El mensaje que debemos entregar hoy a los bolivianos (gobierno y sociedad) es que, sin relaciones diplomáticas y en el estado actual de tensiones bilaterales, nunca llegaremos a negociar nada con ellos.
Publicado el 25.07.2016
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La reciente venida del canciller boliviano a los puertos de Arica y Antofagasta en “una visita de inspección”, acompañado de cerca de 60 personas, a fin de investigar presuntas violaciones por parte de Chile del Tratado de 1904, constituye una verdadera afrenta hacia Chile.

Lejos de venir en visita privada, lo de Choquehuanca tuvo una intencionalidad política evidente, lo que -a estas alturas- no debería sorprender a nadie, dada la estrategia comunicacional de victimización propia de un Evo Morales que quiere reelegirse. En efecto, los medios altiplánicos dan cuenta que “el informe de la comitiva oficial, encabezada por el canciller David Choquehuanca, que viajó a los puertos de Arica y Antofagasta en Chile, denunció las humillaciones que soportan camioneros de parte de las autoridades aduaneras y migratorias chilenas”. En virtud de ello, “el Gobierno (boliviano) anunció que espera los planteamientos de todos los sectores para definir las medidas en torno al incumplimiento del Tratado de 1904” (diario El Deber, 22.07.2016). Para completar la jugada engañosa de Choquehuanca, ahora un columnista de ese país (Rafael Puente en Página Siete, 22.07.2016) señala que sus compatriotas están indignados por “la falta de respeto de las autoridades chilenas contra nuestras autoridades cuando intentaron verificar, haciendo uso de derechos ciudadanos básicos, el estado de cosas en el puerto de Arica”. Es decir, ¡el mundo al revés!

La pregunta obvia, entonces, que debemos hacernos es por qué los bolivianos no fueron parados en la frontera e impedidos de ingresar a territorio nacional. No disponían de una invitación oficial, tampoco viajaban en forma privada (el grupo comprendía parlamentarios, periodistas, etc.), el Tratado de 1904 que rige el libre tránsito de Bolivia por Chile no contempla “visitas inspectivas” bolivianas a puertos chilenos, y -para colmo- las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron rotas hace tiempo por La Paz. En suma, Chile no le debe trato especial a ninguna autoridad boliviana.

¿Cuáles son -en principio- las reclamaciones bolivianas en relación con el libre tránsito? De acuerdo con el diario La Razón (editorial del 17.07.2016), cuatro factores entorpecerían el comercio marítimo boliviano en el puerto de Arica:

(i) La privatización del puerto, donde la Empresa Portuaria de Arica (EPA) no cumpliría con los plazos y afectaría de manera directa a los transportistas;

(ii) Las operaciones de carga y descarga a cargo exclusivamente de la EPA no dan abasto para atender oportunamente a los cientos de camiones bolivianos que arriban diariamente a la terminal portuaria;

(iii) La clausura de varias playas de estacionamiento, lo que ha obligado a los transportistas bolivianos a usar espacios públicos, donde son objeto “de robos” y “manifestaciones de desprecio de los vecinos”; y

(iv) Las autoridades de Arica reclaman que los transportistas bolivianos venden diésel al menudeo (prohibido), conductores manejan bajo el influjo del alcohol, y producen mucha basura en la ciudad y en la carretera.

Si estas fueran las razones efectivas que afectan a la parte boliviana, lo razonable habría sido una comunicación por la vía consular para fijar una reunión in situ para tratar los supuestos problemas. Pero no. Todo aquello solo sirvió de excusa para que Evo inventara nuevas acusaciones contra Chile.

Como es ya evidente que nuestra diplomacia no es capaz de aplacar a un gobernante vulgar, mentiroso y empeñado en provocar a nuestro país, el gobierno chileno debiera ponerse mucho más firme e ignorar por completo las jugadas provenientes de La Paz. No es suficiente una política de apaciguamiento, como lo fue el aceptar la humillación de que extranjeros hostiles se entrometieran indebidamente en nuestro país. Tampoco basta con reaccionar, tal como eliminarles una simple granjería protocolar (exigir ahora visado diplomático). Por otra parte, aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda boliviana para negociar un acceso soberano al mar, es abrir indirectamente el Tratado de 1904 (habrían cuestiones territoriales pendientes). A su vez, con nuestra demanda por las aguas del Silala, si bien nos hemos adelantado a la contraparte, solo estamos reforzando la competencia de la CIJ. Por último, vendrán otras reclamaciones altiplánicas (río Lauca, etc.) que deberemos rechazar de plano.

En consecuencia, el mensaje que debemos entregar hoy a los bolivianos (gobierno y sociedad) es que, sin relaciones diplomáticas y en el estado actual de tensiones bilaterales, nunca llegaremos a negociar nada con ellos. Si creen que aflojaremos bajo una mayor presión internacional, están muy equivocados. Le mienten a la opinión pública internacional y nos tratan de autoritarios y prepotentes para poder victimizarse. Por ello, seamos bien claros: su “causa marítima” es solo una aspiración, un irredentismo creado artificialmente años después de la firma del Tratado de 1904 para unirlos. En cambio, si nuestros gobiernos son débiles o su americanismo implica dudas en torno a la mediterraneidad boliviana, solo estaremos gatillando el aludido irredentismo.

Lo que está haciendo Evo con su política agresiva hacia Chile (incluyendo su populismo indigenista respecto de los mapuche) es hipotecar las aspiraciones bolivianas para el futuro. Ello, porque la única vía viable para superar el daño ocasionado e intentar satisfacer en parte los intereses bolivianos (fórmula realista y no maximalista), es a través de una profundización de la integración regional y no de la confrontación bilateral.

 

Juan Salazar Sparks, cientista político, embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI.

 

 

 

FOTO: MAGALY VISEDO S. / AGENCIAUNO