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Publicado el 01 de mayo, 2015

Agenda de Probidad: lo que se ve y lo que no se ve

No porque los objetivos declarados por la Presidenta apelen a intuiciones que parezcan justas o de sentido común, no van a tener efectos nocivos.
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La agenda de probidad de la Presidenta Bachelet anunciada recientemente me recordó aquel ensayo de Bastiat “Lo que se ve y lo que no se ve”. En este, tan viejo como nos puede parecer 1839, y hablándole a y respecto de los economistas, sostuvo que: “En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es sólo el más inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven; bastante es si los prevemos. Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es ésta: uno se limita al efecto visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever”.

El informe de la comisión Engel, dividido en cinco capítulos (prevención de la corrupción; regulación de conflictos de interés; financiamiento de la política; confianza en los mercados; e integridad, ética y derechos ciudadanos), contiene una batería de propuestas interesantes (en reforma al Estado, ampliación de la ADP, compras públicas, etc.) pero, como se podrá observar a continuación, hay que distinguir bien lo que se ve y lo que no se ve, especialmente en materia de financiamiento de la política.Veamos dos ejemplos.

Lo que se ve es la intención de preservar la integridad del proceso de decisiones públicas, especialmente en el Congreso Nacional, eliminando todo aporte de empresas a las campañas electorales y al funcionamiento regular de los partidos entre campañas. Se iguala así en el imaginario colectivo, corrupción o captura de los parlamentarios, al dinero “corporativo”. Lo que no se ve es que, primero, normativamente no es posible imputar a toda donación empresarial el puro interés de captura, ni siquiera bajo la tesis de ser una contribución simbólica para que después dicha empresa pueda ejercer lobby (teoría del financiamiento político como acceso). Segundo, como ha mostrado un reciente estudio del CEP, los aportes reservados –la gran vía de aporte empresarial– de las últimas campañas, han ido a parar tanto a incumbentes como desafiantes, lo que demuestra que hay mucho más que el interés de captura en juego (dado que la tasa de reelección de incumbentes es altísima), generando mayor competencia en las elecciones. Tercero, al minimizarse el aporte desde el sector privado –con donaciones muy restrictivas de personas naturales y totalmente transparentes–, la captura de la política desde el Estado no sólo viola nuestra larga tradición constitucional de partidos originados y promovidos desde la sociedad civil, sino que hace que la responsividad de los parlamentarios, la propia naturaleza de la representación, se vea resentida al romper todo vínculo entre la sociedad civil y la política. Finalmente, para qué decir el impacto en las libertades de expresión y asociación de nuestra comunidad política, o el que en caso alguno podrá cumplirse aquello que la comisión Engel demandó, emulando la práctica OCDE: un sistema de financiamiento político efectivamente mixto.

En segundo lugar, pensemos en el caso del fin de las donaciones reservadas y anónimas de personas naturales. Lo que se ve es el discurso de la transparencia total como valor absoluto. Lo que no se ve, primero, es que frente a una dividida comisión Engel en este tema, la Presidenta optó, una vez, por los maximalistas –el propio Engel estando en la posición contraria–. Segundo, tampoco se ve que, al igual como se terminó con el cohecho creando el voto en la urna secreta y no teniendo que mostrar el voto de manera pública frente a toda la ciudadanía –dado el potencial de represalias y extorsiones a las que se podría ver sometido–, el aporte reservado, bajo ciertas condiciones –existencia de múltiples donaciones–, simula el voto en urna secreta generando un círculo virtuoso en que hace “mentirosas” las ofertas de los donantes sobre apoyos específicos a los candidatos al ser imposible de verificar. Es cierto, cuando sólo se reciben en una campaña 3 o 4 donaciones, se hace verificable y, en esos casos, podría pensarse en, por default, como ha propuesto Salvador Valdés, hacerlas públicas, pero sólo en ese evento. En la práctica, se terminará inhibiendo también las donaciones pequeñas que se sostiene se quieren incentivar.

En fin, podríamos seguir dando ejemplos en tantas materias como regulación del lobby –ahí donde la comisión Engel propone evaluar la nueva legislación en dos años, la Presidenta propone cambiar radicalmente su sentido incorporando un registro de lobbystas–; o respecto de las draconianas inhabilidades propuestas en materia de candidaturas, por un lado, y un marco, groseramente estricto respecto de la llamada puerta giratoria, por el otro. Pero la cuestión de fondo es que en una serie de materias vinculadas a la relación del dinero y la política en que la Presidenta optó por la versión maximalista de entre las que están en disputa, es que no porque los objetivos declarados por la Presidenta o algunos miembros de la comisión apelen a intuiciones que parezcan justas o de sentido común, no vayan a tener efectos nocivos, lo que no se ve, en términos de la responsividad de las autoridades electas y los partidos con la ciudadanía, la competencia electoral, la participación de los ciudadanos en materia de donaciones políticas, entre otros.

 

José Francisco García, Abogado y Coordinador de Políticas Públicas Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

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