La comisión para reformar las isapres terminará eliminando la opción de un seguro privado en salud.
Publicado el 09.10.2014
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Quienes pertenecemos al 16 % de los chilenos que están asegurados en las isapres tenemos una buena protección del Estado frente a posibles abusos del asegurador. El Tribunal Constitucional y los Tribunales de Justicia han objetado alzas de precios de planes, han prohibido la aplicación de tablas de factores que discriminan por riesgo según sexo y edad y de hecho un gran número de causas en la Justicia chilena -cerca de 200.000- están destinadas a “protegernos”, generando de paso un excelente “negocio jurídico” para abogados que crearon esta industria del litigio y ganan entre 40.000 y 200.000 pesos por cada causa que tramitan, dinero que proviene de la condena en costas que mecánicamente dictan los jueces.

Bueno, no es tan raro. Todas las altas autoridades de gobierno, todos los parlamentarios, todos los magistrados, todos los editores de los medios de comunicación y la mayoría de los opinólogos estamos asegurados en este sistema. Si bien de repente alegamos por el precio del plan, no nos va tan mal.

A los que sí les va mal es al 80% de chilenos que están asegurados en el sistema público: FONASA. Su problema no es el precio del plan, sino la baja cobertura y las largas listas de espera que deben sufrir para acceder a las prestaciones, lo que no pocas veces termina con el fallecimiento del enfermo. Los que tienen FONASA por libre elección, los de más ingresos del asegurador público, tienen buena cobertura en consultas en el sector privado que reciben un reembolso razonable, pero pésima en intervenciones quirúrgicas o exámenes complejos, donde apenas se les bonifica entre 20% y 30%, contrastando con el 80% de las isapres.

Uno creería que el gobierno que se preocupa de la desigualdad se iría de hacha a ayudar a los del seguro público. Pero no es así, el discurso difiere de la realidad. Lo primero que hizo la Presidenta Bachelet fue crear una comisión para reformar el sistema de isapres. Es que el abuso del Estado no entra en el léxico de la Nueva Mayoría, aunque los mayores abusos que se cometen hoy contra los chilenos -Transantiago y salud pública- son responsabilidad del Estado.

Los creativos de la comisión decidieron ir más allá y proponen un Fondo único y Seguro único en salud con un plan básico igual para todos los afiliados. Con eso, el 7% de los afiliados a isapres no irá solamente a cubrir sus contingencias de salud, sino una parte de la cotización irá a un Fondo Mancomunado para financiar solidariamente (con los afiliados a FONASA) prestaciones que no estén contempladas en el plan de salud. El problema es que como queda menos dinero disponible, los afiliados a isapres ya no podrán financiar el plan que tienen ahora, sino uno peor. Resultado: o ponen más plata o se van a FONASA. Diversos cálculos indican que esto afectaría a un porcentaje muy importante de los afiliados a isapres (50% en las hipótesis más pesimistas).

O sea que esta comisión que se supone iba a proteger a los afiliados al seguro privado termina perjudicándolos gravemente, ya sea expulsándolos del sistema, ya sea obligándolos a quedarse en él con un peor plan. Si bien la comisión no plantea que en el corto plazo desaparezcan las isapres, los especialistas coinciden en que en el largo plazo no subsistirán. Los genios de la comisión terminarán eliminando la opción de un seguro privado en salud. Los cuidados del sacristán, en este caso, acabarán matando al señor cura. El 16% de los afiliados a este sistema ya no estaremos tan contentos con la protección que el Estado nos está entregando frente a los abusos de nuestros aseguradores. Es que cuando se entrega más poder al Estado, éste termina usándolo contra los ciudadanos.

Bueno -dirán algunos-, pero aquí por lo menos ganan los del FONASA. Parte de la plata de los de las isapres va para ellos y les va a resolver sus problemas. La misma lógica de la reforma tributaria.

No señor, nada de ello ocurrirá. La plata se va a ir en ineficiencia del sistema público de salud. De partida, el FONASA se vería recargado a niveles que no puede resistir. La reforma agregaría potencialmente 3 millones de afiliados a un deteriorado sistema, tensionándolo en cuanto a la oportunidad y calidad de la atención. Bueno, pero vendrán con su marraqueta, esa plata arreglará el problema a los del FONASA.

Nada. Si repartimos toda la plata que llegaría a FONASA entre sus beneficiarios, cada uno, de acuerdo a estimaciones preliminares, contaría con seis mil pesos mensuales más.

¿Seis mil pesos mensuales más arreglarán el problema de los asegurados a la salud pública? Juzgue usted.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: JUAN GONZALEZ/AGENCIAUNO

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