Hace bien el Fiscal Nacional en sancionar los excesos de sus subordinados. Cualquier medida orientada a contener los poderes de investigación en su cauce legal debe celebrarse.
Publicado el 20.08.2016
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La decisión del Fiscal Nacional de remover a Emiliano Arias del caso Corpesca y abrir un sumario para determinar sus responsabilidades es una positiva señal de seriedad en el trabajo del Ministerio Público. Las declaraciones de Arias acerca de que en “en el proceso de la formación de la ley [de Pesca] hay corrupción”, están en el tono que varios colegas suyos han hecho tan propio y al que nos tienen malamente acostumbrados. La suerte de Arias parece estar indicando que las cosas van a cambiar, y para bien.

Los fiscales hace rato vienen pasando la raya de lo que es deseable en un funcionario público con una responsabilidad tan delicada como investigar la participación criminal de las personas. Emiliano Arias se comportó igual a como lo han hecho muchos antes que él. Pero esta vez el Fiscal Nacional reaccionó y es de esperar que la señal no pase desapercibida para los demás.

Es altamente incorrecto que un funcionario provisto de herramientas privilegiadas para investigar delitos se aproveche de ellos para convertirse en una fuente informativa para los medios de comunicación. Si la ley los autoriza para hacer lo que a un ciudadano común y corriente está prohibido, no es para que participen de los resultados de su trabajo al público a través de la prensa, sino para que los presenten ante el juez en el marco de un procedimiento legal. Nada tiene que ver la sanción aplicada al fiscal Arias con la libertad de prensa. Esta sigue intacta. No se ha limitado el trabajo de los periodistas, sino que se ha hecho exigible un mayor estándar de conducta a los fiscales.

La prudencia con que los fiscales deben administrar la información que obtienen de sus investigaciones es un resguardo básico del debido proceso. Es muy fácil que, con exabruptos como el de Emiliano Arias, los persecutores públicos alteren garantías tan frágiles como la presunción de inocencia, la imparcialidad del juez o el éxito mismo de la investigación. La ciudadanía tiene derecho a mantenerse informada de los avances del proceso en aquellos casos de alto interés público, pero no son los fiscales los llamados a satisfacer esta demanda.

La atracción de hacerse populares es fuerte para los funcionarios del Ministerio Público y los medios de comunicación son un camino rápido y fácil para lograrlo. Sin embargo, deben abstenerse de encauzar así sus deseos, porque los bienes que ponen en peligro son mucho más importantes que su fama personal: es la confianza en el sistema penal. Pero además, el mismo interesado puede verse perjudicado, si le sale el tiro por la culata. El de Emiliano Arias es un buen ejemplo.

Hace bien el Fiscal Nacional en sancionar los excesos de sus subordinados. Cualquier medida orientada a contener los poderes de investigación en su cauce legal debe celebrarse.

 

Luis Alejandro Silva, académico de la Universidad de los Andes. 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO