El nivel de aranceles es sólo una consecuencia del tipo de financiamiento elegido por cada país, y por tanto no es posible, a partir de ellos, sacar conclusiones respecto del costo de la educación superior ni del pago real desembolsado por los estudiantes y sus familias.
Publicado el 18.09.2017
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La semana pasada se dio a conocer el informe que elabora anualmente la OCDE, “Education at a glance”, el cual mostró, entre muchas otras cosas, que Chile tiene los aranceles más caros en carreras universitarias de pregrado, lo que ha generado diversas reacciones al respecto, muchas de las cuales están basadas en conclusiones equívocas. Para tener mayor claridad del panorama, es importante contextualizar los datos y analizar con más detalle la información presentada en el informe.

En primer lugar, es especialmente relevante tener en cuenta que, en términos de costos, proveer educación superior es relativamente similar en todos los países. Las diferencias están en cómo ese costo se financia y si el financiamiento fiscal que predomina es a la oferta (instituciones) o a la demanda (estudiantes). Cuando un país financia principalmente a la oferta, es probable que no existan aranceles, o bien que sean comparativamente bajos, debido a que los recursos son transferidos directamente a las instituciones de educación superior. Por el contrario, cuando el financiamiento fiscal va dirigido a la demanda, como es el caso de Chile, las instituciones fijan aranceles, pero al estar los recursos fiscales dirigidos a ayudar a los estudiantes a cubrir al menos una parte de este costo, el arancel que realmente pagan es normalmente significativamente menor al que se publica.

Así, por ejemplo, dos países (A y B) podrían presentar el mismo costo para impartir una carrera; el país A otorga financiamiento a la oferta, por ende, sus aranceles son muy bajos, así como el pago que realizan efectivamente sus estudiantes. Por otro lado, el país B otorga financiamiento a la demanda, por ende, tiene aranceles altos, pero con la entrega de ayudas estudiantiles, sus estudiantes pagan un valor muy inferior, similar a los que pagan aquellos pertenecientes al país A. Este caso deja en evidencia que el nivel de aranceles es sólo una consecuencia del tipo de financiamiento elegido por cada país, y por tanto no es posible, a partir de ellos, sacar conclusiones respecto del costo de la educación superior ni del pago real desembolsado por los estudiantes y sus familias.

En un sistema donde predomina el financiamiento a la demanda, como en Chile, los estudiantes de pregrado reciben subsidios fiscales, es decir, becas y créditos. De esta forma, el valor que deben pagar puede llegar a estar muy por debajo del arancel que es cobrado por las instituciones. En lo concreto, en Chile, el arancel completo sólo es pagado por aquellos pertenecientes a los tres deciles de mayores ingresos. Lo anterior, constata que uno de los principales beneficios de un sistema de financiamiento a la demanda, es que permite focalizar el gasto en los estudiantes más vulnerables. Siempre que se matriculen en instituciones acreditadas, el arancel que finalmente pagan los estudiantes en Chile depende de su desempeño académico y/o de su situación socioeconómica.

Un sistema de financiamiento que tiene Chile reconoce el valor de la diversidad y promueve la capacidad de elección de los estudiantes. Por lo tanto, el esfuerzo de la política pública debe estar en cómo mejorar el sistema en ese contexto. La gratuidad universal que se pretende instalar exige necesariamente la fijación de aranceles por el Estado, lo que incorpora distorsiones en el sistema que limitan la calidad de la educación superior, altera la autonomía de las instituciones y tiende a homogeneizar los proyectos educativos.

Por otro lado, para el presente análisis, es importante tener en cuenta que Chile presenta el premio salarial más elevado de los países de la OCDE, con un valor de 237%. Es decir, quienes cursan una carrera de pregrado, recibirán un sueldo 2,37 veces superior a quienes solo egresan de cuarto medio. Si bien se trata de un promedio, y hay variabilidad a nivel de programas, este dato es importante a la hora de analizar los costos que los estudiantes deben incurrir para ingresar a la educación superior, pues entrega una señal importante de que cuando los egresados ingresen al mundo laboral estarán, por ejemplo, en condiciones de retribuir un crédito contingente a su ingreso.

La discusión debiese apuntar hacia equiparar los beneficios de los estudiantes de un mismo nivel de vulnerabilidad, pues aquellos que se matriculan en instituciones universitarias y pertenecientes al CRUCH acceden a becas y créditos muy superiores al resto de los estudiantes. Corregir esas discriminaciones arbitrarias debería ser el foco de un sistema de subsidio a la demanda como el chileno.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO