Los que critican solamente consideran legítimo manifestarse públicamente por las ideas que ellos comparten y que solo esos ideales serían expresión de un proceso intelectual libre, carente de presiones externas o de cualquier otro interés.
Publicado el 07.09.2016
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Han sido días intensos para la discusión sobre la legalización del aborto en Chile. El sábado, cien mil personas llegaron al Paseo Bulnes convocadas para una “Celebración por la vida” y el domingo miles de personas de la zona sur de la capital se reunieron en la Plaza de San Bernardo para rechazar una ley de aborto. El lunes, Mario Fernández, ministro del Interior, recibió más de 500 mil firmas en contra del proyecto del Gobierno por parte de representantes de distintas confesiones, y ayer martes la Comisión de Salud del Senado dio un nuevo paso en la tramitación de esta iniciativa.

El debate sobre el aborto responde a una de las cuestiones más complejas en la discusión pública contemporánea. Las consecuencias de leyes permisivas son hoy foco de atención en Europa y la opinión pública estadounidense se encuentra radicalmente dividida entre los pro–life y los pro–choice. Chile no se ha quedado fuera de esta discusión.

La semana pasada, en este mismo medio, expuse sobre los argumentos que durante dos años han repetido los parlamentarios oficialistas para sustentar la legalización del aborto, pero también sobre los argumentos que deliberadamente han omitido en esta discusión como la baja tasa de mortalidad materna que muestra nuestro país, la exigencia médica y jurídica existente en Chile de tratar a la mujer embarazada que sufra algún tipo de enfermedad, sobretodo si amenaza su vida, o el dato de que otros 60 países del mundo poseen una legislación similar a la nuestra.

Si así de pobre es la discusión que se da en el seno del Congreso Nacional, poco podemos esperar de otro tipo de instancias. Sin ir más lejos, las críticas más recurrentes a la posición pro–vida no son tanto argumentativas como prácticas. Creo que esto es importante de destacar porque es muestra del doble estándar existente en una discusión como ésta.

Vamos por parte.

Si los jóvenes se manifiestan por la vida -como lo han hecho en varias ocasiones-, inmediatamente muchos alegan que son menores de edad con escasa formación y experiencia. Cosa distinta es si los mismos jóvenes se manifiestan por la educación, por el cogobierno o por una nueva constitución. Sorprendentemente jóvenes de la misma edad pueden ser expertos en educación, en la administración de las instituciones universitarios o en la redacción de una nueva constitución, pero no lo serían para exigir el respeto a todos los Derechos Humanos, aun cuando el propio proyecto de ley regula la situación de niñas hasta los 14 años.

Del mismo modo, si miles de jóvenes se manifiestan por la vida en el centro de Santiago serían acarreados por otras personas, no sería igual cuando miles de estudiantes lo hacen por la educación. Esto no resiste mayor análisis: todas las personas tienen el legítimo derecho de manifestarse por las causas que crean correctas y, al mismo tiempo, significa desconocer que en muchos establecimientos son los propios profesores y paradocentes quienes instan a los alumnos a marchar, o bien son estudiantes de colegios vecinos quienes amenazan con tomarse otros establecimientos si sus propios alumnos no lo hacen.

En el fondo, los que critican solamente consideran legítimo manifestarse públicamente por las ideas que ellos comparten y que solo esos ideales serían expresión de un proceso intelectual libre, carente de presiones externas o de cualquier otro interés.

Ahora bien, si son adultos los que se manifiestan -como el caso de los miles de ciudadanos que se expresaron el sábado pasado- no basta que ellos concurran a expresar su opinión sobre un tema, sino que tienen que demostrar una legitimidad para hacerlo. Por ejemplo, algunos afirmaban que si los cien mil manifestantes en contra del aborto donaran mil pesos, podría ayudarse a instituciones en crisis como el SENAME. Sin duda esto es tan buena idea que podría extenderse a otras manifestaciones, por ejemplo, podría exigirse a los miles de manifestantes de “No + AFP” que colaboren mensualmente para mejorar las pensiones de los más pobres, o quizás a los estudiantes que piden una mejor educación se le exija realizar reforzamiento escolares en sectores vulnerables si es que quieren marchar por la Alameda. Solo así estaríamos midiendo con la misma vara.

Evidentemente aquellos que sostenemos posiciones pro vida tenemos que preocuparnos tanto de que los niños nazcan como de que tengan la mejor vida posible. Por eso es de justicia luchar por el derecho a la vida del que está por nacer, y también que después tengan una educación de calidad para toda la sociedad. Lo mismo cabe decir de mejorar nuestro sistema de salud o previsión social; promover una efectiva descentralización y sueldos justos para los trabajadores del país. No basta con jugarse por el primero de los derechos, el derecho a la vida, sino que es necesario trabajar por una vida digna y buena para todos.

Un buen resumen de las contradicciones que existen en la sociedad son las declaraciones que hizo hace algún tiempo Benito Baranda a La Tercera, donde afirmó que los que “marcharon por la vida frente a La Moneda deberían defenderla en todos sus ámbitos” y se preguntó frente a la muerte de una persona fuera de una clínica ¿dónde estaban los defensores de la vida?

Sin duda es una pregunta legítima. Es urgente hacerse cargo de las condiciones sociales que abandonan a un hombre fuera de un hospital, y no tenga la atención que corresponde. Pero al mismo tiempo sería conveniente destacar los esfuerzos de cientos de iniciativas pro vida que acompañan a las mujeres embarazadas de escasos recursos y que han sido abandonadas por sus familias; revisar la nómina de los impulsores de colegios en sectores vulnerables o la lista de los voluntarios (y donantes) de varias iniciativas sociales –incluso en las que participa el propio Baranda- donde podrá encontrar a muchos pro vida. Por último, para que el cuestionamiento de Benito Baranda sea honesto intelectualmente, requiere que exija en la misma medida que otros tantos miles de jóvenes, preocupados de la pobreza material de los chilenos, defiendan con fuerza el derecho de todos a nacer y crecer en un país más justo, más digno y más humano. En el fondo, que todas las posiciones legítimas sean tratadas con una misma vara. En lo que a nosotros respecta, seguiremos trabajando -como hemos intentado hacerlo hasta ahora- con la mayor decisión y coherencia, para que ningún niño sea abortado con el paragua de leyes injustas y para que todos puedan tener una vida mejor.

 

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

 

 

 

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL /AGENCIAUNO

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