Los senadores de todos los partidos políticos, al aprobar unánimemente el proyecto de acuerdo para subir las pensiones de los altos funcionarios de Gendarmería, nos han demostrado, inadvertidamente, cómo funcionaría un sistema de reparto en el Chile de hoy, en el de ayer y en el de siempre.
Publicado el 21.07.2016
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El Senado aprobó hace un mes un proyecto de acuerdo para mantener pensiones sin tope en Gendarmería. Esto se hizo por petición de altos funcionarios de esa repartición, alarmados porque la Contraloría General de la República había interpretado la ley de manera tal que se imponía un tope de 60 UF (cerca de un millón y medio de pesos) a las pensiones de jubilados de ese servicio, lo que impedía que se produjeran situaciones como la de Myriam Olate, ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien obtuvo una pensión de más de 5 millones de pesos con 20 años de servicio.

Ya hemos comentado la forma en que se “fabricó” esta pensión por parte de su beneficiaria, con la activa e inestimable colaboración de sus superiores, que, sucesivamente, la incluyeron en la planta funcionaria, lo que le dio derecho a pensión; le aumentaron el sueldo al triple después de nombrarla subdirectora técnica (es periodista), lo que abultó la pensión; y se la cursaron en un mes en que su renta se incrementó al doble por la inclusión de bonos y asignaciones por funciones críticas, lo que volvió a aumentar el monto de la pensión.

¿Por qué senadores de todos los partidos aprobaron hace un mes un proyecto de acuerdo patrocinado por 27 senadores para solicitar a la Presidenta de la República que enviara un texto interpretativo de la ley que perpetuara el beneficio para estos funcionarios? ¿Por qué ningún senador votó en contra de este proyecto?

Porque así es la lógica del reparto. Las leyes previsionales se aprueban porque un grupo de presión se las arregla para aumentar los beneficios, sin ninguna consideración al costo que esto tiene para el país. Como las pensiones privilegiadas no alcanzan para todos, porque el sistema quebraría rápidamente, son los grupos con mayor poder de presión los que obtienen los mejores beneficios. Paradojalmente, entonces, la redistribución en un sistema de reparto se produce desde los más pobres, que tienen las condiciones más duras para jubilar, hacia los más ricos, que se retiran con requisitos mucho más blandos y pensiones con formas de cálculo mucho más favorables que las de la gran mayoría de los trabajadores.

El economista Hernán Cheyre en una columna en El Mercurio nos ilustró acerca de lo injusto del régimen de reparto que había en Chile hasta 1980. Había 32 cajas de previsión que administraban más de 100 regímenes distintos. Vale decir había más de 100 tratamientos distintos para diferentes trabajadores cuyos requisitos para jubilar diferían, y las fórmulas de cálculo de las pensiones y las contribuciones al sistema tampoco eran equivalentes.

La gran mayoría de los chilenos estaban adscritos al Servicio de Seguro Social y se jubilaban a los 65 años de edad (los hombres) y 60 las mujeres, siempre que tuvieran 800 semanas de imposiciones. Pero los empleados particulares (en ese tiempo se distinguía entre obreros y empleados) podían obtener una pensión de antigüedad con 35 años de servicios (o sea, si empezaban a trabajar a los 20, jubilaban a los 55). Los empleados públicos tenían pensión de antigüedad con 30 años, los empleados bancarios jubilaban con 24 años de servicio o 13 años si eran despedidos. En la cúpula de esta pirámide estaban los que hacían las reglas -los parlamentarios- que con un período como tales podían jubilar. También los altos cargos públicos que tenían pensiones “perseguidoras”, es decir que crecían cuando la renta de los directivos en actividad se incrementaba.

La mayoría de las pensiones estaban denominadas en pesos y tenían distintos métodos de reajustabilidad y formas de cálculo, algunas con el último año como base (los privilegiados) y otros con el promedio de los últimos cinco años (los obreros del SSS). Con altas inflaciones anuales, esto hacía toda la diferencia.

Cuando el ministro de Defensa dice hoy, con frivolidad, que el problema no son las pensiones de las cajas de la Defensa y Carabineros, sino las de sistema de AFP, oculta un dato: el Estado gasta más de mil millones de dólares cada año para subsidiar a esas cajas de modo que puedan pagar esas pensiones. Vale decir el régimen no es viable financieramente y menos aún si se extiende a toda la población.

Los senadores de todos los partidos políticos, al aprobar unánimemente el proyecto de acuerdo para subir las pensiones de los altos funcionarios de Gendarmería, nos han demostrado, inadvertidamente, cómo funcionaría un sistema de reparto en el Chile de hoy, en el de ayer y en el de siempre.

Si alguien cree que con un sistema de reparto obtendrá una pensión como la de Myriam Olate, está muy equivocado. Esas están reservadas a los beneficiarios del cuoteo político. Ojo con esto, que puede ser la próxima oferta electoral engañosa de la Nueva Mayoría.
Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

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