Desde hace algún tiempo venimos escuchando que “el riesgo –en Colombia- es que te quieras quedar”. La frase es parte de un slogan de la campaña iniciada en el 2010 que busca cambiar la imagen del país como destino turístico y atraer inversiones. Cuestión que ha dado resultados positivos, pues aumentaron los viajes de vacaciones, ha mejorado la infraestructura y se ha potenciado la inversión en esta área y otras. No hay que olvidar que parte importante de estos resultados son fruto de políticas adoptadas por el ex presidente Álvaro Uribe, y que fueron heredadas al actual mandatario.
Sin embargo, ¿es ese el único riesgo? Evidentemente no. Colombia aún no logra erradicar el peligro latente de la guerrilla, y no obstante está controlada en las grandes capitales y destinos turísticos, aún hay sectores importantes del país, especialmente rurales, que sufren este flagelo. Basta escuchar la radio local, como tuve la oportunidad de hacerlo hace unas semanas de visita en el país, para enterarse de que el tema sigue presente en el debate público. Atentados a torres de electricidad, secuestros, asesinatos, quizás no son parte de las noticias internacionales, pero siguen presentes para sus connacionales.
¿Se avanza en el proceso de paz? Esta semana se retomaron las conversaciones en La Habana entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC respecto de llegar a un acuerdo de cese al fuego. Reuniones que tienen un largo historial iniciado hacia el 2012, pero que en el último tiempo se vieron complicadas por el recrudecimiento del conflicto armado con ataques del grupo guerrillero a infraestructura a lo largo del país y la falta de avances en La Habana. En el reinicio de las conversaciones, el pasado 20 de julio, se dio un plazo de cuatro meses para llegar a un acuerdo.
Santos ha invitado a conversar a todos quienes tienen dudas y temores teniendo a la vista un solo objetivo: lograr la paz. Lo favorece el fuerte rechazo que tiene la guerrilla en la opinión pública que agradece la consolidación de la democracia colombiana, y el que la Fuerza Pública, es decir, la suma de militares y policía nacional, haya crecido de 287.000 efectivos en 2012 a 440.000 en el presente, más un fuerte proceso de modernización en equipos y entrenamiento. Sin embargo, la negociación es tensionada por divisiones internas que por un lado concentran a partidarios del diálogo, en tanto que otros son más escépticos y creen que estas conversaciones pondrán en riesgo los avances en la seguridad conseguida en los últimos años. Por su parte, las FARC están conscientes de que Santos hoy más bien parece ser un Presidente si no debilitado, al menos “atrapado”. La economía no crece como hace unos años, en tanto que los escándalos de corrupción han acorralado al gobierno, de manera que lo único que el Presidente hoy puede ofrecer como éxito a la opinión pública nacional e internacional es llegar a buen puerto en estas negociaciones. Al menos así lo cree el analista colombiano Román Ortiz, quien además agrega que las FARC presionarán para que este cese al fuego sea solo un tema de paralización de las operaciones, y puedan conservar su aparato militar asumiendo el control de ciertas zonas denominadas “zonas de concentración”, que bajo la excusa de la desmovilización, más bien serán lugares de control de la guerrilla.
Asimismo, agrega Ortiz, estas negociaciones tendrán como resultado una desmovilización más bien parcial, ya que el Estado colombiano tendrá que seguir enfrentando a quienes sigan activos, especialmente los vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
Un ejemplo de lo que decimos es lo ocurrido el mismo 20 de julio, día en que la policía ecuatoriana anunció el arresto de Diego Mauricio “El Paisa” Mejía Rojas, en un operativo realizado en la provincia de Sucumbios, en la frontera con Colombia. Mejía, con orden de captura internacional, no solo se le vincula a cerca de 125 asesinatos, sino que es uno de los líderes y tesorero del grupo 48 de las FARC, fuertemente vinculado al tráfico de drogas.
¿Habrá desmovilización parcial o se romperá la organización? ¿Qué sucederá con la facción más radical de las FARC? Al menos es lo que se pregunta Ortiz, quien concluye, no sin pesar, que ni siquiera el mejor escenario posible hará que la desmovilización termine con la violencia fuertemente vinculada al terrorismo, el narcotráfico y “otras actividades”. Lo concreto, concluye el analista colombiano, es que el Estado colombiano continuará sosteniendo una política de seguridad sólida a la que tendrá que seguir haciendo frente con fuerza militar capaz, bien entrenada y con recursos disponibles.
Colombia aumentará su atractivo, pero mientras no erradique del todo este conflicto, el riesgo no será “sólo” que nos queramos quedar.
Angel Soto, investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército y profesor Universidad de los Andes.
FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO