Un proceso de esta envergadura significará una cesión de poderes desde el nivel central. Surge entonces la pregunta: ¿Quién estaría dispuesto a perder poder gratuitamente?
Publicado el 07.01.2015
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Hace unos días el Ejecutivo envió una reforma para establecer la primera elección de intendentes para el país. A priori parece una excelente noticia, sobre todo considerando que acercaría las decisiones públicas a lo local, y así a la ciudadanía. Es más, no podemos dejar de recordar que de los países unitarios de América del Sur, Chile es el único que no escoge a sus máximas autoridades regionales, y en el mundo uno de los pocos, junto a Corea del Norte.

Pese a la buena noticia, y sin poder tener acceso todavía al proyecto en concreto, surgen al menos dos interrogantes relacionadas con la verdadera representatividad de la reforma.

En primer lugar, los partidos políticos del oficialismo parecen definitivamente haber ganado el debate respecto a cuándo serán las primeras elecciones. Si bien esto debiese ser definido por una Ley Orgánica Constitucional, el mensaje del proyecto enviado por la Presidenta deja en claro su idea de que sea aprobado con celeridad para tener elecciones el 2017, junto a las de autoridades nacionales. Esto, que a simple vista parece ser insignificante, puede en definitiva ser muy perjudicial para el empoderamiento de las regiones, pues lo lógico hubiese sido tener elecciones de intendentes el 2016, junto al resto de las autoridades locales. De esta forma se hubiese asegurado un debate puramente territorial, con las problemáticas y situaciones que afecten directamente a la ciudadanía, impidiendo así que proceso se vea completamente viciado respecto del candidato presidencial con el que el postulante a intendente salga en la foto.

La intención original del Ejecutivo -a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y del informe entregado por la Comisión Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional- iba precisamente en la dirección expuesta. Esto cambió drásticamente luego de la “preocupación” de los presidentes de algunos partidos, que entre otras cosas declararon que sería un error político celebrar las elecciones en 2016, pues recién estaban buscando candidatos a alcaldes y concejales. Esta situación obviamente produjo suspicacias en los sectores regionalistas, llegando a sostener incluso que las reacciones estaban enmarcadas en el temor lógico que significaba la aparición de una figura a nivel regional que podría remecer las candidaturas senatoriales para el año siguiente.

En un segundo lugar, así como está el proyecto, y con la nueva figura de un Gobernador Regional que vendría a reemplazar al actual intendente, no queda más que esperar el envío de una nueva ley de traspaso de competencias, que supuestamente iba a ser presentada durante este año por compromiso de la misma Presidenta. Sin tener claridad respecto a cuáles serán los servicios que desde ahora dependerán del gobierno regional, lo único que se logrará con una elección de intendentes sería elegir una figura más bien simbólica, que se verá en una constante frustración al intentar cumplir las expectativas de los ciudadanos. Esto de elegir autoridades sin atribuciones no es muy raro, y ha sido más bien la tónica de los intentos descentralizadores del país.

En conclusión, hay que celebrar este esfuerzo inédito por descentralizar efectivamente el país y desarrollar definitivamente sus territorios. Es importante también tener siempre en consideración que un proceso de esta envergadura significará una cesión de poderes desde el nivel central. Y es aquí donde surge la pregunta lógica: ¿Quién estaría dispuesto a perder poder gratuitamente? Por esta misma razón, debemos aspirar a tener una sociedad activa, y no dejar que el proceso se vea desvirtuado por decisiones que se alejen de la representatividad necesaria de todos nuestros territorios.

 

Pedro Fierro, Investigador Fundación P!ensa.

 

 

FOTO: HANS SCOTT /AGENCIAUNO