La irresponsabilidad con que fue tomado este tema y la liviandad para criticar el índice que refleja la competitividad entre países son sorprendentes viniendo de las autoridades de gobierno.
Publicado el 18.01.2018
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Es inevitable que esta semana comentemos el desaguisado (por decir lo menos) del economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer. El alto ejecutivo del organismo multilateral se despachó sin ningún pudor, argumento o datos certeros, una declaración dando a entender que la versión 2016 del ranking Doing Business había sido manipulada para perjudicar a la Presidenta Bachelet y favorecer al Presidente electo Sebastián Piñera.

Esto literalmente dejo la escoba en nuestro país, desatando la ira del ministro de Relaciones Exteriores, quien declaró que la modificación de ranking afectó a Chile de manera “irremediable”. Su par de Hacienda fue más allá, señalando que “la modificación de la metodología del ranking de competitividad del Banco Mundial, que afectó a Chile, sí tuvo un efecto negativo en la elección del candidato de la Nueva Mayoría”.

Pero lejos el más destemplado de todos fue el diputado Matías Walker, quién dijo “soy partidario de que la Presidenta Bachelet, junto con el Presidente electo Piñera, convoquen a un equipo de abogados  de primer nivel para que, en coordinación con el Consejo de Defensa del Estado y la Cancillería, puedan estudiar la interposición  de una acción jurisdiccional internacional, con el objeto de ver cómo a Chile se le puede resarcir del grave perjuicio patrimonial que esta alteración y manipulación le ha provocado a nuestro país”.

Todos acusando que esto se hizo en colusión con ex ministros del Presidente Piñera para perjudicar al gobierno de la Presidenta Bachelet o con el fin de impedir que Alejandro Guillier fuera elegido Presidente, como lo insinuó el ministro Eyzaguirre.

Lo cierto es que el señor Romer fue totalmente desacreditado por el Banco Mundial, que desbarató toda la tesis de confabulación de su economista jefe. Más aun, los cambios metodológicos que se hicieron en el indicador en cuestión —que mide el ambiente para hacer negocios— eran de total conocimiento en el gobierno de la Presidenta Bachelet, porque en su minuto Rodrigo Valdés, uno de los tres ministros de Hacienda de esta administración, tuvo conversaciones informales con el señor Romer. Por lo tanto, este evento estaba lejos de ser una conspiración contra la actual Mandataria y su gobierno.

La irresponsabilidad con que fue tomado este tema y la liviandad para criticar el índice que refleja la competitividad entre países son sorprendentes viniendo de la autoridad.

¿Qué pasó, entonces? El Banco Mundial, en su afán de mantener el índice actualizado, agregó un factor tributario que decía relación con el plazo en que el gobierno devuelve el IVA exportador a los empresarios del sector. En la actualidad, el Estado demora 40 semanas en reembolsar el IVA pagado por un exportador que trae una máquina para la producción de bienes que envía al exterior, siendo que en otros países ese plazo debe ser considerablemente menor o inexistente.

Obviamente, este cambio no se hace sólo para Chile, sino que es para los 190 países incluidos en el ranking; por lo tanto, está lejos de ser una estadística diseñada o manipulada para perjudicar a nuestro país.

En definitiva, la ceguera de este gobierno en no reconocer que sus reformas —en particular la tributaria— produjeron un daño enorme al funcionamiento de la economía, al crecimiento y al empleo, es lo que nos tiene cayendo sistemáticamente en los indicadores internacionales que miden la competitividad.

 

William Díaz, economista