La disputa en torno a la investigación de una empresa de la Presidenta permite predecir cómo será el clima cuando el Kirchnerismo deje el poder a fines de 2015.
Publicado el 30.11.2014
Comparte:

La justicia se ha transformado en campo de batalla de la lucha política y pone a la corrupción en el centro de la escena en Argentina. El Kirchnerismo logró que una jueza afín (Vázquez), sea electa para presidir el Consejo de la Magistratura, por una mayoría de 7 a 6, que definió el voto de ella misma a su favor. Para designar o remover jueces hacen falta dos tercios, pero con la mayoría simple que hoy tiene el oficialismo se pueden imponer sanciones disciplinarias y manejar los fondos asignados al Poder Judicial. A ello se agrega que el 3 de diciembre, la Cámara de Diputados daría sanción definitiva a la reforma del Código Procesal Penal, que otorga más poder a la Procuradora -hoy alineada con el Kirchnerismo-, a los fiscales que ella controla en detrimento de los jueces y que le permite designar 17 fiscales generales más y 1.700 empleados judiciales nuevos.

La justicia, a través de la Asociación de Magistrados que representa a los jueces, está reaccionando, y el apoyo que ha dado al Juez Bonadío que investiga las irregularidades en la empresa de la Presidenta que administra sus hoteles en Calafate (Hotesur), es una manifestación al respecto. Pero la cuestión es que este conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial vuelve a poner el tema de la corrupción en el centro de la escena política.

La lucha en torno a Juez Bonadío anticipa el escenario que puede enfrentar el Kirchnerismo si deja el poder en 2015. A un año de la finalización del segundo mandato de Cristina Kirchner, si los jueces ya comienzan a avanzar en las causas de corrupción contra la propia Presidenta y su hijo, como es en este caso, la situación puede complicarse aún más en 2016. La denuncia que investiga Bonadío fue presentada hace un par de semanas por una dirigente importante de la oposición, como es Margarita Stolbizer. La decisión de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGJ) de intentar cerrar las irregularidades -que incluyen no haber presentado balances desde 2010- con una multa “severa” de sólo 3.000 pesos argentinos, difícilmente terminará con la denuncia que apunta al lavado de dinero como acusación central.

El oficialismo ha reaccionado con dureza: el Jefe de Gabinete (Capitanich) ha denunciado que la justicia está realizando “golpismo activo”, en alianza con medios de comunicación y la oposición. El Secretario de Justicia (Álvarez), acusó al juez de “extorsionar” por avanzar en esta causa, para impedir que prosperen denuncias contra él en el Consejo de la Magistratura. Diversos dirigentes del oficialismo han atacado al juez (Aníbal Fernández, Randazzo, Domínguez, Di Tullio, Kunkel, etc.) y Luis D’Elia llegó a decir que quiere ver “en una pica” la cabeza de Bonadío, pero los gobernadores han sido más prudentes y sólo Uribarri se sumó a este coro. La cuestión es que esta causa es convergente con las investigaciones que realizan los “fondos buitres” en los EE.UU. sobre los fondos provenientes de la corrupción del gobierno argentino. El juez de Nevada que más ha avanzado en el tema recibió el pedido del juez argentino alineado con La Cámpora que investiga a Lázaro Báez (Casannello), de acceder a dicha información y los abogados de los “buitres” han opinado que lo haga.

En conclusión: la justicia es campo de batalla de la política, las denuncias de corrupción que afectan a la Presidenta y su hijo están en el centro de la escena y la pugna en torno al juez Bonadío, anticipan el escenario político-judicial que puede enfrentar el Kirchnerismo si deja el poder a fin de 2015.

 

Rosendo Fraga, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Argentina.

 

 

FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/GENCIAUNO