El pasado jueves 19 de octubre, el canciller Heraldo Muñoz dio la bienvenida a cinco magistrados venezolanos que arribaron a nuestro país en busca de asilo político. Ellos forman parte de los 33 jueces designados por la Asamblea Nacional de Venezuela —que fue electa democráticamente— para integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país. Como sabemos, el Presidente Nicolás Maduro disolvió la Asamblea y ha perseguido al Poder Judicial, lo que llevó a muchos de sus miembros a optar por el exilio.

El asilo de los magistrados se extenderá por dos años en Chile, teniendo en cuenta el peligro y la persecución a la que se han visto expuestos por discrepar de las directrices establecidas por la reconocida dictadura de Maduro. En una cita publicada recientemente por el diario La Tercera, Elenis Rodríguez señaló: “Nos obligaron a abandonar nuestra amada patria de Venezuela, pero hoy otra nación nos da cobijo, nos protege en libertad, porque ese es el derecho fundamental del hombre, la libertad y la vida”.

Si bien existe “otro” TSJ en Venezuela, su legitimidad no se valida con los estándares republicanos y democráticos que establece la Constitución Nacional, ya que las instancias que rodearon su elección estuvieron marcadas —como muchos otros intentos democráticos por subsanar la crisis política— por hechos que a todas luces dan cuenta de intervención electoral.

La anulación del Poder Legislativo ha sido clave y recurrente en todas las dictaduras, por lo que la situación de los jueces venezolanos recién llegados a nuestro país no es aislada. Debido a las acciones represivas en contra de los magistrados, recientemente se ha instaurado de forma paralela un TSJ en el exterior, compuesto por aquellos jueces que, como Elenís Rodríguez, tuvieron su origen de manera democrática. Esta especie de antítesis del TSJ de Caracas se instaló en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un acto que dio comienzo a su año judicial, uno que de seguro no será fácil.

El exilio de estas autoridades es una muestra nítida de que el chavismo recuperó las riendas del conflicto. Lo anterior se ha consolidado con las elecciones de gobernadores celebradas el pasado 15 de octubre, cuyo resultado dio como vencedor al oficialismo. Esta elección se instala como una nueva desilusión para quienes pretenden agotar las vías democráticas en la búsqueda de una solución al conflicto, y sin duda, para el pueblo. El triunfo del chavismo en esta instancia —con una participación del 60% del electorado— ha golpeado a la opinión de los expertos, que si bien esperaban una alta participación, auguraban resultados diametralmente opuestos.

Pese a que hasta el momento no existen pruebas contundentes sobre un fraude electoral, el rosario de irregularidades es conocido y no tiene sentido enumerarlas nuevamente, sino más bien recordar un hecho particular: la propia empresa informática encargada del recuento de los votos para las elecciones de la Asamblea Constituyente, elegida en julio pasado, acusó al gobierno de inflar el resultado en al menos un millón de votos.  Esperar que en estas elecciones no ocurriera lo mismo sería insistir en la cuadratura del círculo.

Por otra parte, el quiebre en la oposición se agudizó con la participación en estas elecciones de un sector y con la abstención del otro. El panorama es sombrío. Parece que las discrepancias internas hubieran obnubilado la razón de los partidos y dirigentes opositores, quienes están concentrados en luchas internas de poder, y obviando a la vez el hecho de que su estrategia y acción política son claves para la resolución de la crisis.

La desconfianza colectiva continúa sobrepasando todos los límites. No existen poderes del Estado independientes ni sistema electoral autónomo. A ello se suma que la institucionalidad hoy funciona desde el exilio, también desde Chile. Así, alejada de los valores democráticos y sin observación internacional, es previsible que todas las elecciones sean ganadas por el chavismo.

 

Natalia Farías G., investigadora Centro de Estudios Bicentenario

 

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO

 

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