A diferencia de la gratuidad universal, la combinación adecuada de becas con un sistema de crédito bien diseñado permite compatibilizar de la mejor forma un sistema educativo diverso, con la libertad de elección de los jóvenes y una política fiscal responsable.
Publicado el 05.09.2016
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En las últimas semanas se dio a conocer la instrucción que la Presidenta Bachelet dio a sus ministros de Hacienda y Educación de examinar alternativas al sistema de financiamiento estudiantil denominado Crédito con Garantía Estatal, más conocido como CAE. Lo anterior como una reacción a las críticas que parlamentarios del Partido Comunista han reiterado, junto con la Confech y otros grupos organizados en torno a lo que consideran es un elemento fundamental en la “mercantilización del sistema educacional” que debe ser erradicado.

Cualquier anuncio presidencial de revisar una determinada política debiese ser bien recibido, considerando que da muestra de un ánimo de identificar sus falencias y mejorar lo que sea necesario para que cumpla mejor su objetivo. Lo anterior cobra más validez cuando el trabajo se funda en la evidencia y en un diagnóstico adecuado. Lamentablemente en este caso existen razones para preocuparse, toda vez que hemos visto en el último tiempo cómo el rigor analítico que debiese guiar el trabajo de las autoridades tiende a ceder ante la presión que ejercen determinados grupos de interés. Teniendo en cuenta aquello y ante la vaguedad del encargo presidencial, es importante tener claridad que no es lo mismo perfeccionar el sistema de créditos para estudiar en la educación superior que eliminarlo.

Antes del CAE, aprobado en 2005, las ayudas que el Estado entregaba para facilitar el acceso a la educación superior estaban concentradas en forma casi exclusiva en las 25 universidades del Consejo de Rectores y para un número reducido de estudiantes. Así, un joven que deseaba ingresar a una institución diferente estaba obligado a financiar sus estudios por sus propios medios o bien accediendo, en forma limitada y a un alto costo, a la escasa oferta de créditos disponibles. Con el CAE el Estado comienza a hacerse cargo de esta discriminación arbitraria en el trato que se daba a los jóvenes que deseaban estudiar, facilitándoles el acceso a créditos de largo plazo que sin la garantía estatal la banca no estaba en condiciones de otorgar. Todo en un contexto en el que los beneficios de la educación son innegables para quienes la reciben, tanto desde el punto de vista intangible como económico (cabe recordar que el premio salarial a los egresados de la educación superior chilena es el más alto de los países de la OCDE).

Un estudio de Tomás Rau, Eugenio Rojas y Sergio Urzúa (2013) analiza el impacto de la implementación del CAE sobre las decisiones de inscripción y deserción de la educación superior. Los resultados muestran que el CAE aumentó la probabilidad de inscripción y redujo la probabilidad de abandonar los estudios, siendo este último efecto de mayor magnitud para estudiantes con menores cualificaciones y provenientes de familias de menores recursos. Particularmente, el CAE redujo la probabilidad de deserción en primer año en un 6,8% en aquellos pertenecientes a instituciones que imparten carreras de cinco años, y en 64,3% en aquellos matriculados en instituciones que ofrecen carreras de entre dos y cuatro años.

Esta política, unida al desarrollo de las instituciones de educación superior existentes y al perfeccionamiento de las becas, ha sido un elemento importante para lograr las cifras de cobertura que hoy exhibe el país. De hecho, según cifras de la Comisión Ingresa, desde que existe el crédito al 2015 suman 718.581 las personas que han solicitado este apoyo del Estado para estudiar una carrera profesional o técnica.

Sin el CAE esos jóvenes o bien no habrían podido estudiar, o lo habrían hecho a un mayor costo o en una institución o carrera menos adecuada a sus intereses. Con todo, por tratarse de un crédito es evidente que conlleva la obligación de restituirlo. El diseño original tenía fallas que llevaron a que algunos estudiantes fuesen incapaces de pagar, lo que llevó a que en 2011 se modificara el sistema de crédito. Se bajó la tasa de interés al 2% anual y se hizo que la retribución fuese contingente al ingreso para que el beneficiado nunca pague más del 10% de su renta. Todo esto mediante un subsidio estatal que apunta a evitar el posible sobreendeudamiento.

Otro aspecto que ha sido cuestionado es la intermediación de la banca en el sistema de crédito. Aunque se esperaba que la sola garantía estatal sería suficiente para obtener menores tasas de interés, con el tiempo se hizo necesario incorporar mecanismos de subsidio para asegurar intereses más bajos, cuestión que se hizo más evidente con las reformas ya explicadas. Asimismo, la calidad de las garantías involucradas, tanto del Estado como de las instituciones de educación superior, hicieron que el incentivo natural de los bancos a cobrar fuese disminuyendo. Todo esto lleva a que sea conveniente revisar qué tan fundamental para el éxito del sistema de financiamiento estudiantil es la participación de los bancos, para así dar con un sistema que permita ampliar la cobertura del crédito resguardando de la mejor manera los recursos públicos. Durante el gobierno del Presidente Piñera se presentó un proyecto de ley en tal sentido que podría servir de base para una nueva propuesta.

No debemos perder de vista que ante el objetivo de velar porque ningún joven con capacidades y vocación quede fuera de la educación superior, el CAE ha sido exitoso. A diferencia de la gratuidad universal, la combinación adecuada de becas con un sistema de crédito bien diseñado permite compatibilizar de la mejor forma un sistema educativo diverso, con la libertad de elección de los jóvenes y una política fiscal responsable. Esperemos que el encargo presidencial apunte a perfeccionar lo que tenemos, lo que incluso podría pasar por reemplazarlo por un sistema de crédito que cumpla su propósito de mejor forma, y no se utilice para dar señales equivocas a una ciudadanía cada vez más confundida.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar.

 

 

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO.