Una jubilación digna es un anhelo de muchos, pero sostener o exigirle al Estado que la garantice es un acto de voluntarismo e irresponsabilidad. ¿Cuándo entenderemos que los contribuyentes somos el Estado, y no los políticos de turno que lo administran?
Publicado el 27.07.2016
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La seguidilla de escándalos que han aparecido a propósito de las jubilaciones millonarias de ciertos funcionarios con conexiones demasiados cercanas a destacados políticos, más las declaraciones de un ministro de Estado diciendo que “el problema no son las pensiones de las FF.AA., sino que las AFP son malas”, han resucitado el tema de la jubilación digna y al coro de fanáticos del sistema de reparto.

La jubilación es un tema de política pública, tanto por la responsabilidad que conlleva proveer una pensión digna, como por las responsabilidades financieras que ello implica en un país cuya población envejece. Lamentablemente en la discusión comienzan a opinar políticos con libreto de campaña y agenda electoral. Para los que entienden de políticas públicas y el rol de las AFPs en el tema de las pensiones, las palabras del ministro José Antonio Gómez, al igual que las de muchas autoridades, políticos y analistas del tema denotan ignorancia o mala intención.

Ahorrar para la vejez es una responsabilidad individual, por más que quede consagrado como un derecho en la Constitución, pues al final de su vida laboral cualquier ser humano racional preferirá que la jubilación dependa de sus ahorros y no de las dádivas del Estado, salvo por supuesto, aquellos que les gusta parasitar en él. Por eso el Estado en su rol de ejecutor de políticas públicas obliga a quienes trabajan a desviar una parte de sus ingresos para ahorrarlos para la vejez. La discusión sobre quién administrará estos ahorros, sea el Estado y/o las AFPs, es secundaria cuando entendemos que la primera prioridad debe ser ahorrar para la vejez. Primer punto a tener en claro para los trabajadores, es que independiente de quién administre su patrimonio previsional, el fisco le retendrá una porción de su sueldo para la vejez.

La parte más sustancial de la discusión es quién debería administrar los recursos que el Estado nos obliga a ahorrar para la vejez. ¿Tiene que ser el Estado o una institución independiente de éste? Es aquí donde la reflexión y el análisis deben centrarse. Las AFPs, cuyo rol, único y exclusivo, es administrar los ahorros previsionales, poseen un historial de rentabilidad que pocos pueden ostentar, pues desde 1981 hasta la fecha el fondo C tiene una rentabilidad, según la Superintendencia de AFP (organismo fiscalizador y controlado por el Estado), de UF +7,9% anual. El Estado, por otra parte, no cuenta con ese historial, tampoco con la experiencia de administrar recursos financieros de terceros, y si se le juzga por su rol como administrador en otros ámbitos, la mediocridad de su rendimiento es elocuente, a la vez que preocupante.

Nadie niega que las pensiones que otorgan las AFPs son bajas. Sin embargo no se debe a que éstas hayan administrado mal ese patrimonio, sino más bien a que el trabajador no ahorró lo suficiente para su retiro. Por una parte, el trabajador vive hoy a lo menos 10 años más que hace tres décadas, cuando la esperanza de vida era de 70 años, y el porcentaje de sueldo que destina para la jubilación sigue siendo el mismo. Por la otra, muchos argumentarán que los sueldos son bajos y no alcanzaron para ahorrar, o trabajaron intermitentemente, lo que denominan las lagunas previsionales, y no pudieron ahorrar lo suficiente como para una jubilación digna. Pero nada de lo anterior es culpa o responsabilidad de las AFPs y probablemente se deba a la precariedad del mercado laboral u otras razones ajenas a la administración de recursos financieros de terceros.

Algunos podrán elogiar el sistema de jubilación de las FF.AA., pues es un hecho que la pensión es muchísimo más alta, la cotización más baja, se jubilan a los 50 años y luego de 24 años de servicio. Sin embargo, el subsidio anual por parte del Estado para la jubilación de las FF.AA., Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, que es un costo para los contribuyentes (todos los chilenos que pagamos impuestos), asciende a US$ 2.300 millones, esto es US$ 600 millones más de lo que el Estado destina al pilar solidario que se destina a los pensionados pobres. Para que no se confunda, el Estado destina más recursos fiscales a la jubilación de 170.000 uniformados retirados que a 1.300.000 pensionados pobres. ¿Por qué los políticos permiten que esto suceda? Cualquier respuesta que escoja desnuda una realidad incómoda sobre el rol del Estado como administrador en general y de recursos previsionales en particular.

¿Por qué entonces tanto interés en denostar a las AFPs y elogiar al Estado como administrador de ahorros previsionales? Todos sabemos que no son pocos, dentro de los que alaban el sistema de reparto, los que anhelan acceder a los fondos previsionales por el poder que ello otorgaría para promover el clientelismo político. El sistema de capitalización individual (AFP) impide que grupos de poder accedan a estos fondos y parasiten de él o distribuyan para su interés y beneficio el esfuerzo de otros. Las irregularidades en las jubilaciones de Gendarmería son sólo una muestra más del resultado de la simbiosis de grupos de interés y políticos incompetentes.

Una jubilación digna es un anhelo de muchos, pero sostener o exigirle al Estado que la garantice, como si la escasez de recursos fuera una entelequia liberal y quienes la financian no fueran otros que los contribuyentes, es un acto de voluntarismo e irresponsabilidad. ¿Cuándo entenderemos que los contribuyentes somos el Estado, y no los políticos de turno que lo administran? No me llama la atención que el movimiento “no más AFP” haya reunido 90.000 personas en Santiago en su marcha (salvo por la ausencia de violencia), pues la cifra es minúscula comparada con los más de un millón de personas que tiene una cuenta de ahorro voluntario en las AFP, cifra que se eleva a más de 1,4 millones si se consideran las otras alternativas.

Es cierto que el sistema de capitalización individual puede mejorarse, pero discutir sobre quién administra las pensiones no va a solucionar el problema de fondo, que no es otro que los chilenos vivimos más, por lo tanto necesitamos ahorrar más para la vejez mientras trabajamos, y/o postergar nuestra jubilación más allá de los 65 años en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres. Por supuesto que los políticos no quieren decirle que debe gastar menos y trabajar más tiempo, única forma de acumular más recursos para su pensión. Para ellos es más fácil echarle la culpa a las AFPs y engatusarlo con las bondades del sistema de reparto para captar su voto, y luego sus ahorros previsionales para practicar la oclocracia.

 

Manuel Bengolea, Estadístico PUC y MBA de Columbia, NY.

 

 

 

FOTO:YVO SALINAS/AGENCIAUNO