Izquierda Autónoma responde una columna de José Joaquín Brunner publicada en El Líbero. Lo acusa de "desfigurar las propuestas originales" del colectivo, calificado como de “neoizquierda” por el sociólogo.
Publicado el 19.06.2016
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En una columna en este mismo medio, José Joaquín Brunner valoró positivamente algunos aspectos de las propuestas de Izquierda Autónoma en educación. Aunque los apoyos deben agradecerse, en este caso se otorga a partir de una lectura que desfigura las propuestas originales. El presente artículo intenta explicar el problema y responder al planteamiento de Brunner.

Como se sabe, las políticas públicas en la educación superior chilena -de las más privatizadas del mundo-, han sido presentadas casi siempre como progresistas. Es la ironía de una transición a la democracia que consolidó, con discursos de centro izquierda, el modelo de sociedad fundado por la dictadura. En el caso educacional, esta paradoja hubiese sido imposible sin la obra intelectual de varios personeros concertacionistas. Brunner es el más significativo de todos ellos.

La arquitectura conceptual de la gran paradoja

Lejos de una tosca justificación del lucro o del mercado en base a un par de axiomas abstractos de teóricos neoliberales, este pensamiento desarrolla por varias décadas una argumentación sofisticada desde influencias sociológicas marxistas y funcionalistas.

De ahí el peso que ha tenido en la cultura política concertacionsta, exhibiendo un lenguaje distante de la ortodoxia neoliberal. Su opción por el mercado en educación no es de principios sino pragmática. Se recoge la discusión internacional que tematiza una estructural mercantilización educativa asociada a la modernización actual. La obra dictatorial, se dice, sólo caminó autoritariamente, y de manera equivocada, se agrega, por el inexorable curso de la modernización. La inevitabilidad de este camino encuentra su razón en que -para voces de izquierda y de derecha- las antiguas oligarquías académicas o los estados de bienestar ya no serían motor posible para la transformación que la “sociedad del conocimiento” demanda a la educación. La antigua universidad elitaria, pública o privada, debe dar paso a la educación superior masiva. Apoyándose en múltiples fuentes, Brunner construye la idea de que el mercado deviene, en esta época histórica, en el motor fundamental de modernización y masificación de la educación superior.

A tal giro pragmático le sigue su consecuente adaptación teórica. El pesado marxismo estructuralista de raíz althusseriana, profesado en juventud, es reemplazado por una lectura propia del funcionalismo y de la economía de la educación. Citas mainstream se acompañan con otras de Marx, pues Brunner recuerda -con justa razón- que Marx siempre tuvo muy en cuenta la capacidad constructiva y modernizante del capitalismo.

Esta intelectualidad llama a la joven democracia, en los inicios de los 90s, a no reconstruir la vieja educación pública. Se la dibuja como rémora de oligarquías académicas y de un Estado extemporáneo. Lo correcto -se sugiere- es continuar el camino ya emprendido por la dictadura. No es hora de transformaciones sino de ajustes: el viejo Estado docente no volverá; la antigua Universidad Nacional no tiene lugar en el futuro. Su añoranza es simple oposición a la modernidad (que brota del mercado). Es conservadurismo estatista, se concluye.

Pero ni Brunner ni los demás ideólogos concertacionistas, salvo en casos extremos, olvidaron el efecto destructivo de los mercados desregulados. Puntualizaron muchas veces el carácter mágico y falaz de su “autoregulación”. La opción pragmática por el mercado no niega, entonces, la necesidad de Estado. Todo lo contrario. Se necesita más y mejor Estado, pero no como proveedor de la extemporánea educación pública, sino como agente coordinador, evaluador y financista. El Estado subsidiario impuesto por la dictadura, aquél que sólo intervenía ante fallas de mercado, debe dar paso al Estado evaluador: un poder público que regula y orienta a los mercados, por medio de normas y estímulos, de tal modo que puedan cumplir fines públicos. Brunner sintetiza esta idea recurriendo a Gramsci: el Estado evaluador se transforma en el intelectual orgánico del mercado (Brunner, J. J. (n.d.). Con ojos desapasionados (ensayo sobre cultura en el mercado)) .

