicos que componen nuestro país requiere convocar a la sociedad completa, así como el reconocimiento, citando nuevamente a Morandé, de una interdependencia social sin la cual no será posible alcanzar una cohesión social armónica. Avanzar en esta comprensión exige situar esta mesa de diálogo y toda la política indígena en un horizonte de reflexión mayor, que no es exclusivamente técnico ni político sino, ante todo, una cuestión cultural. Para algunos, esto puede parecer una afirmación abstracta y general. El punto es que si la sociedad en su conjunto no aborda esta reflexión previa ⎼y que siempre está detrás de cualquier programa o política que se implemente⎼ seguiremos dando palos de ciego.

 

Josefina Araos, Investigadora Instituto de Estudios de la Sociedad.

 

 

 

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO