La ansiedad de las autoridades por echar toda la culpa a las empresas, que al principio encontró gran eco en la prensa, delataba algo más que la típica reacción de los políticos de encontrar a alguien, distinto a ellos, a quien responsabilizar cuando las cosas andan mal.
Publicado el 21.04.2016
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El desborde del río Mapocho a la altura del Puente Lo Saldes, además de causar una serie de daños especialmente a pequeños empresarios y comerciantes, mostró nuestra fragilidad para enfrentar este tipo de situaciones y también reveló el concepto de autoridad y gobierno que tiene la administración de Michelle Bachelet.

Parece evidente a estas alturas que las obras realizadas por la constructora Sacyr para la empresa Costanera Norte interfirieron el curso del río de forma tal que terminaron por causar la inundación de la Avenida Andrés Bello, originando daños a la propiedad pública y privada. Las obras contemplaban un túnel de desvío de las aguas del río, que es habitual cuando se trabaja en este tipo de cauces. El Ministerio de Obras Públicas autorizó la propuesta de la constructora de desviar el río entre el mes de octubre de 2015 y el 1 de mayo de 2016, considerando los factores climáticos. En efecto, tomando en cuenta la hidrología de los últimos 30 años pareció a los técnicos de la constructora y el MOP que era adecuada la construcción de un túnel para un caudal de 80 metros cúbicos por segundo, que al desviar el río de su curso permitía realizar importantes obras de infraestructura que completarían el nudo vial que reemplazaría a la Rotonda Pérez Zujovic.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo el Mapocho, pareciendo dar razón a aquellos que le atribuyen a los ríos no sólo la fuerza de la naturaleza sino una suerte de voluntad propia de los seres vivos, menos de 15 días antes del término de la autorización tuvo una crecida que superó todas las previsiones, alcanzando un caudal de 120 metros cúbicos por segundo al desbordar el túnel a eso de las seis de la mañana de la madrugada del domingo 17 de abril.

¿Quién tiene responsabilidad o culpa en esta situación? Convengamos primero en que no son lo mismo. La empresa mandante, Costanera Norte, y su constructora, Sacyr, fueron señaladas inmediatamente por el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación como los culpables sin hacer distinción de ningún tipo.

Pero la ansiedad de las autoridades, el intendente primero y el ministro de Obras Públicas después, por echar toda la culpa a las empresas, que al principio encontró gran eco en la prensa, delataba algo más que la típica reacción de los políticos de encontrar a alguien, distinto a ellos, a quien responsabilizar cuando las cosas andan mal.

En el caso del ministro de Obras Públicas, la información de la empresa fue develando que las cuestionadas obras fueron autorizadas por el MOP, que, además, como es habitual en este tipo de proyectos tenía un inspector fiscal dedicado especialmente a él. ¿Puede entonces el MOP deslindar toda responsabilidad por obras que autorizó y fiscalizó? ¿Puede afirmarse que las empresas Costanera Norte y Sacyr son las únicas responsables?

En su ansiedad culposa, el ministro Undurraga agregó antecedentes que no ayudan a su causa. Hizo circular un oficio del inspector fiscal al gerente de Costanera Norte, recibido el 12 de abril, en que le hacía ver que se había detectado presencia de acopio de materiales pétreos y movimientos de tierra adyacentes a la vía concesionada que eventualmente podrían causar riesgo de obstrucción de alcantarillas, sumideros de la vía troncal o generar zonas resbaladizas. Se intentó, con complicidad de prensa poco rigurosa, hacer aparecer este oficio como una prueba de que el MOP había advertido a la empresa del riesgo de inundación que finalmente ocurrió.

Esto es manifiestamente falso. Los riesgos mencionados en ese oficio no tienen relación alguna con la causa del desborde, que fue el colapso del túnel de desvío diseñado para 80 metros cúbicos por segundo que el MOP aprobó y hasta donde sabemos, el sumario tendrá que decirlo, jamás cuestionó ante la información sobre abundantes precipitaciones. Es preocupante que se confunda a la opinión pública entregando ese tipo de antecedentes.

Las otras explicaciones que agregó el ministro, como que el Intendente había visitado las obras y advertido a la empresa, o que él mismo había mandado un whatsApp, no parecen dar cuenta de la diligencia debida del MOP en la fiscalización de estas obras.

Si las empresas fueron, además de responsables de lo ocurrido, también culpables, es algo que tendrá que determinarse en las instancias pertinentes, pues hay terceros perjudicados que deben ser indemnizados. El gobierno de la Presidenta Bachelet, entretanto, tendrá que dar una respuesta más consistente acerca de eventuales responsabilidades públicas en estos hechos.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

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