De tal manera la política de educación superior de los gobiernos concertacionistas ha podido mostrarse siempre como un avance progresista. Mientras la derecha formal brega por menos regulaciones y mejor focalización del gasto social, su contraparte ha impulsado nuevas instituciones reguladoras y un aumento sistemático del gasto fiscal y sus beneficiarios. Desde 2004 el Estado se hace presente a través del sistema de aseguramiento de la calidad, del cual depende la garantía estatal a los créditos estudiantiles (el CAE aprobado en 2005). Se “guía” así al mercado hacia una expansión más amplia y democrática de la educación superior, incorporando a ella a segmentos sociales nuevos y más vulnerables, sin descuidar su calidad.

Este relato tiene un enorme poder en las imágenes que prevalecen sobre la educación superior en Chile. Son categorías que pierden carácter de tal para constituirse en genuina realidad ante los sujetos formados en ellas. El Estado evaluador deja de ser un producto histórico y se transforma en el Estado a secas. Más Estado se presenta entonces como menos mercado. La educación pública pierde sentido, y la identidad socialdemócrata en las políticas educativas se interpreta bajo este nuevo código: la intensidad con que se regula, guía y financia al mercado.

Cuando la política educacional sigue este derrotero -aun después de 2011-, Brunner no duda en llamar “socialdemócratas” a las medidas de Piñera, pues desafían a la derecha formal y aumentan la presencia del Estado. Apoya la opción presidencial de Velasco porque abraza banderas socialdemócratas y modernas. Y cuando Izquierda Autónoma presenta su propuesta a la ministra Delpiano, Brunner concluye que el conglomerado político emergente, al sugerir un cambio paulatino y realista, valida el sistema de educación superior existente.

Por supuesto que Piñera no es un socialdemócrata, ni tampoco Velasco, ni la Izquierda Autónoma apoya el statu quo. Es que el peso de todo este relato es tal, que vuelve plausibles aseveraciones de este tipo. La construcción ideológica ha llegado tan lejos que la realidad se ve contrariada hasta en sus descripciones más evidentes para cualquier observador.

Lo cierto es que este relato se aleja bastante de los hechos.

La modernización educativa que no moderniza

La imagen de un Estado que regula y hace más justo a un mercado que, por sí solo, produciría más desigualdad e injusticias, no es cierta. En el caso de la educación superior, en lo esencial, el Estado no regula el mercado sino que lo crea. Pero no produce actores competitivos que busquen ganar por calidad la competencia, sino que extiende derechos monopólicos a grandes controladores que acceden a nichos de acumulación regulada. Más que mercado racional y competitivo hay rentismo. Se instala una combinación entre grupos conservadores, bancos, grupos empresariales locales, entidades gremiales del empresariado, y transnacionales. Esto en vez de reconstruir la educación pública.

Con el discurso de la focalización del gasto social y la ayuda a los estudiantes más vulnerables (vía CAE y becas), los recursos del Estado se han abierto a destajo para alimentar a los intereses privados descritos; incluida la banca. Más que subsidios entregados a estudiantes que optan libremente, juez y parte incestuosamente relacionados abren la llave y disponen de los recursos fiscales en el mismo acto. No hay mucha competencia -la ganancia está asegurada- ni interés en la educación propiamente tal -la ganancia no depende ella-. Con honrosas excepciones, no observamos un mejoramiento sustantivo de prácticas docentes, ni un aporte más rico a la cultura nacional, ni una mayor capacidad de desarrollo científico (todas cuestiones en las que dominan las instituciones públicas y tradicionales). Nada de esto es necesario para que el sistema -si puede ser llamado así- funcione.

La expansión de la matrícula, y con ella el ingreso de amplios sectores sociales a la enseñanza terciaria, hipertrofia entonces una educación superior segregada, lucrativa y sin mayor densidad, que no moderniza ni integra. Lo contrario de la promesa de la sociedad del conocimiento. La educación superior deviene en notorio observable del desagarro y apartheid social de nuestro país. Todo esto no por la ausencia de Estado sino justamente por su acción.

