Especialmente preocupante resulta el cierre de colegios que ofrecen un excelente servicio, pues probablemente sus estudiantes deberán matricularse en establecimientos con un rendimiento inferior, lo que no es deseable.
Publicado el 01.11.2014
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En las últimas semanas aparecieron en la prensa sendos insertos firmados por un grupo de establecimientos que ha comunicado su intención de cerrar si el proyecto que termina con el lucro, el financiamiento compartido y la selección se aprueba en los actuales términos. La primera pregunta que nos surge es si efectivamente estos colegios están pensando en cerrar o si no se trata más bien de una forma de presión. Es imposible saber si se trata de una amenaza o advertencia. Con todo, es realista asumir que la aprobación de la reforma inducirá el cierre de algunos colegios, por lo que resulta necesario revisar cuáles son estos colegios, a quiénes afectan y qué aspectos del proyecto de ley son susceptibles de ser mejorados.

SylviaEyzaguirreDel total de colegios que anunciaron su cierre, obtuvimos información de 305 colegios que suscribieron, al menos, uno de los dos insertos. En conjunto, estas instituciones representan una matrícula que supera los 200 mil alumnos. Estos colegios no tienen la posibilidad de pasarse al sector particular pagado, pues atienden a alumnos de clase media, tercer y cuarto quintil, cuyas familias en general no cuentan con los recursos suficientes para costear un colegio particular pagado. Esto se refleja especialmente en el financiamiento compartido. Más de un tercio de estos colegios no cobra financiamiento compartido, el copago promedio bordea los $18.000 y el 40% de los colegios que cobran copago tiene un arancel inferior a $10.000.

 

Andres_HSi miramos los excedentes (es decir, la diferencia entre los ingresos y los costos de operación, lo que no equivale al lucro), observamos que más de un tercio de estos colegios no reporta excedentes. El resto de los colegios que sí lo hace, reporta un excedente promedio aproximado de $4.700.000 mensuales por colegio y $7.000 mensuales por alumno, considerablemente menos por alumno, pero prácticamente el doble por establecimiento que los otros colegios que reportan excedentes y no suscribieron los insertos. Esto se explica porque estos tienen prácticamente el doble de alumnos que el promedio de los colegios con lucro (entendidos como aquellos que legalmente podrían retirar parte de los excedentes, lo que no significa que lo hagan). En cuanto a los arriendos, tres de cada cuatro de estos colegios reporta gastos en arriendo o compra de muebles e inmuebles. El gasto promedio mensual por colegio es cercano a los siete millones de pesos, y el gasto por alumno mensual bordea los ocho mil pesos, prácticamente un 25% menos que el promedio en los colegios con lucro.

Respecto a sus resultados, tenemos información de puntajes SIMCE en 2009 para 208 de los colegios firmantes con una matrícula total de más de 173.000 alumnos. Controlando por grupo socioeconómico, el puntaje promedio en SIMCE de 4º básico de estos colegios no es diferente al del resto de los particulares subvencionados. Sin embargo, si separamos los colegios en tres grupos: los que tienen un puntaje significativamente inferior a la media, no significtavimante distinto a la media y significativamente superior a la media, los firmantes aparecen sobrerrepresentados (en relación al resto de los particular subvencionados) en los dos grupos superiores. Así, por ejemplo, mientras el 40% de los colegios que no suscriben el inserto tiene un puntaje significativamente inferior a la media, entre los que suscriben ese porcentaje es del 34%. Esto se traduce en que el 57% de los alumnos matriculados en estos colegios asiste a establecimientos que tienen resultados significativamente mejores que el promedio.

Al observar estos datos nos damos cuenta de que estos colegios, en general, no son muy distintos al resto de los colegios con fines de lucro, de manera que podrían ser muchos más los colegios que efectivamente estén considerando cerrar. Especialmente preocupante resulta el cierre de colegios que ofrecen un excelente servicio, pues probablemente sus estudiantes deberán matricularse en establecimientos con un rendimiento inferior, lo que no es deseable.

La pregunta que debiera hacerse el Gobierno es qué modificaciones se pueden hacer al proyecto de ley sin abandonar los principios que se persiguen, de manera de retener en el sistema a todos los que deseen seguir entregando un servicio educativo, especialmente a quienes ofrecen un servicio de calidad.

En esta línea, existen al menos dos aspectos del proyecto de ley que deben ser revisados. El primero dice relación con la prohibición de los arriendos, tanto a terceros como entre partes relacionadas. Si bien esta medida busca evitar que se retiren recursos destinados a la educación de los niños vía arriendos, hace inviable todos los proyectos educativos que no pueden cumplir con ella, obligando a los colegios a cerrar.

Existen distintas razones por las que un sostenedor podría no estar en condiciones de cumplir con este requisito, por ejemplo, porque el dueño del inmueble no esté dispuesto a venderlo, porque fueron recibidos como donación con prohibición de venta o porque los mecanismos de compra que establece el proyecto no se adecuan a la realidad de algunos colegios. Considerando que el proyecto regula los precios de la compraventa de inmuebles, no existe argumento que justifique el impedimento de regular precios de arriendo. Flexibilizar este punto resulta fundamental cuando advertimos que sobre el 68% de los colegios particulares subvencionados (con y sin lucro), que abarca a más del 75% de la matrícula, reporta gastos en arriendo o adquisición de muebles e inmuebles y que el gasto total en del sector subvencionado en este ítem es inferior al 5% de los recursos que invierte el Estado vía subvención.

El segundo dice relación con el lucro. ¿Es razonable que el Ministerio de Educación deje de financiar proyectos educativos de excelencia, cuando no puede comprometerse creíblemente a entregar alternativas de similar calidad? Dado que un porcentaje importante de los colegios que comunican su intención de cierre tienen un rendimiento considerablemente mejor que el promedio de los otros colegios corrigiendo por nivel socioeconómico, cabe preguntarse si no será mejor graduar el fin del lucro, de manera que los colegios que tienen una calidad mejor que el promedio puedan recibir una retribución justa por su gestión, y así desincentivar que cierren y se perjudique con ello a muchos niños.

 

Sylvia Eyzaguirre y Andrés Hernando, Investigadores Centro de Estudios Públicos (CEP).

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO