Si se van a utilizar como pretexto las detestables acciones de organismos como la Dina o la CNI en el pasado para no fortalecer el servicio de inteligencia, es mejor que sea disuelta la ANI, puesto que hoy no cumple a cabalidad las funciones para las que fue concebida.
Publicado el 29.01.2017
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El 1 de octubre de 1992, tras el asesinato de un carabinero, el entonces ministro del Interior, Enrique Krauss, utilizando una particular analogía histórica, declaró: “El llamado Movimiento Juvenil Lautaro tendrá que cambiar pronto de nombre, porque le vamos a cortar las manos… Y se tendrá que llamar Galvarino”.

La frase citada apareció en un contexto donde las dos policías buscaban desarticular a los grupos terroristas que operaban en plena Transición. Su labor no hubiese sido posible de no contar con la ayuda del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, “La Oficina”, organismo creado en 1991 después del asesinato de Jaime Guzmán (UDI) y que no contaba con atribuciones legales para operar, aunque lo hizo con notable efectividad (en cuatro años desbarató a las tres agrupaciones guerrilleras). Estas facultades tampoco las encontramos en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que a diferencia de la anterior se ha sometido estrictamente a la normativa vigente, pero con pobres resultados.

Entre 1990 y 1995 se dieron una serie de sucesos que ameritaron la conformación de este organismo de inteligencia, cuyo principal foco era proteger la democracia, amenazada y vulnerada por los grupos subversivos: MAPU-Lautaro, MIR y FPMR-Autónomo. Es cierto que en la actualidad los tres se encuentran desarticulados, lo que ha dado pie para que algunos argumenten que hoy no se requiere un órgano para tales fines. Pero los hechos nos muestran que sí hay un tema pendiente a resolver por el Estado.

El reciente atentado en contra del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, da cuenta nuevamente que se debe perfeccionar el organismo de inteligencia para prevenir futuros eventos de similar envergadura. Desde 2010 hemos visto investigaciones y procesos fallidos por parte de la justicia, al no contar con las herramientas investigativas suficientes para lograr los conocimientos de estos grupos organizados y obtener las pruebas para sancionarlos. El más memorable: “Caso Bombas”.

Durante 2014, el entonces titular de Interior, Rodrigo Peñailillo, expresó: “Vamos a enviar un proyecto de ley que va a fortalecer la ANI. En la práctica, va a ser una nueva agencia con dos objetivos: fortalecer su capacidad de recursos humanos y financieros, que tenga cobertura nacional con personal especializado (…) Es muy importante que la ANI tenga atribuciones esenciales operativas y el tema de los agentes encubiertos va a estar en el proyecto de ley”, siendo solicitada con sumar urgencia por parte de la presidenta Michelle Bachellet.

También se ingresó un proyecto encabezado por el diputado Juan Antonio Coloma, el cual modificaba la Ley 19.974 para que el director nacional de Inteligencia informase a lo menos una vez al año “el estado de la gestión de las atribuciones por ley establecidas (…) con la finalidad de analizar las políticas en materia de seguridad e inteligencia adoptadas por la ANI”. Ambos proyectos quedaron ahí. El primero ni siquiera fue despachado al Congreso y el segundo sigue en estado de tramite. En este Gobierno hubo dos cambios de ministro del Interior y Seguridad Pública y la ANI no volvió a ser tema. Un dato a considerar es que uno de ellos, Jorge Burgos, fue vicepresidente de “La Oficina”.

No es menester que el Estado regrese a la DINA, la CNI o la misma “Oficina”. Nadie en su sano juicio podría pretender que vuelvan organismos de represión, persecución, asesinato y tortura política. No obstante, si se van a utilizar como pretexto las detestables instituciones citadas para no fortalecer el servicio de inteligencia, mejor que sea disuelta la ANI, puesto que hoy no cumple a cabalidad las funciones para las que fue concebida.

Considerando que un país libre y democrático debe contar con todos los instrumentos necesarios y autorizados por el marco legal, para mantener el orden y seguridad en la ciudadanía, esperemos que el ministro del Interior, Mario Fernández, garantice la misma tranquilidad y protección que nos entregó durante la primera década de los 90 con el organismo que él mismo presidió hasta su disolución, es decir, “La Oficina”. Por ende, es pertinente exigirle que dé mayores atribuciones a la ANI, facultándola a realizar operaciones de infiltración, seguimiento, vigilancia y coordinación con las dos policías.

 

Carlos Ide Inzunza, licenciado de Periodismo y Comunicación Social UDP

@Cuadradoleganz

 

FOTO: FRANCISCO.CASTILLO D./AGENCIAUNO