El plan Comercio Justo del alcalde de Santiago está lejos de ser una medida satisfactoria para el caso de comercio informal. Y sus premisas que criminalizan a los ambulantes terminan por poner en entredicho su contribución a la justicia. Quizá, cuando los resultados estén a la vista, concluyamos que fue un ejercicio tan espectacular como estéril.
Publicado el 10.04.2018
Comparte:

Una portada en prensa mostraba la semana pasada a un grupo de uniformados de negro formados frente a la cámara, con rostro serio y vistiendo sus botas, gorras rojas y lentes de sol. El encabezado del diario aclara que no son fuerzas paramilitares o algo así, sino los nuevos fiscalizadores del plan Comercio Justo, en la comuna de Santiago. Su misión es complementar el trabajo de los “equipos de erradicación” del comercio ambulante informal.

La nota merece al menos dos comentarios, uno respecto a su sentido de justicia y otro respecto a su eficacia.

Según la noticia, alrededor de 1.400 personas han sido detenidas por causa de estos operativos. Esto, junto a las 100 toneladas de alimento y casi 3.000 carros de comida decomisados, parecen una medida desproporcionada. Y es que el plan del alcalde Felipe Alessandri ha confundido sistemáticamente el comercio ilícito con el informal, una distinción fundamental. Incluso nuestro Código Tributario los tipifica de forma distinta, donde el comercio ilegal se refiere a la transacción de bienes ilícitos como drogas o mercadería pirata o robada; a diferencia de quienes venden bienes lícitos sin cumplir con la normativa vigente, como ocurre muchas veces con los carros de comida. Mientras que el primero debe ser perseguido por la Policía de Investigaciones, el segundo permite tomar medidas activas para su traspaso a la formalidad.

Hace algunos meses subrayamos éste y otros puntos en un documento publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, titulado “Comercio informal en Chile, 6 claves para el debate”. En él revisamos estas y otras imprecisiones del debate (como la competencia desleal o el aumento de la inseguridad), además de ofrecer algunas alternativas para ayudar en el traspaso de la informalidad a la formalidad, relacionadas con las brechas informativas, reubicación geográficas o permisos provisorios. Sin embargo, esta aproximación supone al menos dos elementos: tener como objetivo la formalización de estos negocios y crear mecanismos colaborativos entre las autoridades y los implicados. Nada de esto se desprende de la entrevista a Ricardo Mewes (presidente del Observatorio del Comercio Ilícito), quien en un reciente reportaje de T13 parece dirigir sus esfuerzos a reducir los permisos y, si es posible, quitarle a los municipios la facultad de otorgar dichas autorizaciones.

Sin siquiera emitir juicios respecto de tal aproximación, cabe preguntarse por la estrategia escogida. ¿Es sustentable una política de criminalización, que requiere de alta y constante presencia fiscalizadora en las calles? ¿Tiene sentido la destrucción de capital en vez de beneficiar a la sociedad formalizando los emprendimientos que sean susceptibles de ello?

Respecto a la eficacia, hay buenos motivos para pensar que dicha alternativa fracasará. Dicho de modo simple, no puede ser exitosa mientras no atienda a las causas de la informalidad en Chile. El Ministerio de Economía ha estimado que casi un tercio del comercio informal se formalizaría si supiera cómo hacerlo o conociera los beneficios de ello. La misma entidad ha calculado que cerca de un 57% de los informales lo son por necesidad, ya sea porque no encuentran trabajo asalariado o porque necesitan compatibilizar su jornada con otras actividades (tal como ocurre con las madres o los estudiantes). En el caso específico de las comunas de Santiago y Estación Central, destaca además una proporción mayor de extranjeros que participan de estas actividades.

Esta rápida desagregación ya nos permite dudar del futuro del plan Comercio Justo. Sí, es cierto que mientras estén desplazándose los fiscalizadores por las calles desaparecerá o disminuirá provisoriamente la presencia de vendedores ambulantes, ya que evitarán la multa o la detención. Pero mientras no tengan una alternativa de subsistencia, seguramente mantendrán su giro en calles o barrios aledaños (algo de esto se muestra en el reportaje de T13). Lo que no obsta que vuelvan a aparecer en los barrios más concurridos una vez que los fiscalizadores ya no estén.

La respuesta es menos automática para la segunda pregunta. Una política activa de traspaso a la formalización puede servir para una buena proporción de los casos, aunque persiste el problema del uso de espacios en zonas de alta afluencia. Dicho de otro modo, la solución no está en otorgar permisos indiscriminadamente, y dista de ser así de simple. Sin duda que pasa por formalizar negocios, pero remite también a problemas de fondo respecto a los salarios en Chile, otorgar mayor flexibilidad en algunos trabajos y una política migratoria deficiente.

Como sea, el plan Comercio Justo está lejos de ser una medida satisfactoria para el caso de comercio informal. Y sus premisas que criminalizan a los ambulantes terminan por poner en entredicho su contribución a la justicia. Quizá, cuando los resultados estén a la vista, concluyamos que fue un ejercicio tan espectacular como estéril.

 

Sebastián Adasme, investigador IES

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO