El Presidente o Presidenta que asuma el próximo 1 de enero de 2019 recibirá un Brasil aún herido por la crisis de probidad de sus políticos y con una economía que no repunta. Un escenario más que adverso que podría acabar destruyendo la carrera política de cualquiera.
Publicado el 29.08.2017
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Pasado mañana, 31 de agosto, se cumple un año de la destitución de Dilma Rousseff como Presidenta de Brasil. Un episodio que sacudió profundamente a este gigante sudamericano y que, lejos de lo que muchos esperaban, no ayudó a resolver la grave crisis política de ese país.

Vale la pena recordar que el juicio político en su contra no estuvo motivado por escándalos como el “Mensalão” o las denuncias de corrupción que vinculan a la estatal Petrobras con OAS u Odebrecht. Lejos de eso, Dilma Rousseff fue objeto de un juicio político (o impeachment) debido a la acusación de haber manipulado las cuentas públicas en 2014, precisamente el año que se postuló a la reelección.

Durante los casi nueve meses que duró todo el proceso quedó claro que buena parte de la opinión pública focalizó en ella —y en esta acusación específica— todo el malestar y frustración producto de las numerosas denuncias que afectaban (y aún afectan) de manera transversal a la clase política brasileña. Ante eso, el voto de los 61 senadores a favor de destituirla (era necesario un mínimo de 54 votos) en gran medida buscó que “ella pagara por todos”, que fuera un escarmiento público que aplacara la ira de la ciudadanía, la cual no dejaba de marchar y protestar en las principales ciudades de Brasil.

Durante el proceso, Dilma Rousseff declaró en reiteradas ocasiones que estaba siendo objeto de un golpe de Estado, sin embargo, el mecanismo del juicio político está claramente establecido en la Constitución brasileña. En ese contexto, su destitución fue legal, pero para muchos brasileños, considerando que el 60% de los parlamentarios que votaron a favor del impeachment estaban siendo investigados por la justicia, también fue ilegítima.

A un año de su salida del poder, la situación política brasileña está lejos de haber mejorado. Para el actual Mandatario, Michel Temer, quien era el vicepresidente de Rousseff y asumió la Presidencia en forma plena sólo horas después de su destitución, este jueves será un momento de amargos balances.

Según un sondeo realizado por Ibope, la popularidad de Temer a fines de julio era de apenas un 5%. En parte, porque su paquete de medidas destinadas a reactivar la economía —que considera reformas laborales y previsionales— es tremendamente impopular. Pero también porque él mismo es percibido como un “traidor”, en la medida que se desmarcó del Gobierno de Dilma cuando comenzó el juicio político.

Asimismo, a comienzos de agosto, el oficialismo logró reunir los votos suficientes en la Cámara de Diputados para evitar que Temer fuera suspendido del cargo y enfrentara un juicio por corrupción. Todo esto a raíz de un audio en que el empresario Joesley Batista —dueño de la empresa cárnica JBS— supuestamente conversaba con el Mandatario sobre la entrega de dinero al ex líder de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, en prisión por participar en la trama de corrupción de Petrobras, para garantizar su silencio.

El ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva también lo ha pasado mal, considerando que en julio pasado fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de cárcel por corrupción, sentencia que sus abogados rápidamente apelaron. Pero esta es sólo una de las varias causas abiertas en contra del ex Mandatario en la justicia brasileña, de modo que aún está lejos de respirar tranquilo.

En octubre de 2018 será la próxima elección presidencial y el escenario no es auspicioso, porque en este instante, salvo Lula (que aún mantiene un importante capital político, a pesar de los escándalos) y eventualmente Fernando Henrique Cardoso (que ya tiene 86 años), no se ven más figuras que pudieran llegar a esta instancia. Tal vez Marina Silva, que fue candidata presidencial en 2010 y 2014, podría ser una tercera carta. Sin embargo, es claro que hoy faltan figuras capaces de sostener un proyecto político y que tengan algún grado de credibilidad ante la ciudadanía.

El Presidente o Presidenta que asuma el próximo 1 de enero de 2019 recibirá un Brasil aún herido por la crisis de probidad de sus políticos y con una economía que no repunta. Un escenario más que adverso que podría acabar destruyendo la carrera política de cualquiera.

 

Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae

 

 

FOTO: DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO