En vez de explicar, profundizar y elaborar los sentidos -y el significado- de su propuesta, la Nueva Mayoría ha preferido librar mil escaramuzas descalificatorias, sin contribuir a una deliberación pública más rica.
Publicado el 01.10.2014
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El Gobierno, sus tecnopols, parlamentarios y dirigentes políticos exhiben una llamativa falta de habilidad para el debate ideológico. Al comienzo, ante cualquier idea distinta o cuestionamiento crítico, opusieron un rotundo rechazo en nombre de la intangibilidad del programa, al que se debía plena aquiescencia y lealtad. Servía como una fuente de autoridad definitiva. Roma locuta, causa finita.

A poco andar esta defensa escolástica agotó su potencial retórico. De hecho, el Gobierno entendió que si deseaba avanzar en sus propósitos, debía flexibilizar sus posturas y usar el programa como un marco de referencia y no como una llave para clausurar la discusión.

Se dio cuenta, además, de que al guarecerse tras un documento dogmático, la Nueva Mayoría y su intelligentsia abandonaban el campo de la persuasión política y renunciaban a la vital función de explicar el sentido de su proyecto. A fin de cuentas, su discurso se limitaba a un argumentum ad populum: ¡es lo que la mayoría votó! Fin del asunto.

A la luz de una creciente sensación de inefectividad comunicacional que rondaba en los círculos del oficialismo, se impuso la idea de pasar a la ofensiva. Consistía en denunciar cualquier crítica a las reformas -tributaria, educacional, laboral, en particular- como provocada por el egoísmo de los intereses propios. Un argumento discrepante era nada más que una máscara para racionalizarla mezquindad, los privilegios o ventajas estamentales de su exponente. Se descalificaba así un enunciado por el carácter o la circunstancia de su emisor.

La discusión en torno a la reforma educacional -fin del lucro, el copago y la selección- ha estado envuelta en esta forma abusiva de argumentación. La Nueva Mayoría, en vez de explicar, profundizar y elaborar los sentidos -y el significado- de su propuesta, ha preferido librar mil escaramuzas descalificatorias, sin contribuir a una deliberación pública más rica ni preocuparse por ganar adeptos para las nuevas ideas que procura implementar.

¿Es tan único, novedoso y complicado el proyecto esbozado en el programa como para enredarse a tal punto en su comunicación y explicación?

Para nada. Es un proyecto típicamente socialdemócrata/socialcristiano europeo de Estado de bienestar, con acceso a servicios sociales garantizados y desmercantilización consiguiente de los mismos, junto con una moderada expansión de los tributos para empezar a marchar en esa dirección. Es cierto que la retórica oficial recubre este proyecto con tonos más dramáticos. Pero evaluado en su propio mérito, lo que busca es un rol más activo del Estado teniendo como meta final un bienestar modelado idealmente ‘a la nórdica’.

¿Dónde encuentra este proyecto sus principales disidencias? En círculos progresistas que, compartiendo una similar orientación de democracia social, tenemos sin embargo visiones discrepantes respecto de las políticas más adecuadas para avanzar en esa dirección, los medios más efectivos y el diagnóstico a partir del cual han de diseñarse dichas políticas.

En la discusión de la reforma educacional surgen continuamente esas contradicciones o tensiones. ¿Es menos socialdemócrata una política de costos compartidos en la educación superior tal como existe en Australia, Canadá, Gran Bretaña u Holanda que la gratuidad impulsada por los países nórdicos a cambio de una altísima carga impositiva? O bien, ¿puede sostenerse (sin sonrojar) que en los países de costo compartido la educación superior no se reconoce como un derecho social? ¿La producción del bien público “educación” cabe hacerse solo mediante colegios del Estado -como en Finlandia- o admite también ensayar con “colegios libres” como existen en Suecia, constituidos como entidades con fines de lucro? ¿Es imprescindible que el financiamiento de las universidades se haga con aportes fiscales no-condicionados o cabe la posibilidad de usar intensamente mecanismos de cuasi-mercado como ocurre en Finlandia, Dinamarca, Holanda y Gran Bretaña? ¿Se debe acabar con toda forma de selección meritocrática en la educación secundaria o, como ocurre en un buen número de países de tradición socialdemócrata/socialcristiana, ella ha de aceptarse para encauzar alumnos con diferentes motivaciones, habilidades y vocaciones?

En breve, el mundo de posibilidades no es blanco y negro, tampoco dentro del mundo progresista. Hay socialismos a la antigua, diversas posturas socialdemócratas, liberal-progresismo, socialcristianismos varios, terceras vías, etc. A ninguna de estas corrientes corresponde descalificarlas por los argumentos que esgrime. Todos deben competir por ofrecer las mejores soluciones a los problemas que hoy enfrenta nuestra sociedad.

 

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.

 

FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO

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