Por eso 2011 y 2016 sorprenden a estos intelectuales. Los hijos de la modernización de mercado no agradecen, protestan. En realidad, el Estado evaluador no es otra cosa que fuente de recursos para un rentismo único en el mundo. Una expectativa social altísima y enormemente extendida de movilidad social choca con una educación terciaria cuya fisonomía responde a los más voraces intereses privados que han acaparado el Estado. De modernidad ni el aroma. Más Estado evaluador no es menos mercado. Más Estado evaluador es, simplemente, más ganancia. Este es el triste papel de las tecnocracias concertacionistas: hacer innecesaria a la derecha formal bajo discursos de centroizquierda.

Los jóvenes ponen esta verdad en el tapete. Deben hacerlo ellos porque un coro de ideología y saber técnico -que ni tecnifica ni clarifica nada- bien esconde este desolador panorama con los comentados fantasmas. El debate técnico es tan ideológico que su valía intelectual se pierde y se reduce a las credenciales del “capitalismo académico”. Por eso no explica ni predice el malestar. Se acumulan investigaciones sobre aspectos puntuales, pero se naturaliza completamente el panorama general. Sin imaginar siquiera un cambio de fondo, y por la necesidad de soluciones, se abre paso el irracionalismo de cáscara técnica. Loas a la innovación se lanzan en una educación superior que copia sin pudor ni seriedad modelos ajenos. El emotivo coaching a estudiantes reemplaza un tratamiento académico y racional de sus dificultades. Cánticos contra el estatismo abundan cuando se vive de cheques estatales. Cupos de equidad se diseñan siendo su impacto equivalente al de un balde de agua en el océano (so pena sean en sí positivos). Ejemplos sobran.

En este desolador panorama, por cierto que existe una izquierda conservadora. Pero las propuestas más significativas de los movimientos sociales no caben ahí. Si ponemos los límites entre conservadurismo y pragmatismo -como sugiere Brunner- en el reconocimiento de la existencia de la educación privada y en el hecho de que el Estado pueda apoyarla con sus recursos, todas las propuestas del movimiento social por la educación son pragmáticas, incluso las aparentemente más radicales. Así ocurre con las propuestas de la CONFECH, de la CONES y de la ACES. El totalitarismo estatista sólo existe en la mente del analista, no en las propuestas de las fuerzas de cambio.

Luego, la aplicación de la siguiente caricatura -de izquierda moderna que acepta el mercado- tampoco es correcta. El reconocimiento histórico al hecho de que las universidades Austral, de Concepción y Técnica Federico Santa María -las laicas tradicionales fundadas por poderes públicos-, a pesar de no ser estatales, y con debidos cambios y exigencias, puedan ser consideradas parte del espacio público; es utilizado torcidamente por Brunner para concluir que cualquier entidad puede ser pública. Es evidente para un lector informado que una cosa es este reconocimiento, y otra muy distinta pensar que una Universidad de una transnacional o parte de otro Estado puedan considerarse públicas.

Pensar en el Estado como agente educativo mayoritario no es extemporáneo. Así sucede en la mayor parte del mundo occidental. Si Chile hizo otra cosa no fue por una todopoderosa globalización, sino por las decisiones políticas de la transición. Además, no se necesita tener el punto de vista de Brunner para criticar la concentración del poder del viejo Estado o el papel regresivo de las oligarquías académicas. Las fuerzas de cambio polemizan con el conservadurismo académico que rechaza universidades públicas masivas, y además se preocupan por el papel que la sociedad y las comunidades juegan en la educación. La diferencia es que esa sociedad no se reduce al mercado. El espacio público se entiende como la expansión de la democracia, de esa sociedad en tanto ejercicio de ciudadanía, y no como mercado ni como subsidio para participar en él.

Estertores de un conservadurismo irresponsable

La idea de una izquierda estatista, de una centro izquierda moderna que “guía” al mercado y de una derecha pro mercado autoregulado, es un mito que esconde la verdadera polaridad: entre una sociedad forjada en una aguda mercantilización de la vida, que se plantea recién hoy la reconstrucción de una verdadera educación pública en Chile; y una casta empresarial que acapara el Estado y abusa de una retórica progresista.

