Si bien las estadísticas regionales desmienten que la quema de camiones sea parte del denominado conflicto mapuche -que por cierto, no distingue gobierno, color político ni años-, es indiscutible que la histórica disputa territorial y cultural juega un rol clave en la tensión que se registra en la zona.
Publicado el 11.09.2017
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Resulta kafkiano imaginar que a diario alguien deba acudir a su trabajo con miedo. Lo anterior califica para militares en conflictos bélicos o paracaidistas, pero resulta inaceptable si se trata de conductores de camiones.

En las últimas semanas se ha registrado un incremento explícito de la violencia en La Araucanía, que se ha extendido más al sur. Desde 2014 a la fecha más de 200 camiones han sido quemados y  nada menos que 50 han sufrido este tipo de atentado sólo en la última semana. A ello se suma la quema de iglesias (hasta el momento, 14 parroquias católicas y 10 templos evangélicos), de fundos (con animales incluidos), y de maquinaria industrial.

Dado el contexto, se han encendido las alertas en el Palacio de Gobierno, obligando a la Presidenta Michelle Bachelet a presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo que se adjudicó los atentados del 5 de septiembre, haciendo alusión a las históricas demandas del pueblo mapuche.

La situación resulta alarmante, teniendo en cuenta que estos hechos de violencia han ido en aumento. Sin embargo, no debemos equivocarnos a la hora de repartir culpas, ya que, según cifras presentadas por la Fiscalía de la Araucanía en su Cuenta Pública de 2015 -la última cuenta publicada en su web oficial- se informa que menos del 1% de los delitos que han ingresado tiene relación con delitos de “Violencia Rural”, donde califican los atentados incendiarios. A su vez, del total de imputados que pasan por el sistema, no más del 20% pertenecen a la etnia mapuche y de estos, sólo el 3% se relaciona con hechos de violencia reivindicatorios.

Apoyado en estos porcentajes, Cristián Paredes, Fiscal Regional desde 2013, señaló en el citado informe: “Quiero reiterar, como Fiscalía (que) nosotros no hablamos de ‘conflicto mapuche’ porque entendemos que es una expresión generalizadora que no se condice con el respeto que merece un pueblo originario, ni con la realidad estadística”. Sin embargo, lo anterior no quita que el delito de mayor ocurrencia en 2015 haya sido el incendiario, el cual según la Fiscalía aumentó en un 68% en relación al año anterior. En este contexto, cuando quienes cometen estos hechos aprovechan la oscuridad de la noche o actúan encapuchados, el rol de los testigos se vuelve clave para dar con los responsables, pero Paredes afirma también que “el amedrentamiento y los ataques a la persona o propiedad de los testigos en nuestra región ha dejado de ser un problema hipotético, materializándose en reiteradas oportunidades”. En definitiva, La Araucanía convive con el terror.

Si bien las estadísticas regionales desmienten que la quema de camiones sea parte del denominado conflicto mapuche -que por cierto, no distingue gobierno, color político ni años-, es indiscutible que la histórica disputa territorial y cultural juega un rol clave en la tensión que se registra en la zona.  

Resulta irrisorio que desde la implementación de la Ley Indígena en 1993 sólo se hayan “maquillado” soluciones para un conflicto que data desde que Chile se formó como Estado nación. Urgen mecanismos que permitan solucionar los problemas de raíz. Y si bien la Conadi ha gestionado a la fecha la restitución de casi 160 mil hectáreas, la cifra se aleja años luz de los 10 millones de hectáreas que reclama el pueblo mapuche, lo que hace difícil, o imposible, un acuerdo.

Las policías y la justicia deben actuar en conjunto y aplicar toda la rigurosidad de la ley a quienes resulten responsables de los múltiples atentados. Pero más que la militarización del zona, como han propuesto algunos candidatos presidenciales –es decir, responder a la violencia con más violencia–, es necesario insistir en negociaciones democráticas y civilizadas que apliquen medidas certeras y justas para todos. Es indiscutible que esto, en la teoría, resulta fácil, y que en la práctica es casi utópico. Sin embargo, se debe tomar el ejemplo de naciones que, si bien recorrieron un largo camino, lograron negociaciones perdurables que dejaron conformes a la gran mayoría. Tal es el caso de Australia, que encontró una solución luego de 15 años de mediaciones complejas con los aborígenes.

En junio de este año, Kim Wilson, abogado especialista en negociación con enfoque en conflictos indígenas, compartió en una pequeña reunión sus 15 años de experiencia en Australia y, producto de sus múltiples visitas a Chile y a La Araucanía, logró establecer un paralelo que sorprende. El problema de titularidad de la tierra en Chile y Australia es el mismo. Según el experto, el carácter eterno del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche radica en la “falta de liderazgo del gobierno” (no solo de éste, sino de todos).

Wilson asegura que en Australia hubo una reeducación a nivel escolar y cívico sobre la importancia que tienen los aborígenes en el marco histórico del país; hubo un reconocimiento no sólo de sus derechos, sino también del error en que se incurrió al segregarlos y en el daño que se les causó en aquel proceso. Se pidió perdón (para Wilson, lo clave) y se procedió a verificar el título de propiedad de las tierras de manera de respetar sus tradiciones; una titularidad ancestral que, según él, no podían negar. Sin embargo, en este proceso no se olvidó a los latifundistas, empresarios o dueños de terrenos; las negociaciones se hicieron en base a respetar el derecho ancestral de los aborígenes, pero también el de los empresarios, otorgando para determinados casos una especie de “tuición compartida”, que si bien entrega a los indígenas el derecho de propiedad cuando corresponda, también permite que quien hacía usufructo del terreno aportando a la economía local o nacional pueda continuar con ello.

El caso australiano da luces para la solución de un conflicto entre sociedades separadas por costumbres y creencias, pero unidas en una misma nación. No hay manera de justificar la violencia contra quien hace su trabajo: camioneros, trabajadores de forestales, Carabineros o dueños de terrenos. La justificación de grupos insurrectos o terroristas que acusan a un “enemigo” (empresas nacionales y transnacionales) de haberlos forzado a reaccionar con armas,  es un pensamiento violento y retrógrado que no representa al pueblo mapuche, el cual quiere avanzar a través de vías civilizadas hacia una solución del conflicto.

Violencia, marginación, pobreza y exclusión no pueden ser frases que definan a una región entera de nuestro país. Son problemas viejos que a estas alturas requieren de soluciones nuevas. Urge un ímpetu renovador, conciencia del deber cívico y voluntad de nuestros parlamentarios para poner urgencia a este tema en la agenda país. Su móvil debe ser el progreso y la prosperidad para todos. Se requieren políticas de integración de las comunidades indígenas, pero también un diálogo firme y documentado –por ambas partes- que esté a la altura del conflicto y que dé pie a la necesaria concordia Estado-Pueblo Mapuche.

 

Natalia Farías G., investigadora Centro de Estudios Bicentenario

 

 

FOTO: PABLO TRONCOSO/AGENCIAUNO