La Presidenta de la República hizo anuncio en cadena nacional de una batería de medidas recogidas del informe del Consejo Asesor contra los conflictos de interés, sin embargo, también excedió el catálogo de sugerencias de éste, indicando que todo este conjunto de reformas desencadenará en un proceso constituyente. Paradójico, por cuanto nadie propende a crear sofisticados marcos institucionales, para luego ponerlos entre paréntesis en un proceso constituyente, que no es otro que la potencial redefinición de toda aquella institucionalidad.
Pero más allá del juicio político respecto de la pertinencia o no de una nueva constitución, las medidas planteadas por la Presidenta y contenidas en el Informe Engel poseen luces y sombras.
En primer lugar, al eliminarse el aporte de personas jurídicas a la actividad política, los aportes reservados, pero también lo aportes anónimos para montos pequeños de hasta 20 UF, es decir, prácticamente la totalidad del financiamiento de la actividad política será estatal, en la medida que está comprobado que la disposición a donar del aportante disminuye significativamente bajo reglas de total publicidad de su identidad. Lo anterior, desbalancea la fórmula mixta de financiamiento que el propio Consejo Asesor asegura promover. En la misma línea, se extraña tanto en el informe como en los anuncios de la Presidenta un conjunto de medidas pro competencia más avezadas que permitieran equilibrar las condiciones entre los candidatos incumbentes –quienes buscan la relección- y sus desafiantes.
Luego, en otros ámbitos emergen propuestas de tono maximalista, como son la prevención de corrupción en la planificación territorial con disposiciones específicas en materia de plusvalía en caso de cambio de uso de suelo y la intensificación de la regulación en materia de mercados y gobiernos corporativos. Sin desconocer perfeccionamientos plausibles en aquellos ámbitos, el móvil de este tipo de disposiciones parece ser más bien el oportunismo político que abre el escenario actual.
En cuanto a las luces de la propuesta, destaca el hecho de que se introduzca el sistema de Alta Dirección Pública en el mundo municipal, cuestión que permitirá mayor profesionalización de los gobiernos locales, como también el hecho que se limite la contratación de personal a honorario en época electoral, disposición que cierra la puerta a su instrumentalización política.
Por otra parte, hay un notable esfuerzo por elevar los estándares de exigencia en materia de declaración de patrimonio e intereses de funcionarios públicos y personas relacionadas. Finalmente, una piedra angular de la propuesta pasa por dotar de mayores atribuciones y capacidades institucionales al Servicio Electoral, cuestión crucial dado los desafíos de esta nueva agenda democrática.
De este modo, con un balance general tanto de sus aspectos positivos como negativos, en honor a la luces de la propuesta, sólo queda esperar, desde el punto de vista político, que anuncios del tipo nueva constitución no hagan sombra de una agenda necesaria y pertinente desviándonos de un tema prioritario para la salud de nuestro sistema político como es el de la transparencia y la probidad.
Jorge Ramírez, coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo
FOTO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA