Ahora, ante los casos de López y Ledezma, La Moneda se limita a expresar su “preocupación por el clima de polarización”, sin apuntar a nadie.
Publicado el 22.02.2015
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Frei, Lagos, Bachelet I, Piñera y Bachelet II. Exceptuando al primero, que no podía saber en 1999 lo que se les venía encima a los venezolanos, cuatro Gobiernos de Chile han convivido en los últimos 15 años con la revolución bolivariana fundada por Hugo Chávez. En esa década y media, cuatro ocupantes de La Moneda han observado a la distancia el sostenido proceso de descomposición institucional que hoy tiene a la democracia de Venezuela al borde del precipicio y a su economía contra las cuerdas.

Sin embargo, hasta hoy ninguno de ellos ha querido darse por entendido, como no fuera para darle la razón —palabras más, palabras menos— al régimen chavista. Y el silencio de Chile, como el de la mayoría de las democracias de la región, ha sido para Caracas un argumento legitimador de su deriva autoritaria (capítulo aparte merece la pasividad de la OEA bajo el mando de José Miguel Insulza, otro chileno que ha optado por hacer la vista gorda ante la crisis de la democracia venezolana).

Las administraciones de la Concertación (incluyamos a la actual en ese grupo) han tenido razones éticas y políticas de sobra para llamar por su nombre lo que pasa en Venezuela. Por un lado, fue allá, en 1975 —con la venia del gobierno de la época—, donde la izquierda y la centroizquierda chilenas iniciaron la reflexión política que más tarde conduciría a la recuperación de la democracia. Cabría esperar de los herederos de ese proceso cierto compromiso moral con el país que brindó sin condiciones su amistad a los que escapaban de la dictadura de Pinochet, pero de eso se ha visto poco y nada. Por otro lado, podría esperarse que una izquierda señalada internacionalmente como ejemplo de renovación ideológica y convicción democrática no dudara en denunciar los excesos de una revolución bolivariana que, diciéndose también de izquierda, no ofrece las garantías de una auténtica democracia. Pero tampoco eso bastó para que Lagos o Bachelet alzaran —sin estridencias, pero sin eufemismos— una voz de alerta.

El gobierno de Sebastián Piñera, por su parte, también pudo mostrar más consecuencia democrática y no callar como sus antecesores ante la evidencia de que el proyecto chavista iba por mal camino. Durante la gestión piñerista se acentuaron, junto con los problemas del país, todos los rasgos autoritarios del régimen venezolano, pero el temor a ser acusado de interferir en los asuntos domésticos de un vecino fue suficiente, al parecer, para inhibir a Chile de hacer una crítica que podía justificar con hechos y sin dar lecciones de superioridad moral. En lugar de eso, el Presidente chileno escogió hacer un gesto que hasta hoy resulta incomprensible: integrar la primera guardia de honor junto al féretro de Chávez, flanqueado nada menos que por Raúl Castro.

A propósito del aniversario del encarcelamiento arbitrario del líder opositor Leopoldo López, así como de la detención este jueves del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, empiezan a escucharse en Chile con algo más de fuerza, pero aún con muchos matices, los cuestionamientos de actores de la ex Concertación y la Nueva Mayoría a la forma en que el gobierno de Venezuela está manejando una crisis que, en gran medida, es de su propia autoría.

Hace un año, no obstante, el canciller chileno sostuvo que las masivas protestas estudiantiles en Venezuela eran sin lugar a dudas la antesala de un golpe para derrocar a Nicolás Maduro, validando así la represión policial que dejó decenas de muertos y centenares de heridos entre los manifestantes. Desde entonces, el Gobierno ha guardado silencio. Ahora, ante los casos de López y Ledezma, La Moneda se limita a expresar su “preocupación por el clima de polarización”, sin apuntar a nadie.

En palacio deberían recordar que si bien “es raro que una libertad, cualquiera que sea, se pierda de una vez”, como escribió hace tres siglos el filósofo inglés David Hume, sí se puede perder de a poco, hasta que desaparece por completo. Es lo que está pasando con las libertades democráticas en Venezuela, y por eso asumir el rol de espectador acrítico ante su grave crisis es tan impresentable como corto de miras.

 

Marcel Oppliger, periodista, autor de “La revolución fallida: Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez”.

 

 

 

FOTO: SENADO FEDERAL / FLICKR