Es hora de que los principales actores de la vida pública y económica sean sensibles a las nuevas exigencias éticas y demuestren capacidad de conducir los cambios.
Publicado el 26.02.2015
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El cambio es inherente a la vida social; a veces se acelera, a veces parece imperceptible, pero es siempre incesante. Siguiendo el clásico dicho de Heráclito, podemos afirmar que nunca vivimos en la misma sociedad.

Nos resulta fácil reconocer los adelantos tecnológicos: hace algunas décadas, por ejemplo, no había internet. Pero nos es mucho más fatigoso percibir los cambios éticos. Conductas que hasta ayer eran de uso corriente y con plena legitimidad social, de un día para otro se vuelven reprochables y son objeto de duras críticas.

Así sucede con la ética pública.

Muchos comportamientos incorrectos tienen su origen en el período dictatorial. Y no me refiero a las violaciones de los derechos humanos, sino a la obtención y uso de la influencia y el poder, especialmente al manejo de los asuntos económicos y al abuso del poder político. Paso a paso, el país  se ha dotado de reglas más exigentes y de mecanismos de control más eficaces. Es impresionante el avance en la legislación de transparencia y en el cambio de las normas penales que sancionan la corrupción. El problema radica en que los actores políticos y empresariales –por cierto no todos ellos– parecen no haberse percatado de estas transformaciones, que corresponden a una evolución de la conciencia ciudadana que se refleja en las redes sociales.

¿Cómo explicar de otro modo, por ejemplo, que luego del sistema de acreditación universitaria se siguiera defraudando la fe pública o que se continuara obteniendo ganancias de una actividad en que la ley las prohibía? ¿Cómo entender que importantes sectores económicos participaran en procesos de colusión para alterar los precios pese a existir una legislación que defiende la libre competencia? ¿Cómo comprender que se continuara recurriendo a formas indebidas de financiamiento de las campañas políticas luego de la crisis del 2003, que dio origen a una nueva legislación sobre la materia, y al escándalo de las boletas falsas de Publicam el 2008? ¿O que los municipios destinen los fondos de la subvención preferencial para fines diferentes a la educación?

El vendaval que hoy asola la vida pública, poniendo en el banquillo a empresarios y políticos, tiene su principal origen en la incapacidad para percibir los cambios éticos y adecuar las conductas a esas nuevas exigencias. Era obvio que la creación del Ministerio Público iba a implicar un mayor rigor de probidad tanto en el sector público como privado, con la existencia de fiscales cuya misión es precisamente indagar los delitos, incluso los de alta complejidad. En la misma dirección apuntan las reformas a la legislación antimonopolio, defensa de los consumidores, compras públicas, justicia tributaria y aduanera, entre otras.

Me tocó conocer de cerca un caso extremo de desajuste entre un cambio ético y la percepción de los actores públicos y privados. Me refiero a la llamada “operación manos limpias” en Italia, llevada adelante por los jueces y que tuvo como consecuencia poner en el banquillo a toda una elite dirigente que había conducido los destinos de ese país desde la postguerra con notable éxito. Muchos fueron procesados, algunos se suicidaron o buscaron el camino del exilio. Fue un período dramático que terminó con la disolución de los principales partidos políticos. Lamentablemente –paradoja de la historia– esa operación de limpieza pública desembocó en el gobierno de Silvio Berlusconi, que en sí mismo concentra el poder económico, político y mediático.

Es hora de que los principales actores de la vida pública y económica sean sensibles a las nuevas exigencias éticas y demuestren capacidad de conducir los cambios. Fiscales y jueces deben indagar las irregularidades y sancionar los delitos ya cometidos. Los políticos deben diseñar el futuro y los empresarios dar ejemplo de rectitud y transparencia en el manejo de los asuntos económicos.

No podemos quedar prisioneros de las acusaciones y recriminaciones cruzadas, ni la agenda pública puede estar copada sólo por los escándalos. Sin interferir en los procesos judiciales, hay que diseñar un camino compartido que ponga a la sociedad a la altura de las normas éticas que la ciudadanía exige. La agenda de transparencia debe ocupar el lugar que corresponde en el año político que se inicia en marzo.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

 

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO