Los acuerdos entre competidores que les confieran poder de mercado, fijan precios de venta o de compra, limitan la producción o se asignan cuotas de mercado entre otras cosas (artículo 3, Ley de Defensa Libre Competencia, 1973), constituyen una infracción de la ley pero también un abuso de la confianza de los consumidores y de la buena fe con la que actuamos en nuestras decisiones económicas.
Publicado el 04.11.2015
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En un interesante trabajo, el profesor de la Universidad de Harvard, Niall Ferguson, destaca cuatro pilares fundamentales de la sociedad occidental: el gobierno representativo, el libre mercado, el imperio de la ley y la sociedad civil. Así se ve en el libro La gran degeneración: cómo decaen las instituciones y mueren las economías” (Barcelona, Debate, 2013).

Resulta relevante analizar cómo esas instituciones valiosas para el progreso de los pueblos son aplicadas en Chile y qué tan saludables se encuentran hoy. El panorama no es alentador. La idea de gobierno representativo se encuentra fuertemente cuestionada por los casos de corrupción, nepotismo y financiamiento ilegal de la política; el imperio del derecho se ha visto vulnerado varias veces sin que el gobierno aplique la ley en casos tan claros como la lucha contra el terrorismo en La Araucanía o permitiendo que  la “igualdad ante la ley” sea simplemente una ilusión para tantos que esperan -por tanto tiempo- la acción de la justicia. La sociedad civil, si bien goza de una razonable vitalidad en diversos campos tales como el apoyo a niños discapacitados con la Teletón, el mundo universitario o el de la acción social, se enfrenta sin embargo a una ola creciente de intervención estatal.

Esto se suma a que desde hace un tiempo existen importantes cuestionamientos a la economía libre, provenientes de una izquierda arrepentida del sistema social y económico que han contribuido a generar, y por otro lado de un supuesto “fuego amigo”, esto es, los hechos de privados que con su actuación personal contribuyen a deslegitimar un sistema  que ha traído progreso y bienestar a los chilenos.

Dada la coyuntura, me voy a concentrar en la importancia de la libertad económica en el marco de una sociedad libre. Tan importante que ésta busca asegurarla a través de diversos medios, así nuestra legislación contempla una Fiscalía Nacional Económica y un Tribunal de la Libre Competencia, que buscan promoverla y defenderla. Por eso la ley sanciona al que individual o colectivamente, por cualquier hecho, acto o convención impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. Los acuerdos entre competidores que les confieran poder de mercado, fijan precios de venta o de compra, limitan la producción o se asignan cuotas de mercado entre otras cosas (artículo 3, Ley de Defensa Libre Competencia, 1973), constituyen una infracción de la ley pero también un abuso de la confianza de los consumidores y de la buena fe con la que actuamos en nuestras decisiones económicas.

Por eso es tan grave el caso de la colusión del papel tissue, o cualquier otro tipo de colusión, porque defrauda la confianza de los consumidores y constituye una estafa a los chilenos. Lo mínimo que podemos esperar cuando por ejemplo vamos a un supermercado, es que los precios que ahí vemos y decidamos pagar sean acordados en el supuesto de un mercado competitivo y no fijados previamente por un grupo de ejecutivos coludidos a través de mensajes ocultos -escondidos en supuestos partes de matrimonios- o en reuniones clandestinas. Uno de los elementos centrales de la economía libre es precisamente su transparencia, su actuación pública, a la vista de todos.

Frente a esta situación urge hacer tres consideraciones:

La primera, es que se debe tomar en cuenta que la economía, como cualquier otra actividad, es un instrumento, y que por tanto son los actos de los hombres los que merecen ser enjuiciados. Por esto es tan importante que las personas tengan esa formación ética y moral, una verdadera ancla de valores que de sentido a su actividad profesional. Lo mismo que se exige a los empresarios, a los emprendedores, debe ser exigido a todas las personas: a los profesores, los funcionarios públicos o los trabajadores. No existe la ética empresarial o distintos tipos de ética, sino que una sola ética, aplicada a cada campo de la vida. Por eso Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, sostiene que “…la economía es un sector de la múltiple actividad humana y en ella, como en todos los demás campos, es tan válido el derecho a la libertad como el deber de hacer uso responsable del mismo”.

El problema no es tanto de tener una mayor regulación, creyendo que el conflicto se origina en esa “ilusión de la desregulación” a la que alude Ferguson en el mismo libro, sino tener una mejor regulación y que se aplique efectivamente. Se debe sumar a una mayor formación ética en las familias, las instituciones de enseñanza y en la esfera de lo público, así como sanciones efectivas tales como penas de cárcel, prohibición de ejercer en directorios o cargos ejecutivos en empresas por cinco o diez años, entre otras cosas.

En segundo lugar, dado que hay una condena unánime de cualquier atentado contra la libre competencia, incluso de parte de la izquierda (lo que representa un importante triunfo cultural para los partidarios de la libertad), sería valioso que nos detuviéramos en otros casos de colusión o abuso. Por ejemplo, sin necesidad de reuniones clandestinas, sino que por el contrario en encuentros muy públicos, el Consejo de Rectores de las Universidades y el Ministerio de Educación se empeñan en limitar las posibilidades de elegir de los estudiantes chilenos, es decir, se organizan para perjudicar a terceros, a plena luz del día y con recursos de todos los chilenos.

Por último, es necesario rescatar la economía libre de los especuladores o abusadores, y para eso urge desconcentrar el poder económico, multiplicando la riqueza, la innovación y el esfuerzo personal, dando más oportunidades y abriendo paso a que más personas emprendan. Una economía que necesariamente estará basada en la confianza, en la buena fe y en una sana competencia que generará calidad de productos y precios a disposición de todos. Así generamos una economía del emprendimiento, una economía del progreso, centrada en la persona y que produzca prosperidad y bienestar a los chilenos.

 

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

 

 

 

FOTO: DISEÑO DE SANDRO BAEZA/AGENCIAUNO.

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