La agenda del Partido Comunista, que representa a menos del 4% de los votantes de Chile, no puede imponerse sobre la mayoría responsable que debería buscar procesos de negociación transparentes que den estabilidad a la economía y a las fuentes de trabajo.
Publicado el 27.09.2015
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En los últimos años, tras el creciente poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas, se ha ido imponiendo una nefasta práctica. En efecto, los bonos por fin de negociación o de “conflicto” han pasado a constituirse en el factor más relevante del proceso de negociación. El objeto de la negociación colectiva consiste en que las partes, empleador y empleado (sindicato), logren realizar mejoras en la relación laboral en pro de tener una mejor empresa y en consecuencia mejores trabajadores.

En la medida que la empresa crece y es rentable, más condiciones favorables se dan para que los trabajadores obtengan mejores retribuciones por su desempeño. La permanencia de la empresa en el tiempo, como fuente laboral y de generación de riqueza, son objetivos claves en cualquier emprendimiento. Los ciclos económicos, por su parte, hacen que los ingresos y las utilidades de las compañías no sean siempre estables. La flexibilidad laboral, los ajustes de costos, nuevas inversiones, contrataciones y despidos, nuevos mercados, nuevos productos y servicios y cambios en el entorno político y económico, son todos elementos presentes en el día a día de los negocios. Es por esto que las empresas no pueden ni deben asegurar salarios crecientes en el tiempo, pues estos deben estar vinculados a los resultados de la compañía.

Los bonos por término de negociación o conflicto son, en mi opinión, un elemento distorsionador del proceso negociador. La productividad, el aumento de salarios ligado a objetivos cumplidos y la mejoría en las condiciones laborales, pierden relevancia frente a una posibilidad inmediata de obtener un bono por el solo hecho de firmar un acuerdo. La dificultad de que los bonos de fin de negociación sean menores que en la negociación anterior, le resta profesionalismo al proceso. El precedente creado por un monto determinado como bono de término de negociación en una empresa pública, por ejemplo, genera expectativas en otras. El chantaje, generado por unos pocos, en actividades sensibles para la sociedad, como el transporte público, los puertos, un banco estatal demasiado gravitante, los aeropuertos o en una faena de cosecha determinada, hacen que la empresa se vea obligada a acceder a pagar un bono desproporcionado de fin de negociación, el que por definición es distorsionador.

Por lo general, los bonos de fin de negociación son pagados por igual a todos los trabajadores, independiente de su salario, lo que por una parte tiene un efecto redistributivo, pero por la otra es injusto, pues el aporte de cada trabajador a los resultados de la empresa no es igual. Cuando la empresa no tiene un dueño conocido o visible, suceden situaciones muy injustas como los casos de Banco Estado o de Codelco, en que siendo empleados públicos se discrimina en contra de otros empleados públicos, como los empleados de la salud, o los profesores o los miembros de las FFAA.

Otro aspecto a considerar es el rol de los “asesores” en los procesos de negociación. Como es lógico concluir, los asesores buscan su propio beneficio, no el de los trabajadores o el de la empresa. Por lo general son mercenarios que buscan una tajada, independiente de los efectos que una determinada negociación pueda tener en el futuro de la empresa.

La complicada situación económica actual del país debería hacer reflexionar a los actores políticos, a los dirigentes sindicales, a los trabajadores y a los empresarios, para que actúen con responsabilidad y no generen expectativas o bonos que se podrían transformar en pan para hoy y hambre para mañana. La agenda del Partido Comunista, que representa a menos del 4% de los votantes de Chile, no puede imponerse sobre la mayoría responsable que debería buscar procesos de negociación transparentes  que den estabilidad a la economía y a las fuentes de trabajo. El secuestro de la gestión en las empresas, por parte de agentes políticos debe ser rechazado con fuerza por una sociedad respetuosa del derecho de propiedad.

 

Andrés Montero J., Ingeniero  Comercial U. de Chile, M.A. The Fletcher School of Law and Diplomacy.

 

 

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO