El problema claramente ha desbordado el margen de acción de la administración Bachelet. Lo que pasa en La Araucanía deja en completa evidencia tres grandes temores del Gobierno socialista.
Publicado el 15.03.2017
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El domingo recién pasado fueron quemados 19 camiones en La Araucanía, lo que se suma a una larga seguidilla de atentados incendiarios en la región. Estos ataques han afectado a camiones, maquinaria industrial, predios privados e incluso han cobrado la vida de personas inocentes, como las del matrimonio Luchsinger–Mackay. La violencia, las amenazas y el terrorismo se han transformado en parte de la vida cotidiana en la zona.

El presidente de la Confederación Nacional del Trasporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, hizo un llamado al Gobierno a que enfrente el problema como corresponde y de acuerdo a la gravedad de la situación, decretando un estado de excepción constitucional en la región. Todo el país percibe la terrible situación, pero algunos pocos permanecen en la indolencia.

El problema de violencia en La Araucanía y lo que malamente se ha llamado “conflicto mapuche” es una situación de larga data y que atraviesa la gestión de varios gobiernos. Involucra el necesario reconocimiento del aporte cultural del pueblo mapuche y de nuestros pueblos originarios en general; la situación compleja de la propiedad de la tierra, lo que se ha visto agravado por una política desastrosa de compras de predios por parte del Gobierno, que termina fomentando los conflictos en la región; y por supuesto, los actos de violencia, que por su naturaleza y finalidad, no podríamos sino catalogarlos como terroristas.

Sin embargo, el problema claramente ha desbordado el margen de acción de la administración Bachelet. Lo que pasa en La Araucanía deja en completa evidencia tres grandes temores del Gobierno socialista.

Primero, la incapacidad de calificar como terroristas a lo que a todas luces son actos violentos destinados a producir temor en la población. Sistemáticamente, la infraestructura productiva de la región, las casas y predios, así como los camiones, son víctimas de atentados incendiarios, cuya finalidad no es otra que infundir en las personas el temor a la muerte y a la pérdida de sus bienes más preciados (el hogar y sus medios laborales). Es evidente que el Gobierno no se atreve a tildar de terroristas estos actos porque prefiere bajarle el perfil a un conflicto que, de tener lugar en la capital, ya se le habría puesto fin con toda la fuerza de la ley.

Un segundo temor histórico del Gobierno tiene que ver con el rol de los camioneros. Al Gobierno socialista le cuesta ponerse del lado de las víctimas si estas son parte de un gremio que contribuyó decisivamente al desgaste y posterior caída del Presidente Salvador Allende. Incluso, cuando muchos de ellos se vieron forzados a traer sus camiones incendiados a La Moneda para que la Presidenta pudiera apreciar in situ el riesgo bajo el cual trabajan, algunos radicalizados salieran a las calles a apedrear y golpear a quienes se manifestaban en contra de la violencia en La Araucanía. Todo esto sin olvidar los numerosos intentos del Gobierno para impedir la entrada en Santiago de los camiones siniestrados, incluso utilizando a Carabineros para imposibilitar el acceso de los camiones a estaciones de bencina o a las carreteras.

El tercer temor que muestra el Gobierno es al uso legítimo de la fuerza. La solución en La Araucanía no es fácil, pero cualquier respuesta sensata al problema pasa por la aplicación del Estado de Derecho, esto es, de la legislación vigente en nuestro país. Esto no es difícil de aplicar, pero se requiere de decisión y valentía para hacerlo. La aplicación de la ley antiterrorista, la persecución penal de los violentistas, el decreto de estado de excepción, el envío de las Fuerzas Armadas y todos los mecanismos que la ley pone a disposición del gobernante para enfrentar el problema deben ser considerados.

Mario Fernández, el ministro del Interior, respondió a los camioneros que él “no trabajaba bajo presión”. Es fácil decirlo cuando se trabaja en el Palacio de Gobierno y no por las carreteras de La Araucanía, donde a los atentados violentos y a las víctimas inocentes debemos sumar la desidia del Gobierno. Hay que seguir esperando -aunque es bastante difícil que ocurra- que la actual administración sepa vencer sus temores. Por mientras, La Araucanía y todo el país tendrán que esperar, como en tantos otros problemas, a que se produzca en marzo próximo un cambio de Gobierno.

 

Julio Isamit, coordinador general de Republicanos

 

 

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