Un Estado que se equivoca, un gobierno que yerra y, yendo al corazón de esta columna, una Presidenta que, con su política legislativa causa daño a las personas, ¿tienen responsabilidad por ello?
Publicado el 14.07.2016
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Por regla general, atribuir a una persona el desenlace exitoso o el fracaso de un proceso político es injusto. Sin embargo, es válida la pregunta sobre los efectos de las conductas políticas personales en cuanto a si estas contribuyeron a acelerar o impedir tal desenlace.

Surge una pregunta: ¿Tiene la Presidenta Bachelet responsabilidad por las penurias económicas que vive actualmente Chile? ¿Qué respuestas encontramos en nuestro ordenamiento jurídico?

Es de público conocimiento que se debatió desde antes de la generación de las profundas reformas legales del actual gobierno y luego con su implementación, sobre las consecuencias directas e indirectas que estas políticas públicas generarían al desarrollo económico del país y su estabilidad.

Hoy, con algunos de los resultados a la vista, no muchos se atreven a defender la idea de lo inocuo de las reformas. Solo una severa miopía acepta lo contrario. Más allá de instar a estas alturas por su cambio, en este o en un futuro gobierno, los efectos ya están y, posiblemente, permanecerán durante años.

Surge acá una nueva duda: un Estado que se equivoca, un gobierno que yerra y, yendo al corazón de esta columna, una Presidenta que, con su política legislativa causa daño a las personas, ¿tienen responsabilidad por ello? ¿Nuestro ordenamiento jurídico ampara al que ha experimentado un perjuicio por la actividad del Estado cuando éste actúa como legislador, esto es, como generador de leyes o normas que crean, alteran o suprimen un determinado estatus jurídico?

El tema de la responsabilidad es una materia que en nuestro país ha alcanzado un notable desarrollo, junto con la idea de Estado de Derecho. La responsabilidad, en general, puede ser definida como una obligación de reparar a consecuencia de una acción u omisión surgida por un delito o de una culpa, existiendo muchos tipos de responsabilidad: penal, civil, administrativa, infraccional y política.

La responsabilidad del Estado está concebida sobre la siguiente piedra angular: el Estado está al servicio de la persona humana. Es decir, tiene un fin y ese fin es el respeto del hombre en toda su amplitud. ¿Pero por qué debe reparar los perjuicios que cause a sus administrados?

Una respuesta sería porque es un sujeto con una personalidad jurídica y política, por lo que debe someterse y responder, como cualquier otro sujeto jurídico, ante el imperio del Derecho. Por lo demás, nuestra Constitución asegura el derecho que tiene toda persona lesionada por la administración del Estado para reclamar ante los tribunales de justicia.

Gracias al avance de modelos jurídicos que protegen y respetan a las personas y sus bienes, no existe en nuestro sistema la idea de la irresponsabilidad del Estado.

Independiente de que existen varias vertientes respecto de qué régimen de responsabilidad debe aplicarse por nuestros tribunales de justicia -uno más favorable a la víctima u otro más favorable al Estado-, es claro que hoy éste debe responder cuando causa un daño a las personas.

Lo dicho anteriormente resulta evidente cuando hablamos del Estado Administrador o el Estado Juez. En efecto, cuando por mala mantención de una calle un peatón se cae y lesiona, la Municipalidad debiese responder por dicha falta de mantención. O cuando se comete un error judicial, condenando a pasar años de cárcel a un inocente por un evidente error del Poder Judicial, el Estado debe responder de los perjuicios patrimoniales y morales que dicha mala gestión generó.

Pero ¿existe la responsabilidad del Estado Legislador? Entendiendo por legislador al Congreso Nacional y, principalmente, al Presidente de la República, quien, como colegislador, tiene la iniciativa exclusiva de las principales materias de ley.

En concreto, ¿tiene responsabilidad la Presidenta de la República por los daños causados a consecuencia de las reformas legislativas últimamente implementadas?

Sin entrar a demostrar o debatir sobre la existencia de los perjuicios micro o macroeconómicos, que son materia de economistas, especialistas financieros y de la misma clase política, ¿puede un particular que ha visto perjudicada su actividad económica por una normativa que lo ha llevado a sacrificarla, responsabilizar al Estado Legislador o, derechamente, a la Presidenta de la República, para la reparación de esos daños?

Adelantamos que no nos referimos a la acusación constitucional o juicio político que la Constitución Política regula, refiriéndose a que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de la Presidente de la República por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación chilena o por actos de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución o las leyes chilenas. Ni tampoco a la posterior actuación del Senado.

Nos referimos más bien a la responsabilidad del Estado Legislador, esto es, la responsabilidad derivada de la actuación del Estado al dictar las leyes ocasionando daños al patrimonio de las personas.

En nuestro ordenamiento jurídico, los casos en que la actuación lícita del Estado mediante la dictación de leyes que ocasionan un daño, se relacionan únicamente con situaciones de expropiación de un derecho, previendo una consecuencia indemnizatoria específica.

En cambio, para la responsabilidad particular emanada del daño causado a las personas por otras leyes dictadas por el Estado, nuestro ordenamiento jurídico no establece una regulación que la rija. Sin embargo, tampoco existe una prohibición ni menos se estableció la irresponsabilidad del Estado.

El hecho de que no exista una regulación precisa y clara no significa que las personas no deban ser indemnizadas por la actividad legislativa del Estado, ya que toda persona que, como consecuencia de un acto legislativo, sufra un daño injusto que implique un menoscabo patrimonial que importe un “sacrificio especial” para ella en su situación particular, tiene derecho a ser indemnizado a consecuencia de que la Constitución garantiza a todas las personas la igualdad ante las cargas públicas y, en definitiva, la igualdad ante la ley.

Si bien el reconocimiento de estos criterios es incipiente en nuestros tribunales, no debe renunciarse a exigir del Estado no solo que asuma su responsabilidad política –acá mediante la acusación constitucional cuya titular de la acción la tienen nuestros representantes en el Congreso–, sino que, también, la responsabilidad patrimonial por los daños causados por malas políticas públicas originadas en leyes que han impuesto y causado daños a las personas, incluso exigiendo luego la responsabilidad personal, de existir, de los funcionarios públicos involucrados. De esto no se encuentra excluida la del primero de la escala piramidal, a saber, la Presidenta de la República. Observamos que falta mucho debate sobre este punto.

Rodrigo Riquelme Yáñez

Abogado

Magíster en Derecho