No es que se actúe con malicia, o se esté defendiendo al mercado por principio sin reconocerlo. Es el peso de estas categorías confundidas ya con la realidad. Por eso el analista, cuando ve voluntad de hacer política y no sólo consignas, concluye que… le han dado la razón a él. Lo que animó su lúcida crítica a la “retroexcavadora” como exabrupto verbal, sin que el Programa de la NM fuera de hecho un proyecto de transformación de fondo, ahora se radicaliza al negar que la desmercantilización de los derechos sociales sea siquiera imaginable. Si no se es de derecha, no hay más posibilidad en la historia que caer en la caricatura del estatismo trasnochado (la retroexcavadora inviable, si se toma en serio), o en la izquierda “moderna” que acepta el mercado (la posición sostenida, concebida como de centroizquierda).

Así se separa al movimiento social, que es motejado de infantilista, de las propuestas “serias” de la izquierda moderna, parecidas a las propias. Se manipula todo para reimponer la separación entre una sociedad que se construye y proyecta como actor a través de los movimientos sociales, de los esfuerzos políticos que se gestan en su seno, llamándolos a sumarse al coro que naturaliza el mercado, y por ende, a neutralizar al movimiento social.

El talón de Aquiles de este razonamiento es que, por su pesada carga ideológica, resulta incapaz de comprender el origen de los efectos catastróficos de la educación chilena. Así, ante cada problema, receta más Estado evaluador, lo que, según hemos visto, no soluciona nada sino que acrecienta la próxima crisis. La historia del CAE muestra esto con nitidez. Por lo mismo, por más llamados que se hagan a la cordura y a recuperar la gobernabilidad, resulta incapaz de producirla. Todo lo contrario. Es que no hay instancia evaluativa o fiscalizadora -agencia de calidad o superintendencia- que permita evadir la necesidad de ir más allá del Estado evaluador y subsidiario. No hay beca que soslaye este asunto, por más que se le llame “gratuidad”. Todas esas medidas, algunas por cierto necesarias, no cambiarán sustancialmente el injusto y desquiciado panorama de la educación superior chilena. Esto hay que aceptarlo.

En su reverso, el movimiento por la educación no es infantilismo sino la posibilidad de recuperar la cordura: reconstruir una educación pública, masiva, gratuita y de calidad, que recupere el espacio ante la hipertrofiada educación rentista. El mercado no es el motor de la modernidad, es la democracia. Debemos construir una educación pública para el siglo XXI, de tal manera de incorporar en ella a los amplios segmentos sociales a los que hoy se les receta rentismo y mala educación. Es la democracia la que reemplaza al mercado, no los subsidios ni las agencias. Es la educación pública. Es a tal horizonte, en cuanto desafía a los intereses privados dominantes, que el coro de ideólogos cierra el paso, caricaturizándolo como imposible e irresponsable.

La educación pública actual es apenas un rudimento sobre el cual comenzar esta transformación. Se requiere acometer sobre ella una genuina reforma, de tal manera de expandirla y articularla para que sea la sociedad masivamente quien integre sus aulas. Para que sea de verdad pública. Es un camino difícil, pero posible. Y no es contradictorio -una educación pública nueva y mayoritaria- con la constitución de un espacio de educación privada que colabore con la función pública, que reconozca a proyectos privados que efectivamente aporten al país.

Este es el camino que, en nuestra opinión, deben tomar las fuerzas realmente progresistas y de cambio. No contra el movimiento social sino junto a él, respetando siempre su autonomía. Este es el verdadero camino pragmático. Y hoy sí es posible para ese nuevo Chile ir más allá del malestar y del criticismo. 2011 abrió una esperanza que en 2016 debe concretarse en cambios. Ciertamente no será fácil. Cada paso de la educación pública en nuestra historia ha sido posible por la unidad de las fuerzas democráticas, y ha significado una ampliación de la democracia política. En todo momento la resistencia de la oligarquía fue feroz y seductora. Se propuso dividir a las fuerzas de cambio y poner a la realidad existente como última posibilidad humana. Como vemos, esta vez no será distinto.

 

Víctor Orellana C., Izquierda Autónoma.