El proyecto de Nueva Educación Pública o desmunicipalización se encuentra ad portas de ser despachado por el Senado. La iniciativa forma parte del paquete de reformas que este gobierno busca sacar adelante, cuyo sello ha sido la poca permeabilidad a la crítica y la falta de una adecuada reflexión, lo que se contradice con el elevado impacto que tendrá en el sistema educacional de nuestro país.
En términos nominales, se pretende dar una señal descentralizadora, manteniendo la vinculación con lo local a través de los servicios que se crean al efecto. Sin embargo, un análisis simple de la iniciativa deja ver su corazón centralista. En la práctica, lo que este proyecto genera es el retorno a una política de administración de la educación en manos de un organismo central del Estado, como es la Dirección de Educación Pública que se propone. Dicha dirección, dependiente a su vez del Ministerio de Educación, tiene un rol clave en la gestión cotidiana de cada establecimiento educacional.
Es así como el nuevo sistema de educación pública rompe con una característica que era valorada en forma transversal y que dice relación con la importancia de la gestión local, que se traduce en el hecho de que quien administra los establecimientos debe estar cerca de las necesidades de sus comunidades, lo que le permite estar en mejores condiciones para identificarlas y hacerse cargo de una manera ágil y adecuada.
No se puede desconocer que ciertos municipios no han estado a la altura de una gestión de calidad de los colegios, pero eso no significa que la lógica de una administración local deba abandonarse. Por el contrario, los esfuerzos debiesen haber estado en buscar mecanismos que permitan profesionalizar esa administración local que, en el caso chileno, tiene en los municipios su máxima expresión.
Para la gestión del nuevo sistema de educación, el proyecto establece la creación de 70 servicios locales, lo que ya genera una serie de dificultades en torno a la gestión de los establecimientos, especialmente de algunas localidades cuya población está muy atomizada y geográficamente dispersa en la región. Los colegios ubicados en las localidades más alejadas estarán desconectados de las sedes de los servicios locales, para los cuales será difícil mantener una visión aterrizada de los problemas reales de los establecimientos. Lo que resulta más grave es que la lógica de la rendición de cuentas de estos servicios locales ya no está hacia la comunidad, sino que está fundamentalmente enfocada en el poder central, y, específicamente en un funcionario que depende del Mineduc. El riesgo de politizar la gestión es evidente.
Por último, uno de los principales problemas que tiene nuestra educación tiene que ver con la debilidad de las capacidades instaladas en nuestros establecimientos educacionales, y no vemos cómo este proyecto pueda o busque resolver esa dificultad. Lo que se puede rescatar de la tramitación en el Senado es que, si bien no se consiguió corregir los aspectos más complejos del proyecto, sí se logró un acuerdo que permite una implementación de esta iniciativa mucho más atenta a lo que la realidad vaya mostrando, reconociendo las dificultades que seguramente tendrá, y dando los tiempos necesarios para poder evaluar y corregir.
Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO