La gran deuda que tiene el movimiento estudiantil chileno es respetar un derecho humano básico como lo es la autonomía personal proyectada en el derecho a asociarse libremente. Aunque está consagrado tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en nuestra propia legislación interna, es vulnerado de manera sistemática por la Confech, que a través de sus federaciones presume la afiliación de los estudiantes por el solo hecho de matricularse en instituciones de educación superior.
Publicado el 13.08.2017
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Desde que comenzó el movimiento estudiantil allá en 2011, la Confederación de Estudiantes de Chile pasó a tomar un lugar relevante en el debate público. Fundada hace más de 30 años e integrada actualmente por más de 50 federaciones de estudiantes repartidas a lo largo del país, la Confech ha puesto sobre la mesa las principales urgencias en materia de educación superior. Financiamiento, calidad, participación e inclusión han sido algunos de los problemas que, con buenas y malas propuestas, han intentado abordarse.

Pero hay una reforma que se ha postergado reiteradamente y que cada cierto tiempo vuelve a salir a flote: la revisión que requiere la propia orgánica y funcionamiento de la Confech y la profunda transformación que requiere la organización estudiantil.

La última declaración de la Confech, con la que entregó su respaldo al régimen venezolano y a su cuestionado proceso constituyente —pese al rechazo transversal de la comunidad internacional y a que esta materia nunca fue discutida ni votada por los estudiantes de Chile—, ha permitido reabrir el debate en torno a la necesidad de ciertas garantías de representatividad, autonomía, transparencia y democracia que deberían estar contenidas dentro de los estatutos de cada una de las federaciones, y en el -hasta ahora inexistente- estatuto nacional de la propia confederación estudiantil.

Estas condiciones mínimas no sólo cumplirían con dar un sustento legal a la organización estudiantil, sino que por sobre todo estarían destinadas a dotarla de legitimidad frente al resto de la comunidad universitaria y nacional. Urgen estos cambios en una organización que actúa sin un adecuado estatuto y en la que aún abundan votaciones a mano alzada, elecciones sin quórum mínimo de participación ni órganos imparciales que las validen, y  donde no hay entes que la fiscalicen económica y normativamente.

Con todo, estos avances son superfluos mientras no se salde la gran deuda que tiene el movimiento estudiantil chileno: respetar un derecho básico como lo es la autonomía personal proyectada en el derecho a asociarse libremente. Este derecho humano, consagrado tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en nuestra propia legislación interna, es vulnerado de manera sistemática por la Confech, la que a través de sus federaciones presume la afiliación de los estudiantes por el solo hecho de matricularse en instituciones de educación superior.

Esta práctica ha tenido dos grandes consecuencias: la primera es que las federaciones pierdan legitimidad en su representación, con estudiantes que jamás se han sentido parte de éstas y que nunca han acatado sus resoluciones, lo que muchas veces ha llevado al uso de la violencia para reprimir a quienes no obedezcan las decisiones de una mayoría. La segunda consecuencia es que la inexistencia de mecanismos de desafiliación opera como un incentivo perverso para que la dirigencia estudiantil pueda darle la espalda a sus representados. Y qué mejor ejemplo que la última declaración a favor de Nicolás Maduro, hecha a nombre de todos los estudiantes de Chile y sin derecho a reclamo.

La pregunta, entonces, es simple: ¿dejaremos que se siga utilizando la Confech según los designios de cúpulas indiferentes a sus representados, o impulsaremos las reformas necesarias para lograr que sea verdaderamente la confederación de todos los estudiantes de Chile?

 

Francisco Costa Yáñez, coordinador nacional del Movimiento Sociedad

@FranciscoCostaY

 

 

FOTO: LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO