Mucho se ha dicho sobre los posibles culpables de la actual catástrofe incendiaria. La falta de evidencia clara no detuvo a quienes acusaron desde el primer momento a los mapuches o al empresariado, ambos en abstracto, sin mencionar que los primeros están más dedicados a sus asuntos privados que a la manifestación violenta de sus convicciones étnicas, o que los empresarios está más preocupados de la gestión de sus negocios que de conspirar contra el pueblo. Mi nula vinculación a ambos acusados me quita interés en defenderlos, pero me lleva a la siguiente reflexión.
Quizás sea esta creencia de que todo el mundo —desde los ciudadanos comunes a los más poderosos— se mueve por misiones, reivindicaciones, conquistas y reconquistas históricas la que nos hace tan bien preparados para difundir falacias y acusaciones ridículamente precipitadas, pero tan mal preparados para enfrentar una catástrofe que se repite año a año (la actual sólo es nueva en intensidad).
Lo que mejor ilustra esta cuestión es el Gobierno. Desde el inicio de su gestión se ha preocupado incansablemente de predicar la benevolencia de sus deliberaciones e imponer sus ideas, esquivando en todo momento la tarea básica de administrar el país. La pretensión del Gobierno de estar cumpliendo noblemente con una misión histórica, que pasa por reformar todo lo que produzca sombra, es en gran medida responsable de que el país esté tan mal como se puede ver en tantos ámbitos.
Pero no solo se trata de catástrofes naturales y malas reformas. ¿Tres años seguidos de bajo crecimiento? Sea cual sea la razón de las malas cifras, es tarea del Gobierno ejecutar un plan serio para recuperar el crecimiento que no se agote en promesas como “el año de la productividad” y otras verborreas por el estilo. En cambio, este Ejecutivo prefiere insistir en una reforma tributaria que de una vez por todas haga pagar a los “poderosos de siempre”, o en una reforma laboral que rescate el trasnochado sindicalismo de los años cincuenta. Otro ejemplo en materia económica es la deuda pública, que se ha duplicado en cinco años hasta superar el 20% del PIB. Pero al Gobierno no le importa, porque la Historia debe financiarse a como dé lugar.
¿Escándalo por muertes y maltratos en el Sename? ¿Estancamiento en resultados de la prueba PISA? No hay tiempo que perder, el mercado debe quedar fuera de la educación. ¿Problemas en el padrón electoral? Distracciones menores. ¿La delincuencia alcanzó un primer lugar en las demandas ciudadanas? La nueva Constitución ciudadana quizás lo solucione. ¿El Gobierno no cumplirá ni la mitad de sus promesas sobre hospitales públicos? Un mero accidente, al menos soñamos con desprivatizar la salud.
Y si el Gobierno no ha mostrado interés en los problemas mencionados, no debería sorprendernos que nunca esté listo para enfrentar desastres naturales a tiempo. Los terremotos, las inundaciones, los aludes, la marea roja en Chiloé, los incendios y –coming soon– las lluvias que anegarán Santiago como todos los años, jamás serán asuntos dignos de la energía de quienes creen estar mandatados para cambiar por siempre el rumbo de la patria.
¿Significa esto que los Gobiernos no deben pensar en el futuro del país? Desde luego que no. Se trata más bien de evitar la situación actual, en que las aspiraciones románticas de la Nueva Mayoría terminan por aplastar su capacidad de manejar en forma medianamente oportuna y competente las contingencias que, al menos a la ciudadanía, en verdad le urgen.
Carlos Eggers Prieto, militante de Movimiento Elegir
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO