Con la excusa de reservar agua para cumplir una función de subsistencia y de preservación, el Estado podrá disponer de derechos ya otorgados (expropiación) e impedir su libre transferibilidad. Nada bueno puede resultar de aquello.
Publicado el 11.10.2014
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Hay que reconocer que este gobierno es consistente: anuncia con entusiasmo malas ideas y luego no duda en implementarlas. Antes fue la reforma tributaria, ahora la educacional, y ya vendrán la laboral, previsional y el sistema de seguros de salud privado, por nombrar algunos. La más reciente es la de aguas, que ingresó este miércoles al Congreso y que se alinea perfectamente en el “relato” de mayor control estatal, limitación a la actividad privada y debilitamiento de los derechos de propiedad. Súper coherente, no hay duda.

Ya en el programa de gobierno, y luego durante la cuenta pública de mayo 2014, la Presidenta Bachelet había anunciado la intención de establecer que el agua es un “Bien Nacional de Uso Público”, aun cuando –hay que recordarlo- esto ya está actualmente reconocido en el Código Civil y en el Código de Aguas. La modificación a nivel constitucional está pendiente (paciencia, ya viene), pues se decidió avanzar primero con una indicación sustitutiva que modifica dicho Código.

La razón para estos cambios radica en un diagnóstico, a mi entender, equivocado respecto del funcionamiento del mercado del agua en Chile –que ha sido valorado incluso por organismos como el Banco Mundial- y de la responsabilidad que recae en la gestión privada frente a las deficiencias del mismo. Recuérdese que la sobreexplotación de los recursos hídricos surge básicamente de una mala gestión del Estado que sobreotorgó los derechos de aprovechamiento de agua (DAA), a lo que se ha sumado una débil fiscalización.

Lo anterior no desconoce que deban realizarse mejoras para superar las insuficiencias existentes en la actual legislación de aguas. Sin embargo, estas dificultades no se solucionan dando mayor discrecionalidad a la autoridad, así como tampoco se resuelve la escasez o sequía estableciendo en la Constitución un derecho universal al agua. Lo que realmente se necesita es proponer los cambios adecuados para abordar los problemas identificados en los diagnósticos elaborados por la Dirección General de Aguas (DGA), el Banco Mundial y expertos independientes (académicos y el Instituto de Ingenieros, entre otros), que permita garantizar un uso sustentable del agua y, al mismo tiempo, promuevan el desarrollo de la actividad productiva para el progreso socioeconómico del país.

La propuesta legislativa del Ejecutivo apunta, sin embargo, en una dirección distinta, priorizando un giro importante hacia una mayor injerencia del Estado y el control sobre el uso de los DAA, lo que atenta contra el buen funcionamiento del mercado y el uso eficiente del recurso. Se propone un cambio de concepción de los nuevos DAA, pasando de ser un derecho permanente a uno con duración máxima de 30 años, renovable salvo que la DGA acredite el no uso efectivo del recurso. Esto afectaría la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de actividades que usan el agua como insumo, tales como la agricultura, la hidroelectricidad, los servicios sanitarios y la minería, pues son precisamente los sólidos derechos de propiedad, libre acceso, libre transferibilidad, la intangibilidad de los derechos y el libre uso y goce de las aguas, las características que han permitido el fuerte desarrollo de estas actividades en el pasado.

Se establecen también plazos límite de no uso para resolver la caducidad de los DAA. Frente a esta alternativa, preocupa la facultad de expropiación por parte de un funcionario público, que abre la posibilidad de que se actúe discrecionalmente para extinguir derechos legítimamente adquiridos.

Se permite, a su vez, limitar el ejercicio de los DAA en función del interés público, reduciendo temporalmente o redistribuyendo las aguas. Al respecto, cabe recordar que bajo la legislación actual, las aguas también son expropiables por causa de interés público, o puede limitarse la constitución del DAA si en los hechos es prioritario el abastecimiento de la población. La diferencia es que el proyecto actual parece querer desconocer que los derechos de propiedad sobre las aguas están amparados en la Constitución, con lo cual están sujetas a indemnización en caso de expropiación. No se trata entonces de que el consumo humano y el saneamiento no se reconozcan actualmente como usos prioritarios, sino de cómo se ejerce esa preferencia.

El proyecto además prohíbe el otorgamiento de DAA en Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen, pese a que tales restricciones debieran seguir la lógica del desarrollo sustentable, que aboga por no contraponer el desarrollo productivo con la protección medioambiental, sino hacerlas compatibles. Las prohibiciones a priori no admiten soluciones alternativas que permitan promover el progreso sin afectar el bien medioambiental protegido.

Estas y otras medidas contempladas en el proyecto introducen limitaciones al ejercicio del DAA y cambios al sistema que en nada contribuyen a asegurar una mayor disponibilidad del recurso hídrico ni una menor conflictividad entre usuarios. Con la excusa de reservar agua para cumplir una función de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá disponer de derechos ya otorgados (expropiación) e impedir su libre transferibilidad. Nada bueno puede resultar de aquello.

 

Susana Jiménez, Economista Senior Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: OSVALDO VILLARROEL / AGENCIAUNO