La comunidad internacional rechaza la elección de la Constituyente por tratarse de un ejercicio imposible de controlar, basado en la arbitrariedad del Ejecutivo y que no contaba con la participación de la sociedad venezolana en su conjunto. Las denuncias sobre fraude electoral confirman las peores sospechas. Se suman las condenas al régimen por las violaciones a los derechos humanos que han acompañado a la destrucción del sistema democrático y de la convivencia. Salvo excepciones, en América Latina se ha calificado el proceso constituyente como ilegítimo, y muchos hablan de la ilegitimidad del régimen mismo.
Publicado el 05.08.2017
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Una vez más, las malas noticias llegan desde Venezuela. No se trata de otra persona que se suma a los más de cien muertos que han caído en los últimos meses; tampoco de una acción específica de represión contra la oposición; ni siquiera de un exabrupto verbal del impredecible Nicolás Maduro. En esta ocasión el problema ha sido la puesta en práctica de la Asamblea Constituyente, a través de las elecciones que se llevaron a cabo este domingo 30 de julio y de su instalación ayer, 4 de agosto.

Si la polarización es una de las características más visibles de la sociedad venezolana en el presente, no es extraño que esta Asamblea sea condenada por un sector numeroso de la población. Por otra parte, el régimen está convencido de que este cambio de mano puede tener resultados beneficiosos para su perpetuación en el Gobierno de un país sufrido, dividido, reprimido, pero que se mantiene en pie a pesar de la adversidad.

Hace poco más de medio siglo, un ícono del socialismo en América Latina, Fidel Castro, resumió con especial claridad: “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”. En la misma línea, en torno al cambio de siglo y cuando apenas comenzaba el cambio de sistema político en Venezuela, su fundador Hugo Chávez definió el proceso al inaugurar su propia Asamblea Constituyente en 1999: “Es una revolución lo que está ocurriendo y nada ni nadie podrá evitarla”.

Me parece que en esa lógica debe entenderse lo que ha ocurrido en Venezuela durante el último año, y específicamente en torno a la formación de la Asamblea Constituyente. En 2016 la oposición logró reunir las firmas necesarias para que se llamara a un referéndum revocatorio, que debía decidir la permanencia o salida de Nicolás Maduro del poder, según la fórmula establecida en la propia Constitución. El Gobierno decidió no convocar a dichos comicios, que habrían permitido la solución democrática del conflicto, en la certeza de que obtendría una derrota. Si Chávez en su momento resolvía estos conflictos apelando al pueblo era en la certeza de que tenía una amplia mayoría popular detrás de él; en la misma línea actúa Maduro, por eso no convoca a elecciones.

En un interesante libro publicado recientemente en Chile, el experto Alfredo Keller explica que la oposición ha realizado diversos esfuerzos para construir una real alternativa para Venezuela. Entre los aspectos a destacar se puede mencionar la búsqueda y consecución de la unidad política, a través de la Mesa de Unidad Demócratica (MUD); la transformación de la mayoría sociológica en mayoría electoral; reforzamiento de la imagen de oposición pacífica; finalmente, la obtención de respaldo internacional a sus posiciones (en Claudio Arqueros y Álvaro Iriarte, editores, Chile y América Latina. Crisis de las izquierdas del siglo XXI, Santiago, Instituto Res Publica y Universidad del Desarrollo, 2017). El éxito ha coronado estas acciones, si bien todavía resulta imposible generar cambios mayores, por la intransigencia del régimen de Maduro.

Este ha organizado su Asamblea Constituyente con la misma lógica revolucionaria. El régimen estableció una fórmula electoral que le asegura una victoria, a través de un sistema doble: con votación territorial y votación funcional, esta última controlada por el chavismo. Por otra parte, actuó con la certeza de cambiar las mayorías vigentes en la Asamblea Nacional, para conformar un nuevo orden cuyo objetivo es mantener al régimen bolivariano en el poder. Es lo que se podría denominar un “autogolpe de Estado”. Hace algunos días José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, resumió la situación en torno al proceso constituyente: “El régimen va a intentar blindarse con un barniz —no le da para más— de un ejercicio popular democrático, pero con una estructura abiertamente fascista, que va a hacer todavía mucho más difícil una salida democrática, negociada, razonable y en el corto plazo a esta situación donde el pueblo venezolano está en una indefensión total”.

A esta altura se trata de una visión bastante extendida, que ha llevado a la comunidad internacional a rechazar la elección a la Asamblea Constituyente, por tratarse de un ejercicio imposible de controlar, basado en la arbitrariedad del Ejecutivo y que no contaba con la participación de la sociedad venezolana en su conjunto. Las denuncias sobre fraude electoral sólo vienen a confirmar las peores sospechas. A esto se han añadido desde hace mucho tiempo diferentes condenas contra el régimen, por las violaciones sostenidas a los derechos humanos que han acompañado a la destrucción del sistema democrático y de la convivencia. Por lo mismo, salvo excepciones, en América Latina la tendencia general ha sido calificar al proceso hacia la Asamblea Constituyente como ilegítimo, y muchos ya han hablado de la ilegitimidad del régimen mismo.

El Gobierno, lejos de modificar la línea de sus acciones, decidió consolidar su posición, aumentando la represión y siguiendo el proceso de control del poder total, como ha ocurrido con la instalación de la Asamblea. Tras las elecciones del domingo hemos conocido sobre la nueva detención de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma (si bien este último regresó ahora a arresto domiciliario), en un claro recrudecimiento de la represión y un ajuste de cuentas contra la oposición que ha llevado a cabo multitudinarias manifestaciones en los últimos cuatro meses. Los dirigentes opositores y numerosos venezolanos han manifestado su voluntad de no claudicar en su movilización por la democracia en Venezuela.

En el mismo capítulo de la Constitución invocado por el régimen para convocar a la Asamblea Constituyente, hay un artículo que ha pasado desapercibido en la discusión pública, y que conviene traer en la hora actual. El artículo 350 establece lo siguiente: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Aquí están precisamente los dos argumentos que la oposición ha enarbolado para resistir al Gobierno de Nicolás Maduro. El primero es la violación abierta al régimen constitucional y al sistema democrático; el segundo es la violación a los derechos humanos, que se ha ido intensificando, en parte como venganza, en parte como una forma de eliminar a la oposición política. Sin embargo, la actitud del Gobierno se ha vuelto contra el chavismo: cada vez más gente ve en una democracia normal la salida pacífica y capaz de garantizar un futuro más armónico y de progreso para Venezuela. Veremos cómo se resuelve la situación.

No será tarea fácil. El régimen de Maduro ha expresado con claridad su espíritu de “no hay vuelta atrás”, ante la certeza de que ceder en estas circunstancias sería un riesgo demasiado alto y que podría conducir a dejar el poder, cuando precisamente es el poder el objetivo que anima a la actual administración.

 

Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián, director de Formación del Instituto Res Publica (columna publicada en El Imparcial, de España)

 

 

FOTO: ALEJANDRO ZOÑEZ/AGENCIA UNO