Aún no se presentan estudios que demuestren que esta ley no afectaría la decisión de los desarrolladores de llevar a cabo los proyectos, que no impactarían en los precios de las viviendas, que no reducirían la probabilidad de acceder a una vivienda propia y que, eventualmente, no encarecerían el arriendo.
Publicado el 06.04.2016
Comparte:

Estaría próxima a ser aprobada en la Comisión de Vivienda del Senado la mal llamada Ley de Aportes al Espacio Público. Esta iniciativa legal buscaría gravar con un nuevo impuesto, que en el marco del proyecto es denominado como un aporte, el desarrollo de proyectos inmobiliarios por densificación. De aprobarse la iniciativa en discusión, eventualmente frenaría el desarrollo de nuevos proyectos, toda vez que los desarrolladores deberán comenzar a compensar no sólo por las externalidades que sus proyectos podrían provocar en una determinada área de influencia, sino que además deberán soportar el pago de un tributo adicional.

El proyecto establece que existirá una evaluación caso a caso, con el objeto de determinar la cuantía de las compensaciones que se establezcan como necesarias a través de los informes de mitigación del impacto vial; esto implicaría que casi la totalidad de los recursos se destinarían a temas de transporte y ciclovías, así como para la construcción de terminales para buses; entre otras cosas, no generando la certeza suficiente a los desarrolladores de nuevos proyectos para determinar ex ante cuál es el costo total que deberá asumir por la mitigación y el aporte.

Este proyecto de ley fue ingresado por la administración anterior en agosto de 2012 y, a pesar de estar en segundo trámite legislativo y en plena discusión en particular, en junio de 2015 el Ejecutivo actual ingresó una indicación sustitutiva reemplazando la totalidad del proyecto original, la cual ha sido modificada durante la discusión parlamentaria. Sin embargo, pese a que esta forma de proceder estaría respaldada por el reglamento, hubiera sido preferible abrir un plazo de indicaciones que diera más espacio para la discusión y propuestas alternativas a las ya planteadas, privilegiando un rediseño del proyecto más que generar ciertos ajustes, que en la mayoría de los casos han morigerado los efectos de la indicación sustitutiva. Inclusive, y por qué no, que dada la radicalidad y diferencia del proyecto original con la indicación sustitutiva, hubiese sido más adecuado presentar un nuevo proyecto y discutirlo en su propio mérito.

A su vez, durante la discusión se generaron ciertas inconsistencias entre los documentos que habían sido entregados. El Informe Financiero de este proyecto de ley hace referencia a la indicación sustitutiva que fue ingresada el 2015 y no del proyecto que actualmente está siendo discutido. Más aún, este informe financiero menciona que este proyecto no tiene impacto presupuestario. No obstante, en la redacción de los artículos transitorios del proyecto entregada hace algunas semanas, se señala que los mayores gastos serían financiados por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y Transporte y Telecomunicaciones, y que adicionalmente podría ser suplementado por la partida presupuestaria del Tesoro Público, lo cual implica que sí habría un mayor costo. A lo anterior se agrega que se entregan nuevas funciones tanto a las Municipalidades como a las Seremías de Transporte y Telecomunicaciones, principalmente en lo que dice relación con la elaboración y actualización de un plan de inversión, lo cual también implicaría un mayor costo fiscal que debiera ser considerado.

Aún no se presentan estudios que demuestren que esta ley no afectaría la decisión de los desarrolladores de llevar a cabo los proyectos, que no impactarían en los precios de las viviendas, que no reducirían la probabilidad de acceder a una vivienda propia y que, eventualmente, no encarecerían el arriendo. Tampoco se entiende el énfasis para destinar los recursos en transporte o ciclovías, siendo que el espacio público y el desarrollo de una ciudad van más allá que instalar paraderos y semáforos.

Es ahora cuando tenemos la oportunidad de legislar pertinentemente las mitigaciones del impacto local que produce un proyecto y propender a que su cobro sea predecible, proporcional, imparcial y transparente. Sólo así los recursos que se recauden podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de las personas con más, y no menos, desarrollo de nuevo proyectos. Aún estamos a tiempo.

 

Sergio Morales y Paulina Henoch, Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO.