Un discurso político que opta prioritariamente por los más débiles, y entre ellos por los niños, es sólido y robusto. Es además un discurso inclusivo, que necesita comprometer a toda la sociedad para su éxito. Y asegura gobernabilidad, porque cualquier demanda social que aparezca que no pase el test de prioridad, como la gratuidad universal universitaria, deberá ponerse a la fila.
Publicado el 18.04.2017
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A siete meses de la elección presidencial, el debate sobre la falta de relato vuelve a estar presente. Basta recordar a Pablo Longueira, que en 2011 instaló el tema al denunciar que el Gobierno carecía de un “relato político”. Para el entonces senador, faltaba algo parecido al “Crecer con igualdad” que había propuesto Ricardo Lagos en la campaña presidencial del año 2000, es decir, un concepto que “englobara una línea ideológica” y, a partir de eso, permitiera dotar de sentido a las propuestas y proyectos impulsados por su coalición.

Algunos interpretaron la “falta de relato político” como un problema exclusivamente comunicacional y respondieron que “las ideas están, pero hay que comunicarlas mejor”. Otros se atrevieron a ir más allá y afirmaron que los actos del Gobierno eran en sí mismos un relato. Sin embargo, a poco andar quedó de manifiesto que la ausencia de discurso político era un problema de fondo que no podía disolverse con un par de cuñas más o menos ingeniosas. Las mejoras en la eficiencia del Estado e incluso avances como el posnatal de seis meses, siendo relevantes y convenientes, no alcanzaban a dar forma a un proyecto político robusto.

Esa debilidad del Gobierno de derecha se vio reflejada en la derrota que sufriría –primero en la opinión pública, luego en las encuestas, y finalmente en las elecciones- frente a los movimientos sociales que cuestionaban directamente el modelo de desarrollo y la justicia de nuestras instituciones.

Si bien son altas las probabilidades de que Sebastián Piñera sea nuevamente elegido Presidente, su verdadero desafío será poder gobernar y proyectarse hacia el futuro. Y para eso se necesita construir un discurso que sirva de base y orientación a la acción del poder político, pero esta vez en el plano de la justicia y legitimidad, y no sólo desde la fría eficiencia del management.

¿Cuál debiera ser ese relato?

Una opción es hacer lo que buena parte de la nueva izquierda o líderes como Donald Trump: identificar a los “malos” y elaborar un discurso épico de antagonismo en contra de ellos, bajo el supuesto de que si encontramos a los “culpables” de nuestros problemas y los usamos como chivos expiatorios, los podremos solucionar. Sin embargo, esto no pasa de ser una ilusión persecutoria, un remedio peor que la enfermedad. Además, como señala Pablo Ortúzar en “El poder del poder”, no es necesario inventar víctimas cuando ya existen, pues toda sociedad las tiene. De eso se trata la opción preferencial por los débiles propuesta por el autor: básicamente de ordenar las prioridades del Gobierno poniendo primeros en la fila no a los que tengan más capacidad de presión, sino a los que más lo necesitan, que son justamente los que suelen no contar con los medios para hacer valer sus derechos y demandar soluciones. Se trata de dar prioridad a los débiles -no sólo a los pobres-, esto es, a personas que estén en una situación de alta vulnerabilidad.

Sin ir más lejos, la triste noticia de la muerte de Lisette en un hogar del Sename nos recordó que, mientras se discute en la comodidad de los sillones del Congreso una gratuidad universitaria propia de países ricos y desarrollados, tenemos cientos de miles de niños vulnerables que ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas que les permitan llevar una vida digna. Las estadísticas carcelarias nos muestran que la mayoría de los presos del país crece en el mismo Sename. Y quizás no hay mayor injusticia que condenar a niños que han nacido en contextos vulnerables a llevar una vida miserable de pobreza, marginalidad, delincuencia y exclusión, donde sólo algunos pocos, verdaderos “héroes”, logran salir adelante.

Un discurso político que opta prioritariamente por los más débiles, y entre ellos por los niños, es sólido y robusto. Es además un discurso inclusivo, que necesita comprometer a toda la sociedad para su éxito. Y asegura gobernabilidad, porque cualquier demanda social que aparezca que no pase el test de prioridad, como la gratuidad universal universitaria, deberá ponerse a la fila.

Un Gobierno anclado en prioridades concretas sostenidas en principios de justicia no sólo tiene un relato, sino que tiene una misión que puede defender contra viento y marea, seguro de no ser derrotado por la mera fuerza o la furia de quienes gritan en las calles.

 

Alejandro Fernández, director ejecutivo Instituto de Estudios de la Sociedad

 

 

FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO