Es difícil de comprender que, mientras el país esperaba que las prioridades fueran la recuperación de la economía, la agenda para combatir la delincuencia y definir qué ocurrirá con el financiamiento de la educación superior, la Presidenta se concentrara en que la NM mantenga el poder; politizar de una vez el proceso constitucional y convertirlo en la plataforma electoral de las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
Publicado el 01.04.2016
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Curiosamente, las señales más importantes que ha dado la Presidenta Bachelet a los chilenos esta semana no están en sus discursos, ni en los anuncios del gobierno, ni en los puntos de prensa que hace diariamente su vocero.

La primera señal la dio el lunes, en el “cónclave” del oficialismo, en La Moneda. Su mensaje fue directo al hueso: se acercan “tiempos políticos”, hay que salir a mostrar “orgullo” por las “transformaciones” realizadas en los primeros dos años y lo que está juego desde ahora es el poder político de la Nueva Mayoría.

La segunda señal la dio al día siguiente, en una reunión con el Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente. La Presidenta, probablemente aburrida de tanta neutralidad y presión por la transparencia, informó a los consejeros que el gobierno va a intervenir en el proceso; que, además, quiere monitores con opinión y no a simples conductores de cabildos; y, como para coronar, les pidió evaluar la participación de niños y adolescentes entre 14 y 18 años en los debates locales (se descartó… por ahora).

Dadas esas instrucciones, la Presidenta Bachelet partió a Whashington DC, a participar en la Cumbre Nuclear. Mientras tanto, los chilenos nos quedamos a cargo de la realidad, que es algo distinta a la que aspira a mostrar la máxima autoridad de nuestra república en los Estados Unidos.

El lunes, el Banco Central confirmó que la economía de Chile no crecerá este año al 3,5%, como había proyectado hace justo un año, ni al 3% como aseguró el ministro Valdés cuando presentó el Presupuesto en septiembre pasado, sino en torno al 1,7%. Es tan brutal la caída, que no le alcanza al gobierno con echarle la culpa al precio del cobre, ni con las condiciones internacionales que, entre paréntesis, son hoy mejores que las de Chile.

Entre el 2014 y 2016 habremos tenido los tres peores años para nuestra economía en 29 años, un problema que afecta no a las grandes empresas, los bancos y a las familias más ricas –como reza la consigna de la izquierda cuando se les recuerda el desastre que suelen dejar en los países que gobiernan-, sino justamente a quienes dependen de un empleo; a miles y miles de comerciantes, que necesitan consumidores para sustentar sus negocios; a los jóvenes y mujeres que buscan un trabajo por primera vez; y a una mayoría de chilenos que ya están viendo recortes en sus oportunidades y calidad de vida.

En los últimos días nos enteramos, también, que de los 120 mil jóvenes que el Mineduc nos dijo en el mes de febrero que tendrían gratuidad universitaria, hay 80 mil cuyo beneficio será recién confirmado a fines de abril. Es casi escandaloso que, después de todas las negligencias y signos de improvisación en las que ha incurrido el gobierno respecto de la promesa más electoral de la Presidenta Bachelet, se dé el lujo de asegurar que está todo resuelto para 120 mil jóvenes, para desdecirse dos meses después.

Mientras la Presidenta dictaba varias conferencias en la capital de Estados Unidos, en un juzgado de garantía de Temuco eran formalizadas 11 personas como coautoras del doble crimen del matrimonio Luchsinger, en enero de 2013. En tanto, en España, la justicia condenaba a 12 años de cárcel a los chilenos Mónica Caballero y Francisco Solar, por instalar una bomba en el 2014 en una basílica de Zaragoza. Los dos hechos tienen una serie de elementos en común, que dan para una columna completa y muestran hasta qué punto el terrorismo puede ampararse en las instituciones y en la protección política para mantener sus hechos en la impunidad. Un solo ejemplo: los chilenos condenados en España fueron exculpados acá por el caso bombas, tras acusar un montaje de la Fiscalía y del gobierno del ex Presidente Piñera, que dio lugar a una comisión investigadora, levantada por la izquierda en la Cámara (ambos recibieron, luego, una indemnización de 80 y 100 millones respectivamente). En torno al caso Luchsinger, las señales han sido todavía peores: casi todos los imputados pertenecen a comunidades beneficiadas con tierras de la Conadi y una de ellos también fue indemnizada el año pasado por el Estado de Chile, tras acusar la violación de sus derechos humanos por las medidas cautelares que pesaron en su contra en una primera detención por este mismo caso.

Es difícil encontrar palabras para definir a un gobierno que, con el 16% de aprobación ciudadana y un rechazo presidencial de 7 de cada 10 chilenos, tenga como prioridad mantener el poder en un próximo período presidencial y apure a sus huestes a mostrarse en la calle orgullosos de lo que ha hecho.

Más difícil aún es comprender que, mientras el país esperaba que por fin las prioridades fueran la recuperación de la economía (no se engañe, un paquete de medidas no tiene efecto alguno si no se despeja el origen del problema), ponerle full oxígeno a la agenda para combatir la delincuencia y definir qué ocurrirá con el financiamiento de la educación superior (su promesa estrella, sostenida hasta ahora en una glosa presupuestaria), la Presidenta Bachelet se concentrara en dos objetivos, simples pero de enorme profundidad: que la Nueva Mayoría mantenga el poder; politizar de una vez el proceso constitucional y convertirlo en la plataforma electoral de las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.

Tenía razón la Presidenta Bachelet. Lo suyo no es “el país del nunca jamás”, su motivo más inspirador, la energía que le permite superar sin estrés el título de la Mandataria peor evaluada de los últimos 26 años, es la Tierra del Poder.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

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