El Gobierno insiste en que lo ocurrido el año pasado en la Ley de Presupuesto fue un error que por esta vía se corrige. La verdad es que el incumplimiento de la ley era evidente y fue advertido en reiteradas oportunidades, por lo que más que hablar de error lo que corresponde es reconocer que el Gobierno no tenía ninguna intención de cumplir con el mandato legal en esta materia. Si hubo un error, fue pretender que la ley puede dejarse de cumplir sin asumir las consecuencias.
Publicado el 22.05.2017
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La semana pasada se dio a conocer un acuerdo al que habría llegado el Gobierno con la Universidad Católica de Chile para poner término a la demanda que ésta interpuso en contra del Estado como consecuencia de la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Dicho juicio, así como la particular forma como se le está poniendo término, ha tenido una alta cobertura mediática, considerando que su impacto excede el interés de las partes involucradas.

Recordemos que el AFI es el único instrumento de financiamiento público al que tienen acceso todas las instituciones de educación superior del sistema, en la medida que reciban a alguno de los 27.500 jóvenes de mayores puntajes en la PSU. Tiene defensores y detractores, pero nadie duda de su existencia en virtud de una ley que obliga al Estado a asignar todos los años recursos para su pago, la que no ha sido derogada. No obstante ello, en la última ley de presupuestos el Gobierno optó por no asignar recursos al AFI y, por esa vía, dejó sin cumplir la ley. Mientras las universidades del Estado y las regionales del CRUCh fueron compensadas con otros recursos, no corrieron la misma suerte el resto de las privadas y la Universidad Católica, lo que llevó a esta última a iniciar un juicio haciendo ver la ilegalidad cometida. En una columna de enero de este año llamada “La reforma a los tribunales” nos referíamos a esa situación con más detalle.

El acuerdo que pondrá fin al juicio pasa por el envío de un proyecto de ley para que las universidades puedan recibir una cantidad acotada de recursos conforme lo estipula la norma vigente, en la forma en que lo habrían hecho si la ley de presupuestos lo hubiese considerado oportunamente. Sobre el particular surgen varias reflexiones.

Primero, el Gobierno insiste en que lo ocurrido el año pasado en la Ley de Presupuesto fue un error que por esta vía se corrige. La verdad es que el incumplimiento de la ley era evidente y fue advertido en reiteradas oportunidades, por lo que más que hablar de error lo que corresponde es reconocer que el Gobierno no tenía ninguna intención de cumplir con el mandato legal en esta materia. Si hubo un error, fue pretender que la ley puede dejarse de cumplir sin asumir las consecuencias.

Segundo, la falta de conducción del Ejecutivo para llevar adelante la reforma a la educación superior que constituye uno de los ejes esenciales de su programa de gobierno se hace cada vez más evidente. La improvisación en esta materia es absoluta, cuestión que paradójicamente es positiva si consideramos que lo que se busca impulsar está lejos de ser lo que el país necesita para el mejor desarrollo de su sistema educacional. Mas grave habría sido un Gobierno eficiente en instalar malas reformas.

Tercero, la Universidad Católica demostró tener en esta oportunidad una mirada global del sistema educacional al iniciar un juicio cuyo objetivo era restablecer el Estado de derecho y promover un acuerdo que, aunque testimonial, va en beneficio de todas las instituciones sin distinción. Esa mirada amplia es la que se necesita y espera para enfrentar las amenazas a la autonomía universitaria y la diversidad de proyectos que derivan de iniciativas hoy en discusión.

Cuarto, queda claro que el Gobierno carece de esa mirada global que tanto se requiere para avanzar. El mal trato que ha dado a las instituciones que no pertenecen al Consejo de Rectores (y que agrupan al 50% de la matrícula) es evidente y se ha manifestado en la eliminación espuria que intentó hacer del AFI en la discusión presupuestaria. En ese sentido llama la atención, aunque no sorprende, la declaración pública que hizo sobre el acuerdo que comentamos, al señalar que “el Ejecutivo ratifica su compromiso con la calidad de la educación superior y reconoce en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y más en general en el conjunto de instituciones de educación superior que conforman el Consejo de Rectores, su aporte a la docencia de alta calidad, la investigación científica y al desarrollo de las artes y humanidades.” Para el Gobierno el sistema de educación superior no comprende a las instituciones privadas que tanto aporte han hecho al desarrollo del país y a la posibilidad de los jóvenes de acceder a mejores oportunidades.

Quinto, salvo el interés circunstancial por recibir recursos públicos y la posibilidad de mantenerse agrupados para obtenerlos, no hay nada más que aglutine a las universidades del Consejo de Rectores y, por ende, la necesidad de reformarlo o derechamente terminar con él es cada vez más evidente. El hecho de que las demás universidades del CRUCh negociaran una compensación al AFI por su cuenta y que no apoyaran a la Católica en el juicio que inició es una clara muestra de ello.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO