La experiencia del administrador provisional en la Arcis nos lleva a concluir que la intervención directa del Estado no es una solución; por el contrario, el sistema en su conjunto debiese estar en condiciones de dar salida a los proyectos inviables, mediante la fusión de iniciativas o la inyección de nuevos recursos desde el sector privado. Más que intervenir proyectos, el Estado debiese centrarse en asegurar las condiciones de funcionamiento del sistema y en exigir las responsabilidades en caso de mala gestión.
Publicado el 13.03.2017
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La agonía de la Universidad Arcis y las dificultades financieras por las que pasa la Universidad Iberoamericana han puesto en el tapete el debate respecto de la heterogeneidad de nuestro sistema educacional, así como de quién tiene la responsabilidad de asegurar la viabilidad de los proyectos académicos.

La existencia de instituciones diversas es una de las características positivas de nuestro sistema, ya que permite ofrecer alternativas para que los estudiantes opten por la que mejor se adecúe a sus intereses y capacidades. Con todo, la amplitud de posibilidades de elección debe ir necesariamente acompañada de un conjunto de condiciones mínimas que aseguren, por un lado, que lo que la institución ofrece sea efectivamente lo que el alumno recibe y, por otro, la continuidad de los proyectos. El sistema de aseguramiento de la calidad debe apuntar en esa dirección y complementarse con información clara y de fácil acceso sobre las características académicas y financieras de la institución, lo que permite anticiparse y corregir errores y, fundamentalmente, que los alumnos tomen mejores decisiones.

El proceso de consolidación de nuestro sistema de educación superior se caracteriza por una cobertura amplia e instituciones cada vez más sólidas. En ese contexto, mientras el grueso de las instituciones se fortalece, otras como las mencionadas más arriba se ven afectadas por graves falencias de gestión o conflictos internos que impiden su desarrollo. Aunque son una minoría dentro del sistema, el fracaso de algunos proyectos impacta negativamente a sus alumnos, académicos y funcionarios y por ello es importante darles certeza respecto de cómo seguir. La experiencia del administrador provisional en la Arcis nos lleva a concluir que la intervención directa del Estado no es una solución; por el contrario, el sistema en su conjunto debiese estar en condiciones de dar salida a los proyectos inviables, mediante la fusión de iniciativas o la inyección de nuevos recursos desde el sector privado. Para ello, más que intervenir proyectos, el Estado debiese centrar su acción en asegurar las condiciones de funcionamiento del sistema y en exigir las responsabilidades en caso que la mala gestión venga aparejada de incumplimientos legales.

Así como no fue prudente hacer un llamado público desde el Gobierno para matricularse en una universidad cuya quiebra era inminente (Arcis), también es reprochable lo ocurrido por la Iberoamericana en cuanto matriculó alumnos sabiendo que no estaba en condiciones de dar inicio al año académico. La labor universitaria requiere un compromiso total de quienes controlan las instituciones con sus respectivas comunidades académicas y estudiantiles, del cual el sector privado ha dado muestras concretas, pero que lamentablemente se ve opacado por estos casos recientes. En ese sentido, es necesario identificar las responsabilidades concretas y no culpar al modelo del fracaso de proyectos específicos.

Las señales que desde el aparato estatal se dan respecto de la calidad también son importantes. Así como hay algunas instituciones privadas que no han sido capaces de levantar sus proyectos, existen también universidades del Estado que no están a la altura y cuyas falencias en gestión financiera y académicas son evidentes. Recordemos que en la última ley de presupuesto se hizo una excepción respecto de tres universidades estatales (Arturo Prat, de los Lagos y UMCE) que si bien no cumplían con los requisitos de calidad exigidos, fueron incorporadas a la política de gratuidad, otorgándoles un sello de calidad que no les corresponde, incorporando confusión en la ciudadanía y recibiendo beneficios que por sus características no le habrían correspondido en un ambiente no discriminatorio.

Es de esperar que las reformas que están en discusión permitan enfrentar de mejor forma los desafíos que la educación superior impone, mejorando la información y evitando una sobrerregulación que puede frenar el desarrollo de las instituciones.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO