Se observa en la iniciativa un excesivo centralismo en la manera de evaluar a los docentes, dejando fuera la evaluación local del desempeño y efectividad del profesor.
Publicado el 09.05.2015
Comparte:

El envío del proyecto de ley sobre carrera docente es una buena noticia en cuanto satisface la necesidad de discutir sobre políticas públicas que efectivamente incidan en la calidad de la educación chilena y se aboquen a desafíos reales del sistema. Ante el objetivo de atraer y retener a los mejores profesores en la sala de clases es positivo que se decida enviar un proyecto que destina importantes recursos a generar una carrera profesional aparentemente más atractiva, donde el desempeño del docente sea reconocido y tenga un peso relativo mayor que el solo paso del tiempo o la antigüedad.

Sin embargo, el proyecto requiere ser perfeccionado durante su tramitación legislativa. Uno de sus defectos a corregir es la escasa influencia que se le asigna al director del colegio en la evaluación del desempeño de sus profesores. Se observa en la iniciativa un excesivo centralismo en la manera de evaluar a los docentes, dejando fuera la evaluación local del desempeño y efectividad del profesor. Si bien es posible evaluar mediante una prueba centralizada los conocimientos y ciertas competencias pedagógicas de los profesores, resulta difícil pensar que su desempeño en un determinado ambiente y en la sala de clases pueda ser medido adecuadamente desde el ministerio. Es el director y su equipo quienes están en mejores condiciones para evaluar este aspecto y, en ese sentido, los aumentos de sueldo así como la permanencia de los profesores en el colegio no debiesen estar solamente relacionados con los resultados de evaluaciones externas, especialmente en el ámbito municipal donde este aspecto está actualmente restringido.

Otro aspecto que debiera revisarse es la propuesta contenida en el proyecto de ley para que se elimine la posibilidad de que otros profesionales que no sean docentes puedan realizar clases en los establecimientos escolares. Actualmente y desde la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) en 2009, se permite que ciertos profesionales con conocimientos específicos, por ejemplo en matemática o física, puedan desempeñarse como profesores en enseñanza media. La evidencia indica que Chile presenta una serie de déficits que hacen inconveniente prohibir esta alternativa. En primer lugar, evaluaciones de la calidad de los docentes en Chile indican que muchos egresados de carreras de Pedagogía no estarían logrando un conocimiento pedagógico y disciplinario suficiente. En efecto, la prueba INICIA muestra que un alto porcentaje de los profesores se encuentra en el nivel insuficiente de logro: un 35% en conocimiento pedagógico y entre un 39% a 76% en la evaluación de conocimientos disciplinarios para el año 2012. En matemática, por ejemplo, un 55% de los maestros está calificado en el nivel insuficiente. Asimismo, el sistema chileno presenta una escasez de docentes en ciertas áreas, en particular en biología, física y química en enseñanza media. Lo anterior, junto con la necesidad que tiene la educación media técnico profesional de profesores con alto conocimiento en sus respectivas disciplinas, confirma que no existe justificación para tomar una medida de este tipo. Por el contrario, el contratar a profesionales no docentes, expertos en su área y motivados por enseñar; es una opción conveniente en muchos casos, especialmente por el impacto que pueden generar en los alumnos.

Cabe destacar además que el porcentaje de profesionales no docentes que realizan clases es bajo, cercano al 2% del total de profesores, por lo que el cambio que se propone en el proyecto parece obedecer más bien a una protección gremial motivada por el Colegio de Profesores y no a una medida que busque mejorar la calidad de la educación.

Finalmente es importante destacar que según estimaciones del Ministerio de Educación el proyecto de carrera docente tendría un costo fiscal que superaría los US$2.300 millones anuales. Invertir en los profesores es una política pública que transversalmente se considera necesaria y que tiene impacto en la calidad de la educación; no es el caso de otras propuestas como la gratuidad universal en educación superior. Tratándose de recursos limitados y ante la evidencia que lo que se recaude con la reforma tributaria no alcanzará para financiar todas las reformas prometidas, es fundamental que el gobierno sea transparente con esta realidad y se evalúe cuáles son las reformas prioritarias para Chile y destinar allí los recursos.

 

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO