Hoy día el 8% asiste a particulares pagados, equivalente a la población blanca de Sudáfrica. El 92% restante, equivalente a la población negra de ese país, no podrá hacerlo. Apartheid perfecto.
Publicado el 02.10.2014
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La Presidenta Bachelet presentó su proyecto de Presupuesto 2015 que aumenta el gasto fiscal en  9,8%. En el discurso se destaca el aumento de recursos en Educación, pero en la práctica estos crecen 10,2%, es decir prácticamente lo mismo que el resto del gasto. No hay prioridad de gasto en educación, hay prioridad en aumentar el tamaño del Estado, pues frente a este crecimiento del gasto fiscal la economía crecerá cerca de 3% dice el consenso, 3,6% dice el Gobierno.

Y por mientras, la reforma educacional avanza. Con algunos distractores, como indicaciones que contrariando expresamente lo que había dicho el Gobierno en el sentido que la reforma no afectaría a los colegios particulares pagados, prohíben a estos últimos expulsar alumnos por motivos académicos y seleccionar a los postulantes en el primer ciclo de primero a sexto básico.

Distractores, porque con ello ponen a la derecha a defender los colegios particulares pagados, volviendo a la cancha de ricos y pobres que tanto les acomoda. Distractores, porque probablemente esas indicaciones no prosperarán una vez concluido el trámite de la reforma.

Entretanto, los sectores más radicales de la Nueva Mayoría siguen corriendo la cerca.

Se aprueba en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados una indicación para penar con cárcel a quienes lucren con la educación. Delirante.

Se prohíbe que las ATE, que asesoran a los colegios para utilizar mejor la subvención preferencial que favorece a los más vulnerables, tengan fines de lucro. Inexplicable.

Y al mismo tiempo se rechazan las indicaciones que pretenden dar igualdad de condiciones a los colegios particulares subvencionados, como aquella que señalaba que “la equidad incluye el derecho de todos los alumnos a acceder a las mismas subvenciones o aportes del Estado, sin distinción del establecimiento en que estudien”, revelando así que pretenden financiamiento diferenciado para los alumnos según la dependencia de sus colegios; o la que impedía “cualquier injerencia política o gubernamental” en los proyectos educativos.

La Comisión de Educación de la Cámara trabaja contra el tiempo, dado que el ministro Eyzaguirre quiere terminar esta semana la discusión en esa instancia.

El Gobierno presentó indicaciones para modificar algunos de los aspectos más cuestionados de los proyectos iniciales, aparentando así una disposición a llegar a acuerdos. Así, en relación a la compra de colegios, se abre la alternativa de arriendo regulado, aunque sólo para los que no tengan fines de lucro; respecto al fin al financiamiento compartido, se amplían los plazos para ponerlo en práctica; y en cuanto a la selección, se modifica, en la forma, el mecanismo para la admisión de los alumnos a los distintos colegios.

Sin embargo, la mayoría de estos cambios son cosméticos. El corazón del proyecto se mantiene: 1) prohibir el lucro, donde estamos llegando al paroxismo y yendo mucho más allá del original; 2) fin al financiamiento compartido y 3) fin a la selección de alumnos, donde en lugar de un proceso centralizado a través de una tómbola en el Ministerio de Educación se realiza físicamente el proceso en los colegios, pero bajo reglas fijadas por el Ministerio.

En síntesis, como lo dijo el presidente de los colegios particulares subvencionados, se inició el proceso de destrucción de la educación particular subvencionada. En una encuesta realizada a sostenedores, el 92% dice que no podría funcionar bajo las condiciones que establece el proyecto. De ellos, el 79% tendría que cerrar y el 21% transformarse en particular pagado.

La segmentación que hoy día existe en la educación escolar chilena, que los socialistas denominan segregación, terminará. Ya no habrá la posibilidad de pagar $15.000 mensuales para mejorar la calidad de la educación de los hijos por sobre el aporte del Estado en forma de subvención, ni $30.000, ni $50.000, ni $ 70.000. O se pagan $250.000 o más, o no se paga nada.

Hoy día el 8% asiste a particulares pagados, equivalente a la población blanca de Sudáfrica. El 92% restante, equivalente a la población negra de ese país, no podrá hacerlo. Apartheid perfecto. 

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

FOTO:FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

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